El caso de Koriun Inversiones en Choloma, Cortés, sacudió a más de 34000 personas afectadas que confiaron en este esquema como una alternativa para mejorar sus ingresos, pero que terminó siendo una estafa.
El caso se origina a partir de un informe de la unidad de inteligencia financiera de la Comisión Nacional de Bancas y seguros que alertó sobre la captación irregular de dinero por parte de esta empresa, pero hacía ya más de 6 años que Koriun estaba en estas actividades. Las investigaciones establecieron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad más o menos equivalente al 20% mensual, asegurando que recuperarían su inversión.
Sin embargo, Koriun no contaba con autorización de la Comisión Nacional de Bancas y seguros, ni estaba inscrita en el registro de actividades no profesionales designadas sobre ese tema.
En nuestro espacio de análisis de Directo al Grano en Radio Progreso, abordamos la temática profundizar en las responsabilidades junto el analista y activista social Leonardo Pineda. Aquí compartimos la entrevista.
Karen Paredes (KP): ¿Qué le qué le deja este caso de Koriun sobre el estado de la institucionalidad en Honduras?
Leonado Pineda (LP): Bueno, eso creo que es lo más llamativo, lo más preocupante. Cómo un caso que no era reciente, y ya hace algún tiempo se había determinado que había algún problema de tipo financiero, de un delito financiero en esta empresa, no se había reportado a la Comisión de Banca y Seguro, no se había reportado a la Fiscalía, sin embargo, dejaron que este problema creciera. Y esto obviamente revela que los controles para ese tipo de cosas no existen realmente y por si eso fuera poco, también los delitos relacionados con la captación ilegal de recursos fueron eliminados en 2021 en lo que nosotros denominamos el Código Penal de la Impunidad, o sea, hablando de institucionalidad, creo que la institucionalidad de Honduras ha dejado mucho que desear, tanto la Comisión de Banca y Seguro por los controles, tanto la Fiscalía, por la manera en que manejaron esto y en los otros entes del Estado.
KP: ¿Estamos frente a una crisis de confianza institucional que abre paso a este tipo de fenómenos?
LP: Sí, mire que ese es otro fenómeno interesante. La gente todavía sigue creyendo que, si Koriun no hubiera sido intervenida por el Ministerio público, esa sería una empresa rentable para todos y confían más en el dueño de Koriun que en la misma Fiscalía o en la misma Comisión de Banca y Seguros. De hecho, defendieron y siguen defendiendo al señor Iván Velázquez.
Usted entra a las redes sociales y ve a los mal llamados inversionistas de esta empresa defendiéndolo, y diciendo que realmente la culpa de la quiebra de la empresa no es de Iván Velázquez, ni que sea un esquema Ponzi, sino que fue por la intervención del Estado que esta empresa cerró. O sea, hay mucha más confianza en esta empresa ilegal a todas luces que en la misma institucionalidad del Estado. Obviamente hay una desconfianza terrible y sin precedentes, diría yo, es una desconfianza que desgasta, un desconcierto de la gente hacia la institucionalidad pública.
KP: ¿Y esto es una falla sistémica por vacíos legales en la institucionalidad o realmente es por negligencia de quienes están a cargo de las instituciones que deben dar garantía?
LP: Creo que esto es una falla sistémica, no solamente en el tema financiero, y en el tema legal, sino también una falla sistémica en producir fuentes confiables de generación de ingresos. Lo han hecho en Choloma, una ciudad altamente golpeada por la pobreza, a pesar de que hay bastantes maquilas, a pesar de que hay fuentes de empleo, supuestamente, en las maquilas, pero que no cumplen realmente con el deseo de la gente de poder alcanzar un estatus de vida diferente. No cumple con los anhelos de la población de poder vivir decentemente. Entonces, lleva a mucha gente a cometer estos errores.
El primer problema, es la falta de oportunidades que ofrece el sistema para tener una movilidad social, y lo segundo, esas fallas, obviamente el sistema tanto en la parte financiera como en la parte legal.
KP: ¿Considera que el Ministerio Público ha actuado bien en este momento? ¿Qué no está funcionando en el Ministerio público o qué no funcionó en su momento?
LP: No, definitivamente creo que no han actuado con la con la debida diligencia. Mire el primer gran impacto que se ve en la en las en las noticias es la incautación de cerca de 350 millones de lempiras. Todos vimos cómo esta gente tenía guardado en caja y puesto sobre mesas ese montón de dinero en efectivo. En cualquier situación en el pasado, la encontraban con más de diez mil dólares en efectivo, el Ministerio público lo requería para que dijera de dónde había salido ese dinero. Ahora encontraron casi 350 millones de lempiras y se los devolvieron. Eso es algo inaudito. No pidieron justificación de este dinero y si la justificación era que ese era el capital de esta empresa, esta empresa no tenía permiso legal para recaudar fondos. Entonces los fondos tenían que haber sido retenidos como parte de una incautación y una investigación mayor. Sin embargo, se le devolvieron. Desde ahí hay un gran problema ahora.
Luego se le tipifica el lavado de activos, y habría que ver por qué, no sé si cabe dentro de la tipificación de lavado de activos. Lo que hay supuestamente son inversionistas, personas que, de buena fe, muchas de ellas invirtieron en esta empresa. Ciertamente no se sabe de dónde sacaron el dinero para invertir. Pero no sé qué repercusiones pueda tener esa tipificación de acusar de lavado de activos a esta persona.
KP: ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en generar condiciones que no obliguen a las personas a recurrir a estos mecanismos informales y poco seguros?
LP: El ser humano, pues siempre tiene ambiciones y a veces la ambición nos ciega un poco. Más que el Estado ahí es cuestión de la falta de prudencia de mucha gente. Porque se dijo muchas veces que esta empresa no era una empresa legalmente constituida. Hasta que la municipalidad de Choloma le entregó un permiso de operación. Antes de eso no tenía ningún permiso, solamente tenía la Constitución de comerciante individual.
El sistema financiero en Honduras es un sistema muy regulado. Aquí hay un sistema que se usa que realmente tiene muchísimos controles. Si usted va a un Banco comercial o a una financiera legalmente constituida y usted lleva más de 25 mil lempiras, a usted le van a preguntar de dónde lo sacó. Ahí el fallo más grande de parte del sistema financiero en Honduras es que esta persona tenía más de 60 millones en el sistema financiero, al menos eso le incautaron, y nunca hubo realmente una investigación profunda de dónde estaba saliendo ese dinero siendo un comerciante individual, obviamente sí se reportó, de hecho hay registros de que esto estaba reportado a la Comisión de Banca y Seguro. Pero la lentitud que hay en nuestro Gobierno, el tortuguismo que hay muchas veces en el accionar del Estado, repito, permitió que esto creciera más allá del control, y se saliera de las manos.
KP: ¿Y cómo se puede fortalecer esa superficialidad, esa supervisión financiera en un país con una institucionalidad débil, como ya lo platicábamos?
LP: La supervisión financiera a las entidades legalmente constituidas es muy estricta, pero este tipo de esquemas no están en esa regulación y es será una tarea ahora de los legisladores para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir, y estén totalmente penadas.
KP: Si bien es cierto, a corto plazo es lo que hemos visto, pero a mediano plazo, a largo plazo, ¿qué impacto puede tener en las familias afectadas?
LP: Obviamente la situación del hondureño en general, no solamente los inversionistas de Koriun, es muy complicada. Los que vivimos de un salario honrado realmente nos vemos complicados. En este país hay muchísima gente que vive con un dólar o menos diario.
Ahí hay un trabajo arduo de identificación de aquellas personas que en realidad perdieron sus prestaciones o vendieron su casita o empeñaron su casita para meter dinero por ahí. De repente hay que buscar alternativas a través de Sedesol, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo de Inversión Social y ver de qué manera apoyar a estas personas para que no pierdan sus bienes.
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