Las propuestas de reformas al Código Penal y al Procesal Penal, junto con otras normativas impulsadas desde el Congreso Nacional, generan incertidumbre y riesgo entre los sectores populares de Honduras, especialmente para el campesinado, que históricamente ha estado en conflicto alrededor de la tierra.
El Poder Legislativo anunció que esta semana materializaría la aprobación de la denominada Ley de Protección al Sector Agroindustrial, una normativa que blinda las tierras de privados y de grupos de poder, además de criminalizar cualquier acción de reivindicación en los territorios donde ha existido conflictividad histórica por el acceso a la tierra.
Desde diversos espacios aseguran estar en alerta por estas normativas promovidas por el cogobierno, que contemplan varios elementos, entre ellos, las reformas penales, la tipificación como grupos terroristas y, ahora, esta ley del sector agroindustrial que pone en riesgo las luchas sociales.
Para Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), lo que busca la Ley de Protección al Sector Agroindustrial es promover el despojo en contra de los grupos que han demandado su derecho a la tierra.
“Esta ley es en contra del pueblo hondureño, en contra de las organizaciones, en contra del derecho legítimo a poder exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Un apoyo y protección al sector agroindustrial que únicamente busca el despojo de las tierras en donde están varios grupos campesinos. Alertamos que esta ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial, que se encuentra en segundo debate y que podría ser aprobada esta semana, blinda las tierras de pocas familias, protege su traslado y prioriza los productos y derivados de esa producción sobre los derechos fundamentales de las comunidades que legítimamente buscan acceso a la tierra”, comenta Banegas.
Por su parte, Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, afirmó que esta ley no los detendrá en su lucha por el derecho a la tierra, aunque se usen leyes para criminalizar la lucha.
“Esta propuesta, sin duda, es un riesgo bastante fuerte para los que luchamos, porque sabemos que están hablando de penalización. Pero nosotros sabemos que siempre hemos venido siendo amenazados bajo un montón de leyes que han venido aprobando en el Congreso. Nosotros, siempre como sector campesino, como luchadores sociales, hemos dicho que no estamos a favor y nos vamos a seguir pronunciándonos, pues sabemos que esta ley está beneficiando a unas pocas familias de nuestro país, que es el poder económico”, dijo Cabrera.
Para Wendy Cruz, coordinadora de la Vía Campesina, la Ley de Protección al Sector Agroindustrial violenta las garantías establecidas en la Constitución de la República al limitar y penalizar la protesta. Además, se parcializa hacia el sector agroindustrial para proteger la propiedad privada y solo garantizar acceso a ellos, incluso con procesos expeditos administrativos y permisos de operación hacia estos grupos de poder económico, llevando al plano punitivo las luchas sociales territoriales y de reivindicación de tierra.
“Se está colocando nuevamente en mayor peligro la vida humana de muchos campesinos y campesinas. Sin duda, esa va a ser una ley anticonstitucional, porque es una ley que viola derechos humanos y específicamente el derecho a la tierra”, comenta Cruz, quien recuerda que los diputados tienen la obligación de legislar a favor de la ciudadanía y no únicamente en beneficio de los grupos de poder.
Las organizaciones alertan que esta ley establece que los funcionarios de seguridad, incluso el Ministerio Público, están obligados a actuar frente a acciones que restrinjan el tránsito y transgredan la propiedad de los agroindustriales, y que toda aquella autoridad administrativa o municipal no podrá tomar determinaciones en contra de los agroindustriales protegidos.
El campesinado está en alerta y tomará acciones legales y de protesta, pese a que estas serán perseguidas penalmente, como lo señala la ley que sería aprobada por el Congreso Nacional.
Este día, a través de un posicionamiento público, varias organizaciones públicas manifestaron su rechazo de manera contundente a la llamada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, una iniciativa que busca profundizar el despojo de los territorios, favorecer a las élites económicas y criminalizar a quienes defienden la tierra, el agua y los bienes comunes.
Desde los pueblos organizados denunciaron que esto se convierte en un nuevo intento de consolidar un modelo de violencia, impunidad y saqueo contra las comunidades.
“Denunciamos y rechazamos esta ley, principalmente porque legaliza un régimen de privilegios para los grandes agroindustriales; desconoce y anula los derechos históricos sobre la tierra y el territorio; debilita los controles ambientales y facilita la destrucción de los territorios; viola el derecho a la consulta previa, libre e informada; criminaliza la protesta social y convierte a las personas defensoras en enemigas del Estado; representa una continuidad y expansión del modelo impuesto por las ZEDEs; y crea un régimen de excepción permanente para la represión, la violencia y los asesinatos”, dice el comunicado.
Las organizaciones firmantes exigen de forma inmediata al Congreso Nacional que rechace la aprobación de la ley y demandan el respeto y el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en materia de consulta previa, libre e informada y de derechos humanos, así como el cese inmediato a la criminalización, persecución, violencia, asesinato y represión contra las personas y comunidades que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales.
