Miércoles 05, marzo 2025  

El monstruo de la violencia política en el país ataca de nuevo

Los datos del Observatorio de la Violencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el periodo de septiembre 2024 – febrero 2025, advierten que en la medida que nos acercamos a las elecciones primarias, incrementan los casos de violencia política. El período de análisis comienza con el crimen de Juan López, ambientalista y regidor de Tocoa.

La violencia tiene un patrón observable: inicia con amenazas verbales, después agresiones físicas, y finalmente la eliminación física. Durante este período pre-electoral se han registrado 24 personas víctimas de la violencia política. Los datos asombran: 6 homicidios, 4 atentados, 6 casos de agresiones simbólicas, 2 casos de agresiones físicas, 2 casos de amenazas a la vida, 3 casos de coacción e intimidación y 1 caso de difamación. De esas víctimas, 9 son del Partido Libre, 9 del Partido Liberal y 6 del Partido Nacional.

La política teñida con el color de la sangre de compatriotas no cesa en Honduras. La violencia política ha creado heridas políticas profundas. Genera miedo y odio, y cumple con la función infernal de distraer a los electores de los temas fundamentales que tenemos que resolver como país.

Esta triste realidad de la violencia política pone de relieve la vulnerabilidad del sistema de justicia, la crisis de la democracia y de las instituciones electorales, las cuales, en lugar de contrarrestar la intimidación y los insultos de un lado y de otro, prefieren silenciar las críticas y manipular los procesos electorales. Y para rematar, las mujeres son víctimas de la discriminación política y violencia de género descalificándolas por su participación en la búsqueda de un puesto de elección popular.

Es necesario fortalecer la autonomía del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral para que puedan enfrentar estas dinámicas de violencia partidaria y exigir que se aplique todo el peso de la ley para resolver estos casos de violencia política que desgraciadamente quedan en la impunidad; además, hay que tipificar la violencia política de género como delito, con sanciones administrativas y penales; implementar el protocolo contra la violencia de género; depurar el sistema electoral con los criterios de transparencia financiera y antecedentes penales para los candidatos, especialmente aquellos que cargan con la sospecha de estar vinculados con el narcotráfico.

El presagio de la violencia en el proceso de las elecciones primarias, nos ponen en estado de alerta por lo que pueda ocurrir en las elecciones generales en el último domingo de noviembre. ¡No más violencia política!


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