En rechazo a la recién aprobada Ley de Protección al Sector Agroindustrial, y exigiendo la no privatización de la estatal eléctrica, así como mayor apoyo a los sectores de salud y educación, campesinos y campesinas realizaron al menos tres tomas de carreteras en el país.
La denominada Alianza Campesina e Indígena de Honduras asegura que la ley aprobada por el Congreso Nacional amenaza con criminalizar la lucha campesina. Además, consideran que aprobar las reformas al sector energético lo único que busca es entregar el servicio a tres sociedades mercantiles que posteriormente conducirían a la privatización de la estatal eléctrica.
En la ciudad de El Progreso, Yoro, los campesinos y campesinas se tomaron desde muy temprano el puente de Quebrada Seca, en la salida hacia el municipio de Tela, sobre la carretera CA-13. Para los manifestantes, es peligroso que se criminalice la lucha por la tierra y que se llame terroristas a quienes únicamente exigen la justa distribución de la tierra.
“En este país todo está al revés, tratan como delincuentes a quienes están trabajando por llevar comida a las mesas de los hogares hondureños”, comentó uno de los campesinos que, pancarta en mano, se hizo presente en la movilización.
Otro de los labriegos aseguró, “sobre la Ley de Protección al Sector Agroindustrial le digo al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que, si él está promoviendo ese tipo de leyes, le preguntamos si alguna vez ha sembrado una mata de maíz, una mata de plátano. Si él ha sobrevivido trabajando el campo, está claro que no, porque sus padres tuvieron dinero para mandarlo a la universidad. Nosotros queremos desarrollar este país con lo que sabemos hacer que es trabajar la tierra”.
El campesino, proveniente de la zona sur de El Progreso, continuó: “Yo me atrevo a hablar por la clase más pobre de este país, y hago un llamado no únicamente a los políticos, sino a todo Honduras. Aquí estamos presentes y queremos que todo el mundo tome la causa campesina porque todos saldremos afectados con estas leyes. Somos claros, les advertimos que seguiremos adelante en nuestra lucha”, agregó.
La toma en la ciudad de El Progreso finalizó luego de un par de horas y ante la amenaza de desalojo por parte de elementos de la Policía Nacional, que llegaron de inmediato al punto de la protesta.
La acción se extendió hasta el municipio de Arizona, Atlántida, y al departamento de Colón, donde el sector campesino reclama tierras y asegura que no permitirá la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Además, sostiene que, al afectar a los más pobres de Honduras, se promueven legislaciones para privatizar servicios clave para el país.
Recurso contra Ley Agroindustrial
La semana anterior, varias organizaciones sociales, campesinas, indígenas, feministas y defensoras de derechos humanos presentaron un hábeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la protección de las comunidades frente a los posibles impactos de la denominada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
Las organizaciones aseguran que la normativa podría facilitar desalojos forzosos, incrementar la criminalización de quienes defienden la tierra y los bienes comunes, así como vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y territorios ancestrales.
“Mediante esta ley lo que quieren es legitimar los despojos y desalojos de los campesinos y personas que ocupan sus tierras; buscan tener legitimidad a través de una ley. Lo que quieren es asesinarnos”, expresó la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda.
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Para las organizaciones, la aprobación de esta y otras leyes por el Congreso Nacional representa una escalada de medidas represivas e inconstitucionales. La ley agroindustrial, minera y energética profundiza el despojo de los territorios y ha motivado una mayor articulación entre organizaciones sociales para enfrentar lo que califican como una estrategia corporativa impulsada desde el gobierno.
Para los sectores campesinos y populares, el recurso de hábeas corpus preventivo busca salvaguardar los derechos de las comunidades que podrían verse afectadas por la aplicación de la normativa. Además, advirtieron que continuarán desarrollando acciones de incidencia y movilización para exigir el respeto a los derechos territoriales y colectivos.
La Alianza Campesina e Indígena de Honduras anunció que en julio seguirán las acciones de protestas en las calles, cuando los diputados regresen de su receso, en demanda a derogar leyes que consideran nocivas a los intereses del campesinado.
