| Lunes 14, Octubre 2024 |  |
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El decreto 18-2024, una conquista de ambientalistas
El Valle del Aguán es ampliamente conocido dentro y fuera del país. Por su riqueza, su gente laboriosa, penosamente por el narcotráfico, pero también por la generosa entrega de su gente en defensa de su territorio y de sus bienes comunes.
Por estas generosidades asesinaron a Juan López, y unas décadas atrás a Carlos Escaleras. Hijos dignos de un pueblo nacido para la libertad. Juan López ofrendó su vida defendiendo los bienes comunes y públicos, especialmente del Parque Nacional Montaña Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, una reserva natural vital por su biodiversidad y la riqueza hídrica en el Valle del Aguán.
Juan López tuvo la fuerza y el coraje de enfrentar los diversos poderes fácticos, sobre todo a quienes están de frente y detrás de las empresas Inversiones Minera Los Pinares y la termoeléctrica Ecotek, cuyo impacto directo en el Parque Carlos Escaleras es incuestionable. Y, además, por la ilegalidad de las concesiones que el Estado les otorgó. Inversiones Los Pinares y la termoeléctrica Ecotek han causado graves e irreparables daños a los ecosistemas en el Valle del Aguán.
El decreto legislativo 18-2024 que protege todas las áreas de reserva en el territorio Nacional, aprobado por el Congreso Nacional el 21 de febrero y publicado en la Gaceta el 6 de mayo de 2024, recupera y protege específicamente la zona núcleo del parque de reserva montaña Botadero, “Carlos Escaleras”, prohibiendo todo tipo de actividad minera o de cualquier titulación que atente con la protección de la Zona de reserva ambiental.
Estas grandes conquistas han sido fruto de los defensores de los bienes comunes y públicos como Juan López, quien ofreció su vida al igual que muchos más que han pagado un precio muy alto. Mucha gente ha tenido que abandonar sus casas y sus tierras por las amenazas en su contra, y por la criminalización de la que han sido víctimas por su compromiso.
Su lucha no ha sido en vano. Lograron este instrumento legal, aunque abonado con sudor, sangre, persecución, desplazamiento forzado, criminalización y amenazas contantes a muerte. La reacción tardía de las autoridades gubernamentales ha contribuido a envalentonar a quienes ha controlado la ilegal explotación minera, e indirectamente contribuyeron al asesinato de Juan López.
Los ambientalistas y la Iglesia del Aguán exigen respuestas inmediatas y firmes de parte de las instancias del Estado. Demandan que YA se implemente el Decreto 18-2024 para que no se repitan muertes tan lloradas por el pueblo hondureño. Ya es hora de actuar. Justicia para Juan López, justicia para Carlos Escaleras, justicia para Berta y todas las víctimas de las concesiones mineras y los megaproyectos en nuestro país.
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