Durante la crisis post electoral en Honduras, los derechos a la libertad de expresión, opinión e información, fueron estratégicamente atacados por las fuerzas militares y policiales del Estado. El propósito de la estrategia era claro: impedir la libre circulación de ideas y acciones en contra del fraude electoral.
Esa mañana de diciembre Elvin se levantó junto a su esposa para iniciar una nueva jornada de trabajo. Él camino a la maquila, en la que trabajaba desde hace 7 años, y Maribel, su esposa a realizar las labores del hogar, incluido el cuido de sus dos pequeños hijos, más un adolescente. En esos ajetreados días de diciembre de 2017, Elvin temía que nuevamente no podría llegar a su trabajo, como varios días atrás, ya que las movilizaciones eran masivas y en diversos puntos de Choloma, Cortés.
Choloma es un municipio al norte de Honduras, denominado la ciudad de la maquila, debido a la gran cantidad de empresas textileras que acoge. Como todos los días él encendió el televisor, puso el canal en el cual regularmente se informaba, toda la información que veía describía un país distinto a la Honduras revuelta luego de las elecciones generales de 26 de noviembre de 2017.
A pesar que él no participaba en las acciones de protestas en rechazo al fraude electoral, estaba de acuerdo con el reclamo popular, ya que en carne propia su familia sentía los golpes de la difícil situación económica, de inseguridad, violencia y sobre todo de corrupción. Él asistió a las urnas, dio un voto en rechazo al continuismo.
En medio del desayuno pensó: esos periodistas de los grandes medios, deberían llegar a Choloma para cubrir las acciones que la ciudadanía mantiene en distintos puntos de esta ciudad. En ese norte hondureño que se convirtió en punto estratégico para las acciones de resistencia. Un punto de represión de parte de policías y militares contra aquellas personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, opinión y movilización.
Los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro, el norte hondureño, se destacaron como referentes de la lucha anti fraude debido a la capacidad de bloqueo casi total de sus territorios, incluyendo la paralización del transporte público y el flujo de las actividades comerciales.
Censura
Durante la crisis post electoral, los dueños de los grandes medios de comunicación, quienes mantienen una alianza estrecha con el gobierno de Juan Orlando Hernández (Ellos son el poder detrás del poder), tiraron línea: no dar cobertura a las acciones de demanda ciudadana, y en el peor de los casos, informar sobre el caos, los daños o pérdidas que provocaron los días de paralización o acciones ciudadanas. Los principales titulares semanas enteras estuvieron marcados por etiquetas de: vándalos, zelayistas, infiltrados, caos y mareros.
Fueron los denominados medios alternativos o las radios comunitarias quienes intentaron acompañar la demanda de respeto a la voluntad que la ciudadanía había expresado en las urnas. Pero esa labor trajo serias consecuencias para esos medios de comunicación que no se doblaron a la versión oficial.
Esto lo documentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, la que reportó la agresión a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, quienes sufrieron amenazas e intimidaciones y otras formas de obstrucción en la realización de su trabajo mientras cubrían las protestas. También se produjeron casos de interrupción de la radiodifusión y de probable sabotaje de aquellas instalaciones de medios críticos con el Gobierno, el caso concreto de Radio Progreso y la televisora UNETV.
Ese 1 de diciembre…
El 1 de diciembre Elvin se despidió de su familia, todo parecía normal en medio de la anormalidad que vivía Honduras. Cuando llegó al sector López Arellano, la ciudadanía ya estaba instalada con pancartas, encendía llantas y gritaba la frase ya inmemorable “Fuera JOH”. Con su motocicleta intentó cruzar, no le fue posible porque el contingente policial y militar entró en escena. Inició el lanzamiento de bombas lacrimógenas, toletazos y balas vivas, sí balas, una de ellas impactó en el cuerpo de Elvin cuando intentaba regresar a casa. Esa bala disparada por un fusil policial provocó que su motocicleta se desbalanceara, y en cuestión de instantes impactó en un poste de luz.
Allí, en medio del alboroto, del sálvense quién pueda, del corran, corran…. Elvin quedó tendido. De inmediato fue llevado a una clínica del sector, en todo el trayecto estaba inconsciente, su familia se enteró por los rumores que circularon rápidamente. Su esposa Maribel no lo podía creer, minutos antes Elvin le llamó para informarle que regresaba a casa, que era imposible cruzar debido a la cantidad de manifestantes y la agresión con que están los agentes estatales de “seguridad”.
Con lágrimas y dolor en su pecho, Maribel se movilizó a la clínica, allí las horas fueron más largas que de costumbre. Luego de tanta espera el médico llegó, su corazón se detuvo, el reporte clínico fue claro: el accidente provocó severos daños en el cerebro, le quitó gran parte de su movilidad y habla. Su vida jamás será la misma, ahora debe ir cada semana a rehabilitación, recuerda pocas cosas de este día, en realidad recuerda pocas cosas de toda su vida. De ser el proveedor y sustento del hogar pasó a convertirte en una nueva fuente de preocupación por su salud y ahora por los recursos económico que necesitan para mantener el hogar.
El día del accidente, hace más de 6 meses ya, ningún medio de comunicación informó de este caso, que se convierte en el inicio de la cantidad de agredidos, asesinados, reprimidos y desaparecidos en el marco de la crisis post electoral. Peor aún, los medios corporativos aseguran que Honduras no enfrentó ninguna crisis, que todo lo vivido es el resultado de las acciones de 5 revoltosos o cabezas calientes que fueron manipulados por partidos y políticos, quienes quieren desestabilizar el país.
Pero el informe “Violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”, elaborado por la OACNUDH contradice la versión oficial, asegura que durante el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017, 232 personas resultaron heridas, entre ellas 115 en la primera semana del estado de excepción. La Oficina del Alto Comisionado recibió información sobre 104 civiles heridos en el contexto de protestas en todo el país, a través de visitas a los centros de salud, denuncias individuales, información remitida por el personal médico, servicios sociales, organizaciones de la sociedad civil e información policial, de esas víctimas los medios no hablan, allí se acabó la noticia.
Los datos cobran más fuerzas cuando al cierre del informe la OACNUDH, pudo verificar que al menos 23 personas murieron en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de la información reunida, que incluye entrevistas con la Policía Nacional, la Dirección General de Medicina Forense y testigos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU considera que hay elementos creíbles que indican que al menos 16 personas, entre ellas dos niños y dos mujeres, murieron como consecuencia del impacto de balas durante la dispersión de las protestas o las subsiguientes operaciones de persecución por las fuerzas de seguridad – ocho en el departamento de Cortés, tres en Tegucigalpa, dos en el departamento de Atlántida; y una en los departamentos de Yoro, una el departamento de Colón y otra en el departamento de Choluteca. La muerte fue causada por heridas en la cabeza (en siete casos), el pecho (en cinco casos) y las extremidades inferiores y superiores (en cuatro casos).
Seis meses después Elvin, ahora con ayuda de sus hijos o esposa, enciende el televisor en espera que su caso y el de otros que ha conocido gracias al acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, sea retomado por esos noticieros que siguen saturando de información a la ciudadanía, información que ahora le cuesta escuchar, inclusos entender debido a las lecciones que dejó el accidente.
Elvin, con penas 39 años, fue la víctima de una de las formas de frenar la libertad de expresión y opinión, que tuvo el gobierno como ataque sistemático en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes del movimiento social y medios de comunicación alternativos. La crisis postelectoral en Honduras ratificó que el derecho a la libertad de expresión, opinión y movilización son frenadas por el fusil y la bota militar.
Iolany Pérez,
Periodista hondureña, contadora de historias que pretenden dignificar la vida de la gente. Actualmente coordina el equipo de Comunicaciones de Radio Progreso-ERIC.