Mercy Ayala, Investigadora ERIC sj

 1) Lo que no dijo y sí dijo la presidenta: “…en relación al video del 2013…, condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos», afirmó contundentemente la presidenta, pero no dijo nombres o referencias particulares al respecto. Posiblemente fue muy ligero o limitado el planteamiento, para todo el revuelo de los últimos días y lo que esperaba la opinión pública. Aunque también hay que decirlo, fue una manera implícita de referirse a los videos que circulan donde se evidencia a Carlos Zelaya –cuñado y ex secretario del Congreso Nacional- dialogando sobre el financiamiento del narcotráfico para el Partido LIBRE que asciende supuestamente a 13 millones de lempiras para las elecciones del 2013. Siendo un acto de corrupción política de carteles que conectan con políticos para prebendas y negociaciones de puestos de gobierno, es decir corrupción pública y narco-política. Coincidiendo con la percepción ciudadana del 66% de la población que percibe mucha o alguna presencia del narcotráfico en el Estado hondureño, según el Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ.

2) Las deudas pendientes de la justicia hondureña: Se recordó que hay más de 30 casos de investigación abiertos en Tribunales de Estados Unidos que vinculan a una variedad de políticos del Partido Nacional y Liberal. Vivimos una crisis del sistema de partidos y regímenes políticos, pues el Estado históricamente ha respondido a las élites económicas nacionales y transnacionales, como lo fue hace más de 70 años cuando las Compañías Bananeras. Asimismo, la economía subterránea –narcotráfico- también ha estado financiando y siendo parte de estructuras partidarias, y estos casos documentados por Tribunales de EEUU lo evidencian, pero aún gozan de impunidad en Honduras.

La red de narcotráfico más allá de permear la institucionalidad es un engranaje en la maquinaria del sistema que se alimenta de la corrupción, pues si escarbamos en la sociedad hondureña y realizamos una radiografía, incluyendo el sistema financiero y comercial, seguro nos quedamos sin figuras “importantes” de la élite hondureña y conexión transnacional. Pues, no es cuestión de partidos políticos o individuos ejerciendo la política, sino de carteles que penetran en la política y trafican directamente con drogas y armas, como es el caso sentenciado del ex presidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos.

3) La presidenta demanda actuación de los operadores de justicia y del Congreso Nacional. “Le solicito a la Fiscalía General de la República ejercer drásticas acciones en todos los casos aquí presentados, sin ninguna selectividad para el combate a la narcoactividad”, expresó la presidenta Castro. ¿Realmente hay condiciones o tiene capacidad el Ministerio Público para la investigación y la Corte Suprema de Justicia para cumplir su papel histórico en esta coyuntura? Es una prueba de fuego, para superar la percepción ciudadana que, según el Sondeo de Opinión pública, el 72% de la población considera que la corrupción está mucho o algo presente en la Corte Suprema de Justicia y el 68% percibe que la corrupción está presente en mayor o menor grado en el Ministerio Público.

Recientemente, el Fiscal General Johel Zelaya ha manifestado “No voy a parar ninguna extradición” y también hizo alusión a los videos difundidos donde aparece el ex diputado Carlos Zelaya, destacando que pedirá oficialmente dichas evidencias y para ampliar investigaciones “cuantas veces tendrá que comparecer si es necesario”, expresó.

Asimismo, solicitó al Congreso Nacional “…reformar toda la normativa legal para que las fuerzas de seguridad nacional combatan con fuerza la criminalidad organizada”, es posible que esto sea fallido valorando que LIBRE es minoría, pero si se propone en el Congreso Nacional veremos la actuación de los diferentes partidos. Mientras que a la ministra de la Defensa le ordenó “proveer todas las herramientas y tecnologías que requiera las FFAA para impedir que Honduras sigue siendo utilizado como puente para el tráfico de la droga que consumen por toneladas en los países de destino”, afirmó la presidenta Castro.

Es un llamado interesante, valorando que históricamente los militares han garantizado dicho tránsito pues son quienes controlan las fronteras hondureñas, tanto aéreas, marítimas y terrestres. Siendo un actor bisagra, con poder de facto, que en crisis políticas operan para confabularse dando golpes de Estado; o, para defender la soberanía nacional y la Constitución de la República. ¿Cuál será el actuar de los militares?

Vale recordar que, las Fuerzas Armadas históricamente han sido un actor responsable de múltiples violaciones a derechos humanos y no gozan de la confianza ciudadana, más bien se les vincula con la corrupción, el 64% de la población considera que la corrupción está presente en dicha institución, según el Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ.

Pero, sobre todo el pueblo hondureño merece la investigación y judicialización de todos los políticos involucrados en el narcotráfico, que con sus actuaciones han hecho que la población desconfié de la institucionalidad y no le interese la política por sus vínculos de corrupción y criminalidad. 

4) La extradición, una herramienta de justicia internacional o instrumento de chantaje: La presidenta destacó el “compromiso político a favor de la extradición, pero no permitiré que se instrumentalice selectivamente el tratado vigente con EEUU para desarticular las FFAA, derrocar mi gobierno y destruir las elecciones”, lo que significaría inestabilidad política “…por fuerzas oscuras internas y externas”. Es decir, ratifica la importancia y vigencia de la extradición; pero no la manipulación selectiva con dicho instrumento. Porque según la narrativa de gobierno, sería una justicia selectiva de EEUU, es decir cuando convenga a sus intereses.

Lo anterior indica que, ¿EEUU chantajeó al gobierno con dicha medida para la aplicación de la extradición a sus allegados o partidarios o solo la divulgación de los videos? Y por eso la estrategia fue que las personas involucradas directa e indirectamente renunciasen y Carlos Zelaya se presentara al Ministerio Público, explicando que fueron reuniones para ofrecimiento de financiamiento; como lo evidencian los videos, aunque deja la puerta abierta de que no ha sido la única reunión o aporte, según los narcos confesos.

La gran pregunta es: ¿Si EEUU tiene caso contra Carlos Zelaya y/o Manuel Zelaya, por qué no está en la lista de los Tribunales de EEUU? O, ¿será que está en proceso? Si estuviera en proceso de construcción, ¿por qué revelar las evidencias antes de tener caso o efectivamente es solo para crear el clima de inestabilidad política? Si EEUU tiene evidencias deberían de presentar los casos que faltan, aunque vale rescatar que la extradición es el premio de consuelo para nuestros países desde la potencia norteamericana, al carecer de un sistema de justicia fortalecido que persiga el delito. Por eso, el 72.4% de la población está de acuerdo en que continúen las extradiciones hacia Estados Unidos, según el Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ.

5) El actor dominante en el juego político hondureño, no son ni siquiera el gobierno ni la oposición política partidaria – aunque tenga ventajas por el descrédito y la frustración que genera en la población las recientes revelaciones, pues la guerra psicológica es parte de las estrategias implementadas en América Latina-. En esta coyuntura, el actor dominante es la embajada de Estados Unidos que movió la mesa del tablero y empezaron a moverse las piezas, no porque le interese la democracia en nuestros países o porque no quiera un gobierno cuya campaña supuestamente se haya realizado con financiamiento del narco o vinculado al mismo. Sus motivaciones son intereses geopolíticos, es decir el control que ha asumido históricamente en nuestro país como su «patio trasero»,  y más reciente, por continuar vínculos con Venezuela y establecer relaciones con China, aunque se relacione económicanente con ambas naciones,  pero siente que sus lealtades en la región están en riesgo y eso implica tensar el mecate de la dependencia y recordar mediante su séquito quien controla es EEU y debemos rendir pleitesía o no contradecir a la “mamita Yunai” como cantaría Mario de Mezapa.

El espacio mediático y virtual es el campo de las batallas actuales, salvo Ucrania y la Franja de Gaza donde la intervención estadounidense está presente en respaldo a Israel.  Es importante estar alerta, porque el gran negocio de la narco- actividad es alimentado por el sistema y no necesariamente se mueven las piezas corruptas sino las que en dicha coyuntura convienen, para dejar en jaque mate a cualquier gobierno o actor que se sale del redil. Y en el caso hondureño, “la embajada” ha tenido una serie de intervenciones en la política interna y como hasta ahora está siendo cuestionada desde el poder formal del gobierno. ¿Será que Xiomara Castro es una presidenta que se le salió de las manos?, a pesar de que fue respaldada por la vice presidenta Kamala Harris, hoy candidata presidenciable en Estados Unidos.

La complejidad de este contexto anima a algunas reflexiones preliminares:

En primer lugar, estas crisis expresan que el narcotráfico como red nacional y transnacional está presente en el país, particularmente en las arenas movedizas de los partidos políticos y la institucionalidad hondureña. Vínculos de financiamiento que no solo salpican al Partido Nacional y Liberal, sino también a LIBRE, siendo una manera de hacer política condenable y que indigna a la sociedad hondureña; pero no se olvida a los partidos políticos que tienen pendientes casos documentados por Tribunales de Estados Unidos.

En segundo lugar, se ratifica la urgencia de la instalación de la CICIH, pues la lucha contra la impunidad y corrupción está más vigente que nunca. Asimismo, la necesidad de que el Ministerio Público y sistema de Justicia cumpla con su papel de garante de persecución del delito, independientemente de colores políticos, y no solo esperar que se cometan delitos contra Estados Unidos para que la extradición se aplique, porque la justicia selectiva no es justicia.

En tercer lugar, la coyuntura está creando las condiciones políticas para que el terreno fértil de la polarización se siga expresando en las subjetividades y la opinión pública, cuyo horizonte cercano son las elecciones 2025. Sin desconocer la posibilidad de un golpe de Estado o acciones desestabilizadoras como lo pretenden algunos actores de la “oposición” y pregona la amenaza el gobierno. Tomar las medidas en búsqueda de justicia y crear estabilidad será importante para que las elecciones sean transparentes y la población tenga la libertad de expresarse y elegir.

En cuarto lugar, la estrategia geopolítica está tirada, crear inestabilidad y asegurar que el Partido LIBRE no tenga posibilidad de continuar, a pesar de sus diversos errores y falta de estrategia, es un gobierno que ha creído que puede existir independencia en un país tercermundista. Pero, sobre todo, por los intereses geopolíticos y económicos en la región. Recordemos que, al inicio del presente año, EEUU convocó a las fuerzas militares en la región para la defensa de las democracias, como ha sido históricamente “a la medida de sus intereses”.

En quinto lugar, es una coyuntura que nos invita a exigir la investigación amplia y oportuna por el Ministerio Público en Honduras. Asumiéndonos como una nación independiente o al menos con esa aspiración a 203 aniversario de formal independencia, y teniendo presente la memoria de Francisco Morazán. El llamado es a estar alertas y no dejarnos sorprender por “cuentos de camino real” como diría mi abuelo.