

Juicio político sin reformas: la receta perfecta para otra demanda internacional
El Congreso Nacional ha activado el juicio político contra el fiscal general sin reformar previamente esta figura para adecuarla a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Navas vs. Honduras y otras sentencias importantes.
Esto implica que el Congreso Nacional estaría violentando el artículo 15 de la Constitución, que establece que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio y abre la puerta a una nueva demanda y posible condena internacional.
Es previsible que el fiscal presentará una denuncia internacional con la posibilidad de que el Estado de Honduras vuelva a ser condenado y las indemnizaciones no las pagarán las personas diputadas que hoy abusan del juicio político, sino el pueblo hondureño con nuestros impuestos.
La narrativa oficial sostiene que el juicio político es para fortalecer la institucionalidad, pero usar esta figura sin adecuarla a los estándares interamericanos profundiza el deterioro institucional y apunta a la intención de capturar el Ministerio Público para colocar a un activista del co-gobierno.
Si realmente quisieran fortalecer la institucionalidad, lo primero que harían es cumplir con el artículo 15 constitucional y reformar la figura del juicio político conforme a la sentencia Gutiérrez Navas y otras decisiones de la Corte Interamericana para evitar una nueva demanda internacional contra el Estado.
No se trata de defender a una persona, sino a la institucionalidad. Lo que ayer vimos en el Congreso Nacional evidencia sin ninguna duda, que la agenda y los oscuros intereses partidistas se imponen a las obligaciones internacionales del Estado, a la Constitución y a los intereses del pueblo hondureño.
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