Mesa de la Indignación Progreseña

Ha sido en estos días cuando la “Mesa de Indignación de El Progreso” hizo pública la carta que le enviaron al alcalde Alexander López.  Más que especular o debatir acerca de la efectividad o no que tendrá la carta; o si habrá resultados a corto o mediano plazo, es digno de destacarse una ciudadanía que ejercita sus derechos y pone en marcha un proceso de participación política.  Con ello no solo adquiere el protagonismo que se espera de ella, sino que, al mismo tiempo, ocupa un espacio fundamental que contrarresta e impide el monopolio político casi total y absoluto que normalmente se ejerce tanto a nivel central como municipal o local.

Ya nos hemos acostumbrado a que nuestras autoridades salgan adelante con sus presupuestos o sus proyectos de desarrollo a base de aumentar progresivamente los impuestos en cada uno de los municipios.  En estos momentos la atención se centra en el incremento a la tasa vehicular contemplado en el Plan de Arbitrios y aprobado por la corporación municipal.  Como en otras ocasiones hay dos actores: la alcaldía juntamente con su corporación y, del otro lado, la ciudadanía.  Normalmente es la primera la que decide, aprueba y ejecuta sin ningún otro referente y contrapeso.  Es decir, lo hace sin consulta, a espaldas y, con frecuencia, contra la ciudadanía a la que dice servir y gobernar.

En la práctica, el resultado obtenido ha consistido en ciudadanías apáticas, dóciles, sumisas, y manipuladas por el partido político gobernante; igualmente plegadas a los grupos de poder locales, nacionales o transnacionales.  Sin embargo, lo que vamos viendo satisfactoriamente es un cambio notorio de la “ciudadanía” a todos los niveles.  Se cambia la pasividad por la participación activa, la docilidad ideológica por una visión crítica de la realidad y el alejamiento político por una implicación directa por recuperar espacios perdidos.

¿Qué es lo que nos dice “la Mesa de Indignación de Progreso”?  En primer lugar, rechazan los reconocimientos nacionales y extranjeros, así como la “calificación de satisfactoria” en materia de trasparencia otorgada a la municipalidad de El Progreso.  Hay una falta de credibilidad total y absoluta repitiéndose a nivel municipal lo que sucedió con las últimas elecciones donde se rechazó el triunfo dado por el Tribunal Supremo Electoral al partido gobernante por considerarlo un auténtico fraude electoral.

En segundo lugar, se rechaza la propuesta de los organismos jurisdiccionales por falta de independencia y trasparencia.  Se repite a nivel local lo que sucede a nivel nacional con la institucionalidad del país: no hay distinción, diferenciación e independencia de los poderes.  En este caso están inclinados y desbalanceados hacia el poder municipal y su corporación.

En tercer lugar, como trasfondo comparten tristemente lo que sucede con el Congreso Nacional y otras instancias: la corrupción e impunidad reinantes conducen a la ingobernabilidad llevando a un país donde cerca del 70% de la población vive en pobreza y un 45% en extrema pobreza.

En cuarto lugar, la experiencia acumulada de innumerables casos de funcionarios públicos a quienes se les dieron sus finiquitos correspondientes para ser acusados posteriormente de enriquecimiento ilícito y cancelación de visa para USA.

En quinto lugar, se rechaza el incremento de 500 Lps anuales a la tasa vehicular porque el “pueblo está cansado de los desaciertos municipales”.  Y, más bien, dicen que ese impuesto debería haberse puesto a los salarios que se aumentó la corporación municipal y los altos ejecutivos que superan la media de los salarios recibidos en el mundo profesional.

Terminamos señalando, como al principio, que vemos como un signo de esperanza el despertar de una ciudadanía que está queriendo incidir para transformar las realidades locales, municipales, controladas y manipuladas por todo tipo de colores políticos, el comercio, la banca y grupos de poder transnacionales.