El gobierno de la presidenta Xiomara Castro debe investigar urgentemente el asesinato del defensor ambiental Juan López y otros casos similares, además de fortalecer los mecanismos de protección para enviar un mensaje claro de no repetición de estos hechos, afirma Human Rights Watch (HRW), organización dedicada a la investigación y defensa de los derechos humanos.
En una reciente entrevista con Radio Progreso, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, subrayó que Honduras enfrenta una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica, con 38 muertes por cada 100,000 habitantes, a pesar de la reducción en años recientes.
“Nos preocupa que, además de la elevada tasa de homicidios, el 87 por ciento de estos crímenes permanezca impune, ya que no existen mecanismos efectivos para evitar la repetición de estos hechos. Los responsables no son castigados”, concluyó Goebertus.
La impunidad es consecuencia de la falta de capacidad para investigar, juzgar y sancionar al crimen organizado, responsable de estos homicidios, especialmente los dirigidos a defensores. “En Honduras, solo hay 3 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando la media debería ser de 75, lo que contribuye al aumento de asesinatos y a la impunidad generalizada”, afirmó la abogada y politóloga colombiana.
La remilitarización de la sociedad hondureña, a pesar de las promesas de la actual presidenta de eliminarla, es otro elemento preocupante, según HRW. El estado de excepción como política de seguridad fomenta dinámicas que benefician a la corrupción y al crimen organizado. “Con este gobierno se abrió una pequeña ventana de oportunidad, y el mundo de los derechos humanos creía que se podrían establecer políticas de defensa y promoción de derechos. Sin embargo, lamentablemente, las respuestas han sido réplicas de administraciones anteriores, donde se limitan derechos y no se mejora la situación de inseguridad”, dijo Juanita.
HRW documentó el asesinato de 18 defensores en 2023, así como 236 amenazas dirigidas a quienes protegen los bienes naturales y territorios. “Estos datos evidencian que, aunque el régimen de excepción genera un discurso, en la práctica la inseguridad y la violencia permanecen intactas, especialmente para los líderes ambientalistas. El caso de Juan López denuncia la complicidad de autoridades con la corrupción y los vínculos con el crimen organizado”, afirmó.
Para Juanita Goebertus, Honduras sufre una falta de confianza en la institucionalidad pública, particularmente en el sistema de justicia. La independencia judicial ha sido una demanda constante, pero poco se logró con la elección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “No se ha logrado un avance significativo en el proceso de confianza a la institucionalidad”, indicó.
Ante esta situación, el actual gobierno enfrenta el reto de avanzar en la investigación del asesinato de Juan López. “Es prioritario avanzar en la investigación, ya que el tiempo transcurrido puede llevar a la manipulación de evidencias y al ocultamiento de la verdad. Este terrible asesinato representa una oportunidad para desplegar la capacidad técnica y judicial”, subrayó.
Para HRW, es fundamental que el caso de Juan López permita perseguir de manera efectiva las redes involucradas en el crimen. Esto implica una investigación que contemple el crimen organizado, no solo enfocándose en el autor material, sino también en quienes están detrás del asesinato, así como las redes y organizaciones que operan en el país. “Es crucial esclarecer el crimen, pero también desmantelar la estructura”, enfatizó.
“Es el momento de dirigir una investigación que recupere la confianza de la ciudadanía en una institucionalidad que ha estado deslegitimada durante décadas”, concluyó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
