“La corrupción debe ser castigada”. Con esa frase, el sociólogo Elvin Hernández se refirió al reciente caso de corrupción revelado por la fiscalía. La acusación contra un diputado y exfuncionarios públicos, a quienes se les acusa por el saqueo de más de 3 mil millones de lempiras mediante demandas fraudulentas contra el Estado vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el poder ha sido, durante años, herramienta de enriquecimiento ilícito para muchos funcionarios públicos.
El caso implica al actual vicepresidente de la bancada nacionalista, Nelson Márquez, y a otros exfuncionarios públicos, acusados de integrar una estructura que, bajo la apariencia de legalidad, operó con precisión para desviar fondos destinados a proyectos sociales e infraestructura tras el paso del huracán Mitch.
Las capturas, entre ellas la de Eva María Vásquez Villanueva, Nelson Márquez, Raymundo Gradiz, y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, provocaron que la oposición calificara el caso como persecución política. “Lo que estamos viviendo en Honduras es en una dictadura y este gobierno responde a la agenda socialista del Foro de Sao Paulo”, dijo el diputado Eder Mejía, en defensa de su compañero de bancada.
El Ministerio Público ha descrito un entramado complejo. Desde el año 2000, cuando el Estado contrató a una empresa estadounidense no autorizada para operar en el país, hasta la suscripción de convenios y pagos millonarios al margen de la ley, los elementos del caso son alarmantes. Según la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción, UFERCO, incluso jueces habrían autorizado demandas sabiendo que se basaban en un laudo arbitral sin validez legal.
Ante este escenario, Elvin Hernández fue claro, “El Ministerio Público ahora debe contribuir a dar más confianza en sus investigaciones. Que lleve a cabo investigaciones y demandas parejo. No basta con perseguir un caso mediático si los demás quedan engavetados. El saqueo al Seguro Social, los hospitales móviles, el caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el de COPECO e incluso el crimen del ambientalista Juan López, se deben investigar para castigar a los autores intelectuales. No esperar que se investigue hasta el año 2045″, dijo con ironía el sociólogo.
La ciudadanía tiene un papel clave. Hernández agregó que se debe aplaudir y acompañar cada acción contra la corrupción. Porque es este flagelo el que ha debilitado la institucionalidad, negado derechos básicos y alimentado la desconfianza hacia el Estado.
Comunidades de Opalaca exigen justicia por proyectos fantasmas
Habitantes del municipio de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá, han alzado la voz para exigir que también se investiguen los proyectos de inversión pública gestionados por el diputado Nelson Márquez durante la administración de Juan Orlando Hernández, los cuales jamás se ejecutaron ni beneficiaron a las comunidades.
Uno de los casos más emblemáticos es el del puente sobre el río Grande Ojo de Agua, cuya construcción fue anunciada y presupuestada, pero nunca se llevó a cabo. “Es un proyecto fantasma más que solo quedó en el papel”, expresó un poblador que pidió el anonimato por temor a represalias.
Las comunidades piden que estas irregularidades no queden impunes y que las investigaciones actuales contra el legislador también incluyan los fondos gestionados a nombre de poblaciones que, hasta hoy, siguen esperando las obras prometidas.
Este caso de corrupción recuerda lo que muchas organizaciones han dicho, el dinero que falta tenía destino, eran para escuelas, hospitales, agua potable, carreteras. Lo que se desvió no fue solo presupuesto, sino la dignidad de la gente.
“Y frente a eso, no hay medias tintas. Corrupción es corrupción. Y debe ser castigada”, concluyó Hernández.
