Más de dos años atrás, se selló un acuerdo entre organizaciones campesinas del Valle del Aguán y representantes del Gobierno, con el objetivo de resolver la crisis agraria en la zona. Según diversos analistas, el acuerdo enfrenta el desafío de cortar los lazos entre la tenencia de la tierra, el control territorial y el narcotráfico en el departamento de Colón, lo que ha agravado aún más la situación en la región.
En un acto simbólico del 22 de febrero de 2022, los representantes del Gobierno, el Instituto Nacional Agrario y las Secretarías de Seguridad y Derechos Humanos, se unieron a las organizaciones campesinas para firmar lo que se esperaba fuera el comienzo de una nueva era de paz en el Valle del Aguán. Sin embargo, dos años después, la triste realidad es que los asesinatos, desalojos violentos y la persistente conflictividad continúan azotando esta próspera región, antaño conocida como la frontera agrícola hondureña.
Los registros de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán son contundentes, desde la firma del acuerdo, lamentablemente se han reportado 12 campesinos asesinados, lo que pone en entredicho la efectividad y compromiso del Gobierno en la resolución de los conflictos agrarios en la zona.
Uno de los asesinatos más sentidos en el Valle del Aguán es el de Omar Cruz Tomé, presidente de la cooperativa Los Laureles, quien durante años denunció el despojo de tierras de campesinos en la región. Desafortunadamente, Cruz Tomé recibió constantes amenazas de muerte y temía por su vida, llegando a solicitar protección. En varias ocasiones, denunció la presencia de sospechosos vigilando su casa, lo que le hacía temer por su seguridad.
Para la comunidad campesina, estos asesinatos buscan aterrorizarlos y sembrar el miedo en la región. En el caso de Cruz Tomé, la responsabilidad es doble, ya que comenzó a recibir amenazas de muerte desde inicios de enero y se encontraba acogido al mecanismo de protección nacional. Sin embargo, nunca recibió un esquema de seguridad adecuado. El brutal ataque también le costó la vida a su suegro, Andy Martínez, quien se encontraba junto a él.
Los Laureles es una de 84 cooperativas agropecuarias que inicialmente se crearon en el proceso de reforma agraria de Honduras. Esta era titular de más de 600 hectáreas de tierras. Las familias campesinas han sido despojadas por la empresa Dinant, propiedad de la familia Facusse, según denuncia de la Plataforma Agraria. Omar Cruz Tomé había sido denunciado junto con otros 17 activistas por esta empresa por el delito de “usurpación agravada” de las tierras, aunque fue absuelto meses después.
Las cooperativas reconocen que Los Laureles era una de las mejor coordinadas y de las más atacadas en esta región.
Omar, como lo comentan otros líderes campesinos, tenía muchas esperanzas que el acuerdo firmado con el Gobierno tuviera resultados, murió. Nada ha cambiado.
Un acuerdo de 15 puntos
La administración de Xiomara Castro aceptó y firmó esta iniciativa de 15 puntos para abordar la crisis de tenencia de tierras en el Valle del Aguán, incluyendo la investigación de las irregularidades en la adquisición de tierras, la sanción de las violaciones de derechos humanos, y la garantía de títulos de propiedad para las cooperativas, especialmente en aquellas áreas donde los terratenientes han despojado a los campesinos y campesinas mediante fraude y amenazas.
Jaime Adalid Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria, señala que el objetivo de este acuerdo es identificar las artimañas utilizadas por políticos y empresarios en connivencia con las autoridades para obtener el control del país. Sin embargo, Cabrera lamenta la falta de voluntad del gobierno para implementarlo, lo que mantiene el conflicto intacto.
En el Valle del Aguán, en el departamento de Colón, más de 12.000 hectáreas están en disputa, principalmente entre empresas agroindustriales dedicadas a la producción de palma aceitera. Los conflictos de las cooperativas campesinas involucran a Inversiones Ceibeña, los empresarios Reinaldo Canales y René Morales y la Corporación Dinat. Cabrera afirma que, en el marco de este acuerdo y confiando en la presidencia, presentaron una propuesta el pasado 20 de julio de 2022, cinco meses después de la firma, pero aún no han recibido respuesta.
El acuerdo contemplaba la creación de una Comisión Jurídica compuesta por 5 abogados en representación de los empresarios, otros 5 en representación de las organizaciones campesinas, y el Gobierno como mediador. Su tarea principal consistía en revisar los archivos y títulos existentes en el Instituto de la Propiedad para profundizar en la cuestión de la propiedad de la tierra.
Sin embargo, según Jaime Cabrera, la Comisión Jurídica no logró avanzar en su labor. Los representantes de los empresarios obstaculizaron el trabajo, llegando al extremo de proponer entregar su propuesta al Gobierno en secreto, sin mediar diálogo alguno. Ante esta situación, las organizaciones campesinas respondieron de manera similar, presentando su propuesta directamente a las autoridades. Hasta la fecha, no ha habido respuesta a los documentos presentados, lo que refleja la falta de avance en el proceso de mediación y diálogo.
Un conflicto arraigado en los monocultivos de palma africana
En el Valle del Aguán, de las 200 mil hectáreas dedicadas al cultivo de palma africana, 40 mil se encuentran en disputa entre terratenientes y campesinos. Sin embargo, este conflicto tiene raíces históricas que se remontan a décadas atrás. En la década de 1960, en respuesta a presiones sociales y políticas, el Estado hondureño inició una Reforma Agraria con el objetivo de expropiar tierras ociosas para redistribuirlas entre los campesinos y fomentar la creación de cooperativas. A pesar de que se llevaron a cabo algunas distribuciones de tierras y se establecieron cooperativas, la Reforma quedó incompleta debido a cambios políticos de orientación neoliberal, dejando asuntos pendientes que han desencadenado nuevos conflictos entre el campesinado y terratenientes.
La historia de la palma aceitera en Honduras está estrechamente ligada a esta Reforma Agraria. A partir de 1974, el Gobierno hondureño, siguiendo directrices internacionales de entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsó el cultivo de palma en la región del Aguán. Esta medida formaba parte de un proceso de modernización agrícola de corte neoliberal que incentivaba la inversión privada y extranjera, eliminando aranceles y desplazando la reforma agraria. Empresas como Corporación Dinant, Grupo Jaremar y Aceydesa, ubicadas en los departamentos de Colón y Atlántida al norte de Honduras, controlan el 60% de la producción de palma en el país, concentrando nuevamente el control de la tierra y la agroindustria en unas pocas manos, asegura Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Copa.
El control de la tierra equivale al poder
Según Ismael Moreno, analista político y conocedor en la problemática en el Valle del Aguán, la cuestión de la tierra se reduce a la tenencia. «El 2.7% de la población controla más del 40% de las tierras en el país, mientras que el 80% de los campesinos y campesinas solo tienen el 16 o 17% de las tierras, lo que resulta en una producción de subsistencia. Recuerdo que hace unos años, el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras afirmaba que el 80% de los migrantes provenían de zonas rurales. Esto significa que la tenencia de la tierra produce desigualdades y pobreza, y son esas las razones por las que la gente se ve obligada a migrar», explica Moreno.
Los políticos y los gobiernos siempre han considerado la tierra como un tema de campaña o negociación con grupos de poder. Sin embargo, Moreno agrega que la tierra está cada vez más definida por las inversiones internacionales, lo que refuerza la necesidad de abordar la problemática de la tenencia de la tierra y promover políticas que garanticen una distribución más equitativa de la tierra en Honduras.
En el caso específico del Valle del Aguán, analistas afirman que la crisis de la tierra ha sido particularmente sangrienta debido a la fragilidad institucional en la región. «El Estado en esta zona está controlado por militares que, en connivencia con políticos conservadores, empresarios y, más recientemente, con grupos criminales, han definido las políticas en torno a la tierra. Aunque la población trabajadora campesina ha desarrollado capacidades organizativas, estos factores han contribuido a una realidad más conflictiva», explica Ismael Moreno.
Además, Moreno agrega que la frase «quien tiene la tierra tiene el poder» adquiere un nuevo significado en el Valle del Aguán, ya que se vincula al control territorial y al narcotráfico. Esta conexión entre la tenencia de la tierra, el control territorial y el narcotráfico ha agravado aún más la crisis en la región, lo que requiere una atención urgente y una intervención efectiva de las autoridades para garantizar la seguridad y los derechos de la población campesina.
Lea también:
Valle del Aguán: Movimiento campesino y luchas por el derecho a la tierra
El conflicto agrario en el valle del Aguán transita por una nueva etapa de diálogo con el Gobierno, que es una oportunidad para nuevos acuerdos.
Comisión tripartita
El acuerdo firmado incluye la instalación de la Comisión Tripartita, que estaba prevista para marzo pasado y estaría integrada por la Secretaría de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y abogados internacionales propuestos por la Plataforma Agraria. El objetivo de esta comisión es reunir a los representantes de cada parte involucrada en el conflicto de tierras en el Valle del Aguán para llegar a acuerdos justos.
El conflicto agrario en el Valle del Aguán, marcado por su violencia histórica, se encuentra en una nueva etapa de diálogo entre organizaciones campesinas y el Gobierno. Muchos ven esta oportunidad como el inicio del fin de la crisis.La Plataforma Agraria continúa su proceso bajo el Acuerdo firmado en febrero de 2022, mientras que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro se reúne para perfeccionar la instalación de la comisión tripartita.
Por otro lado, los agroindustriales, que tienen una influencia significativa en las instituciones de la región, continúan ordenando procesos de criminalización y judicialización contra campesinos y campesinas que reclaman tierras. Mientras continúan las reuniones y negociaciones para establecer e instalar la comisión tripartita, Maira Alvarado, campesina de la cooperativa La Confianza e integrante de la Red de Mujeres Campesinas de Tocoa, Colón, comparte con ilusión su compromiso de seguir defendiendo la tierra, considerándola la única oportunidad para vivir dignamente en el país.
En sus palabras: «En nuestra cooperativa, las mujeres desempeñamos un papel fundamental en proyectos como el cultivo de maíz, sandías, plátanos e incluso nos hemos adentrado en la ganadería y la cría de aves. Esto nos permite no solo producir para nuestra subsistencia, sino también generar ganancias que se comparten en el grupo, beneficiando a muchas familias en lugar de concentrarse en unas pocas manos, como ha sido la tendencia en Honduras en estos últimos años».
Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.
