La etapa preliminar del proceso judicial por el asesinato del defensor Juan López ha concluido. El caso ahora avanza hacia la fase de juicio oral y público contra los tres presuntos autores materiales del crimen. En los próximos días, el juez deberá emitir una resolución para convocar oficialmente al juicio, una decisión que dependerá de si acoge o no los planteamientos presentados por las defensas.

En el proceso se han identificado dos líneas de defensa. La primera representa a Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz, acusados de facilitar la logística del crimen, incluyendo la motocicleta utilizada. Esta defensa ha rechazado los cargos de asesinato y asociación para delinquir.

La segunda defensa corresponde a Óscar Alexis Guardado, señalado como el autor material acusado de disparar contra la humanidad de Juan López. Aunque existe un reconocimiento tácito de su participación directa en el crimen, su defensa niega el delito de asociación ilícita y ha solicitado un procedimiento abreviado.

El juez tiene un plazo de tres días hábiles para emitir su resolución, es decir, hasta el 2 de septiembre. De confirmarse el juicio, se abrirá una nueva etapa en la búsqueda de justicia por el asesinato de Juan López, reconocido defensor de derechos humanos y del medio ambiente en el país.

La abogada que representa a la acusación privada, Kenia Oliva, explicó que el objetivo de la audiencia preliminar era que la defensa de Óscar Alexis Guardado respondiera formalmente a los cargos ampliados de asesinato y asociación para delinquir. Sin embargo, aunque la defensa se abstuvo de responder oficialmente, sí intervino para intentar desestimar el cargo de asociación ilícita, argumentando que el Ministerio Público no presentó fundamentos suficientes.

No obstante, según Oliva, ya existe un dictamen preliminar presentado en una audiencia anterior que respalda la existencia de una asociación criminal. “La nueva normativa penal no exige que la asociación sea permanente ni que exista una estructura formal. Puede ser transitoria y con el fin específico de cometer un delito, como en este caso”, sostuvo.

Desde las organizaciones que acompañan el proceso, se exige que el juez valore estos argumentos jurídicos y proceda con la apertura del juicio por los delitos imputados: asesinato y asociación para delinquir, ambos en calidad de autores materiales.

Oliva también informó que fueron convocados por el Ministerio Público a una reunión en la que se discutieron posibles avances en la línea de investigación relacionada con los autores intelectuales del crimen. Se acordó una próxima reunión para el 9 de septiembre, con el compromiso de intercambiar información y definir pasos concretos.

Sin embargo, persiste la preocupación por la falta de transparencia y de voluntad política. “Nos dan señales vagas, pero no hay intención real de presentar requerimientos fiscales contra los autores intelectuales, ni siquiera contra los intermediarios que contrataron a Oscar Guardado y a los demás acusados. A un año del asesinato de Juan, seguimos sin respuestas claras”, denunció. 

Lo más preocupante, afirma, es el ocultamiento de información. “Como representantes de la víctima, aún se nos niega el acceso a las diligencias. No sabemos qué han encontrado en los teléfonos incautados ni qué indicios podrían conducir a la estructura intelectual detrás del crimen. Esto demuestra una protección desde dentro del Ministerio Público”, señaló. 

Denuncias de dilación e impunidad

El sacerdote jesuita Ismael Moreno, “Padre Melo”, hizo un enérgico llamado al Fiscal General de la República, Johel Zelaya, para que no siga dilatando el proceso de investigación por el asesinato del defensor y Delegado de la Palabra de Dios Juan López, ocurrido en el marco de los conflictos por la imposición de proyectos extractivos en el país.

Durante su pronunciamiento, el Padre Melo exigió la presentación de requerimientos fiscales contra los autores intelectuales del crimen y denunció la corrupción que, según él, rodea la concesión minera otorgada a la empresa Inversiones Los Pinares–Ecotek, señalada como uno de los actores detrás del conflicto.

“No contribuya a atrasar la demanda de justicia que todos nosotros tenemos. Que no se enturbie el proceso. Necesitamos que se acelere, porque de esa manera rompemos con la impunidad y damos garantía a nuestros hermanos y hermanas que siguen la lucha de Juan López”, expresó.

El Padre Melo considera que, desde los movimientos sociales y organizaciones acompañantes del proceso, este juicio debe ser observado con atención no solo por su dimensión legal, sino también por su carga política. «Nos corresponde observar el juicio, pero lo más importante es mantener la presión sobre el Ministerio Público para que actúe también contra quienes financiaron y organizaron el plan criminal. Esto no solo se trata del asesinato de Juan López, sino también de las amenazas sistemáticas contra los miembros del comité y los defensores del ambiente en general», dijo el Padre Melo. 

Asimismo, recalcó tres demandas centrales en esta lucha: justicia integral para Juan López, que incluya el enjuiciamiento de los autores intelectuales del crimen; la protección efectiva para quienes defienden los territorios y los bienes comunes, lo cual implica la puesta en marcha del Decreto 18-2024; y el combate a la corrupción vinculada a la concesión minera de Inversiones Los Pinares–Ecotek, que también involucra al actual alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez.

Por su parte, Juana Zúñiga, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, calificó como indignante el hecho de haber viajado nueve horas desde Tocoa hasta San Pedro Sula para presenciar una audiencia que apenas duró cinco minutos.

“La defensa de Oscar Alexis Guardado pudo haber presentado ese argumento el pasado 21 de agosto, cuando se suspendió la audiencia. Esto solo demuestra una estrategia para desgastar”, denunció Zúñiga.

La defensora considera que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público están jugando a cansar a las víctimas y a las organizaciones acompañantes, con el fin de disminuir la presión y desmovilizar la exigencia de justicia contra los autores intelectuales del crimen de Juan López. 

Adilia Castro expresó que la indignación colectiva ha permitido que más personas y comunidades se sumen a la causa por justicia para Juan López. Reconoció que existe desgaste en el proceso, pero afirmó que no han perdido ni la alegría ni la esperanza.

La jornada en el marco de la audiencia preliminar estuvo marcada por cantos populares, consignas y mantas con el rostro de Juan y el clamor por justicia.

Castro considera que Juan López sigue uniendo a las comunidades, porque su legado deja claro que solo con justicia se puede garantizar la vida de quienes, como él, defienden la casa común.

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