Ayer fue Gladys, hoy es María Luisa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que en Honduras el derecho a la libertad de expresión enfrenta un panorama de extrema complejidad debido a la persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y a la impunidad de la mayor parte de los crímenes, así como al mantenimiento de los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan este derecho.

En este sentido, en marzo de 2015, la Sala número 1 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, condenó por el delito de difamación a la coordinadora del movimiento feminista “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, a quien le impuso una pena de 18 meses de prisión e inhabilitación para representar a “Las Chonas” durante el mismo periodo de tiempo.

Nuestra querida Gladys fue acusada por haber difundido una denuncia de acoso sexual y hostigamiento laboral interpuesta por Lesbia Pacheco, ex jefa de recursos humanos de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural, en contra del director de la misma, Juan Carlos Reyes. En otras palabras, fue condenada por ejercer su papel de defensora de derechos humanos.

Y a finales de enero, Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, declaró culpable a María Luisa Borjas por el delito de calumnias en perjuicio de Camilo Atala, ya que ella presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) un expediente en poder del Ministerio Público que señala al señor Atala como uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

La sentencia condenatoria contra María Luisa Borjas es un ejemplo claro de cómo las figuras penales de injurias, calumnias y difamación pueden tener un efecto inhibidor en las denuncias ciudadanas cuando se trata de cuestiones de interés público como el asesinato de Berta Cáceres y  la responsabilidad de algunas personas vinculadas al poder económico y político del país.

Y también es una sentencia que confirma la politización partidista del poder judicial y su utilización como sicario judicial a las órdenes de los poderes fácticos del país, ya que el magistrado Argueta ni se molestó en valorar que las declaraciones de Borjas no constituían ataques conscientes e intencionales al honor del señor Atala ni tenían la malicia de provocar una afectación por sí mismas.

La intención de María Luisa Borjas como defensora de derechos humanos, al igual que Gladys Lanza, era colocar en el debate nacional a través de una denuncia ante el CONADEH, un asunto de interés público vinculado con la investigación del asesinato de Berta, que 35 meses después, continúa en la impunidad en lo que respecta a los autores intelectuales.