| Martes, 14 de julio 2026 |  |
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La violencia de Estado contra el pueblo garífuna
El pasado 6 de julio, más de 200 policías irrumpieron en San Juan, Tela, para desalojar a la comunidad garífuna. Hubo gases, disparos y personas heridas, incluyendo mujeres embarazadas.
Cinco personas defensoras fueron detenidas y criminalizadas en su propio territorio ancestral. Este grave hecho revela una violencia estructural promovida por el Estado que se traduce en despojo y criminalización de quienes defienden su tierra.
A su vez, esta violencia refleja que el Estado de Honduras ignora deliberadamente las cuatro sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado contra Honduras por violar los derechos territoriales del pueblo garífuna.
El actual gobierno, en vez de cumplir con dichas sentencias, promueve una ley agroindustrial que legaliza el despojo y la protección de los oscuros poderes económicos detrás de esta violencia.
Es urgente que como sociedad nos articulemos para exigir el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Solo la presión ciudadana y la solidaridad pueden frenar este despojo y proteger los territorios ancestrales.
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