Lo que habría sido una tranquila cena y conversación con su pareja, se transformó en escena de persecución propia de película de acción. Al regresar a casa esa noche de finales de marzo, Carmen y su novio se encontraron rodeados por agentes militares armados, quienes amenazaron con detenerlos sin una explicación clara de los motivos. Carmen, quien prefiere usar un seudónimo por razones de seguridad, ha presentado denuncias contra los agentes de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, involucrados en el incidente.
Conducía Carmen, y al notar que el tanque de combustible tenía menos de un cuarto, decidió pasar antes por la gasolinera. Entrando en la estación de servicio, los agentes corrieron hacia ellos y rodearon el automóvil, una escena que aún hoy aterroriza a Carmen. «Con armas en mano, entre 4 o 5 agentes militares nos rodearon, exigiéndonos que bajáramos del auto. Insistí en preguntar qué estaba pasando, por qué hacían eso con nosotros. Su respuesta fue que nos habíamos pasado un alto de semáforo, pero luego afirmaban que el conductor era mi pareja y que estábamos en estado de embriaguez», relata Carmen.
A partir de ese momento la situación se fue complicando. Ella, una estudiante de derecho, exige que si es una falta de tránsito, quien debe estar allí son los policías de Tránsito. Ellos como militares no pueden detenerla y tratarla de esa manera. Su reclamo enfureció a los militares, quienes respondieron que sus acciones estaban resguardadas bajo las facultades que les da el estado de excepción vigente en Honduras hace más de un año.
Tras varias ampliaciones, la mayoría de municipios del país están bajo el estado de excepción aprobado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en diciembre de 2022, como respuesta a las acciones de grupos criminales, especialmente de las maras y pandillas. Mientras el gobierno hace recuento de beneficios de la medida, existen serias denuncias por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, lesiones y otros delitos perpetrados por agentes de seguridad en barrios y colonias estigmatizadas como pobres y consideradas como guaridas de pandilleros.
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El 04 de abril pasado, la presidenta Castro extendió una vez más el estado de excepción en Honduras. Esta medida, publicada en el Diario Oficial La Gaceta a través del PCM-09-2024, se mantendrá vigente hasta el 19 de mayo en 226 municipios del país.
Carmen relaciona la conducta violenta de los militares esa noche, con el poder conferido por un decreto que les autoriza detener o capturar a ciudadanos basándose en meras sospechas, llevar a cabo allanamientos sin orden judicial y, como en este caso, desempeñar funciones de control de tráfico como si fueran policías de tránsito.»Esa noche los militares salieron de sus patrullas creando un espectáculo innecesario. Se acercaron a mi carro y gritaron: ‘¡Bájense, bájense del vehículo!’. Mi acompañante y yo nos quedamos perplejos, sin entender si nos estaban hablando a nosotros, sin comprender lo que sucedía. Sobresaltada, suelto el volante y les pregunta: ‘¿Qué está pasando? ¿Por qué esto?¿Por qué nos hacen esto a nosotros?'», sigue pausadamente con su relato, conteniendo sus lágrimas.
Una medida que repercute sobre los derechos humanos
Los organismos de derechos humanos en Honduras han advertido sobre los riesgos asociados con las violaciones a los derechos humanos que se cometen bajo el amparo del estado de excepción, el cual ha sido implementado como una política de seguridad para abordar el delito de extorsión.
Sin embargo, esta situación se ha agravado particularmente para las mujeres.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha registrado casos de presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del estado de excepción, la mayoría atribuidas a la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la misma Policía Militar de Orden Público, que interceptó violentamene a Carmen.
Estos casos incluyen siete presuntas desapariciones forzadas, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y un caso de violencia sexual, además de alegaciones sobre detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, y abusos durante allanamientos de morada, según el informe presentado.
Isabel Albaladejo, Representante Residente de OACNUDH en el país, instó al Estado hondureño a promover políticas de seguridad robustecidas que prioricen la prevención, una efectiva investigación y sanción del delito, además de la desarticulación de estructuras criminales, así como la adopción de respuestas integrales para combatir la criminalidad desde una perspectiva de derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU recomendó a la administración de Xiomara Castro Sarmiento que las declaratorias de estado de emergencia y la suspensión de derechos deben ser excepcionales, y no como en la actualidad, donde la medida excepcional en Honduras lleva más de un año, adoptando un enfoque similar al de El Salvador.
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Lo urgente es, según dijo Albaladejo, que se garantice que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público, en el ejercicio de sus funciones, se realice de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, y asegurar la rendición de cuentas.
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Carmen, además de estudiar derecho, labora en una organización feminista en el norte de Honduras, en donde se dedica a la sistematización de agresiones contra mujeres, como recopilar y documentar casos de golpes, agresiones verbales y hasta asesinatos de mujeres. A medida que comparte su testimonio, Carmen confiesa que a pesar de estar familiarizada con el accionar de los agentes de seguridad y haber escuchado numerosas historias de abuso, nunca imaginó que algo similar le sucedería a ella.
Esa noche, al llegar a casa, lloró de impotencia y agradeció estar viva. «Yo sabía que lo que hacían estaba mal, incluso les dije: ‘Estudio derecho, conozco mis garantias’. Nunca olvidaré cómo un militar se acercó al vidrio del vehículo, ya que decidí no bajar, y riéndose me dijo: ‘Abogada, abogada, ¿porque usted dice que es abogada? ¿No quiere una cerveza, quiere una cerveza?’. Riéndose en señal de burla», recuerda Carmen.
Cuando la situación se volvió más violenta, Carmen decidió llamar a su familia y compañeras de organización. Temía ser capturada y posteriormente desaparecida, debido a la insistencia de los agentes de llevarla a la sede de FUSINA (Fuerza de Seguridad InterinstitucionalNacional).
«Les dije que no me bajaría del carro y exigí que enviaran una patrulla de la policía de Tránsito, si es que mi falta (como ellos decían) era haberme pasado un semáforo en rojo. Ustedes no pueden detenerme, yo no he cometido ningún delito y no me moveré de aquí”. En represalia, los agentes pidieron refuerzo de otra patrulla de militares, y en total, 2 patrullas y más de 12 agentes mantenían rodeado mi vehículo. ‘Salga, abogada, salga, es mejor para usted’, sentenciaban», relata Carmen.
Después de una hora de este comportamiento, la familia de Carmen llegó al lugar, seguida por las compañeras de la organización. Fue en ese momento cuando la tensión disminuyó. Ellas comenzaron a preguntar qué pasaba y por qué Carmen estaba rodeada por los militares.
Los agentes alegaban que tanto ella como su acompañante estaban ebrios y habían desobedecido una señal de alto. Ante la presencia y presión de la familia, los militares decidieron llamar a una patrulla de tránsito, como lo había solicitado Carmen desde el principio. Al llegar la patrulla, los militares expusieron su versión y un agente de tránsito advirtió a Carmen: «Usted no puede negarse a mostrar sus documentos o a no seguir las indicaciones de los agentes (militares), ellos tienen la autoridad para hacerlo», sentenció.
El subinspector que llegó informó a Carmen que ambos serían detenidos por haber cometido dos infracciones: una, desobedecer una señal de alto, y dos, conducir bajo los efectos del alcohol. Ante esto, la familia y Carmen solicitaron realizar una prueba de alcoholemia que corroborara las acusaciones. Al no contar con el equipo necesario, se decidió trasladarla a la pareja a la posta policial para continuar con el procedimiento. Carmen accedió, acompañada por su familia y compañeras, y estando en la posta solicitaron sus documentos: licencia de conducir y la revisión del vehículo. Tras confirmar que no habían consumido alcohol ese día, persistía la infracción por no respetar la señal de alto.
Carmen nos cuenta que no se saltó la señal, pero debido al agotamiento y los nervios de esa noche les indicó: «Hagan la esquela, necesito ir a casa, necesito descansar». Reconoce que experimentaba un gran temor, ella sabía que los policías tenían toda su información y, al menos por esa noche trágica, necesitaba descansar.
En el marco del estado de excepción, los agentes de la Policía Militar y la DIPAMPCO han intensificado sus operativos en barrios y colonias considerados violentos e inseguros en las principales ciudades del país.
Según Carmen, estos agentes entran sin autorización y detienen a personas sin el debido proceso, una situación que ha sido denunciada en numerosos informes y casos de abusos policiales. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) recientemente denunció, a través del informe «Desafíos invisibilizados: violencia de género durante el estado de excepción», que las medidas de seguridad adoptadas por el Estado de Honduras se han caracterizado por ser políticas de «mano dura». Estas políticas incluyen, uno, el despliegue de fuerzas militares en asuntos civiles, dos, la restricción de garantías procesales como la inviolabilidad del domicilio, el principio de presunción de inocencia y el derecho a no autoincriminarse, entre otros; y tres, medidas represivas contra delincuentes de bajo nivel.
Vea el informe completo del CONADEH:
Estos tres elementos están expresamente incorporados en el estado de excepción vigente en el país. Liana Licona, abogada del Observatorio de Derechos Humanos del CONADEH, informó a Radio Progreso que en el transcurso de un año, esta organización recibió 110 quejas relacionadas con el estado de excepción. De estas quejas, 72 involucraban algún tipo de violencia verbal, física o sexual. La mayoría de estas quejas provenía de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, áreas consideradas inseguras y que han estado bajo estado de excepción durante períodos prolongados.La violencia física fue la más denunciada, con 41 quejas, y los relatos incluyen situaciones de resistencia, cuestionamiento y defensa, con golpes, patadas, jalones de cabello y bofetadas, a veces con armas.
Sobre la violencia sexual, el Comisionado expresó su preocupación por los hechos denunciados, como la detención de una menor de edad desnuda y la violación posterior a la detención del esposo en su casa de habitación.
El informe también destaca casos de mujeres obligadas a desnudarse para ser fotografiadas o registradas durante operativos, lo que constituye graves violaciones a los derechos humanos y es responsabilidad del Estado de Honduras, según la abogada Liana Licona.
Carmen afirma que es imposible confiar en los cuerpos de seguridad pública. porque, en lugar de proteger a la gente, se convierten en los principales victimarios. Ella agradece tener a su familia y compañeras cerca; su presencia evitó que cayera en manos de esos agentes, a los cuales aún teme. «En la noche, cuando regreso de la universidad, siento miedo, como si me estuvieran persiguiendo. Cuando veo una patrulla o a militares, mi corazón se detiene, tengo ataques de ansiedad, me aterra que nuevamente tenga que experimentar una situación similar», dice Carmen, dejando que las lágrimas salgan.
Ante las denuncias recibidas por el CONADEH, buscamos en Radio Progreso las reacciones de la DIPAMCO, una de las instituciones más denunciadas por sus abusos y métodos en los operativos. Mario Fu, vocero de esta institución a nivel nacional, aseguró que todas sus acciones se enmarcan dentro del Plan Integral para la atención a la extorsión y delitos conexos, que inició en Honduras en noviembre de 2022, y aprobado vía Congreso Nacional un mes después.
Fu afirma que gracias a los operativos realizados en estas zonas conflictivas, han logrado en un año la detención de 679 integrantes de pandillas, reducir los delitos de venta de drogas, la extorsión y los homicidios. «Sólo este 2024, hemos decomisado 190 armas de fuego, y las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa son los lugares donde hemos tenido mejores resultados, seguido de La Ceiba, Juticalpa, Catacamas, Copán, Danlí, y Santa Bárbara», afirma Fu. Al cuestionarle sobre las denuncias de abusos y violaciones, el vocero dice que los operativos se hacen dentro de los procedimientos establecidos y respetando los derechos humanos.
Agregó que si alguien tiene denuncias contra agentes por abusar en estos operativos, se debe comunicar a la línea del 143.Fu también señaló que en algunos casos, son delincuentes los que tienen chalecos e indumentaria policial o militar para cometer actos ilícitos, todo como una campaña de desprestigio para que no se confíe en la operatividad de la DIPAMCO.
Carmen sigue lidiando con sus miedos. El apoyo de su familia y compañeras de organización le han permitido tener el valor para denunciar el hecho, además de presentar una queja ante el CONADEH, denunciar ante la fiscalía del Ministerio Público e interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal. Ella sabe que el camino a la justicia es lento, pero necesario para cambiar todo lo que está sucediendo. Ella es consciente que se salvó gracias a su persistencia en defenderse y a la solidaridad familiar y de su organización. Pero con un decreto como el Estado de excepción que dejó de ser de emergencia para convertirse en regla continua de represión, persecución y criminalización que da libertades sin control a algunos agentes, la vida de las mujeres peligra a diario.
Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.
