Reelección sigue siendo el gran problema a resolver

Alguna gente, especialmente de la llamada comunidad internacional, siguen firmes con su aval al régimen que preside Juan Orlando Hernández sobre el argumento de que nadie logró probar con datos firmes que en las elecciones del 26 de noviembre del año pasado hubo un fraude electoral.

Los hechos y los datos en un país con tantos expertos en triquiñuelas se pueden perfectamente acomodar a intereses y circunstancias. Pero lo que nadie puede justificar sin caer en irresponsabilidad y cinismo es que el fraude de fondo sigue siendo la reelección de un presidente cuando la Constitución, tan ampliamente violada, sigue estableciendo que bajo ninguna circunstancia alguien que ha sido presidente lo puede ser por un segundo período.

Si la justificación provino de una sala de lo constitucional, entonces esos magistrados cometieron un delito, y si los miembros del Tribunal Supremo Electoral aceptaron la inscripción de un presidente para ser de nuevo candidato, cometieron un delito imprescriptible, de acuerdo a la misma Constitución de la República.

El Departamento de Estado reconoció la candidatura de Juan Orlando Hernández y luego lo reconoció como presidente electo, lo que lo ha comprometido como cómplice de un hecho ilegal, y luego también legitimador de un fraude que en conciencia así lo cree más de la mitad de la sociedad hondureña.

La inestabilidad política quedó instalada en Casa Presidencial y en todas las decisiones que de la misma provienen. Es verdad que las manifestaciones masivas tras las elecciones pasadas fueron sofocadas a costa de represiones y balas vivas, pero eso no significa que se sofocó el malestar y el repudio de una mayoría de la sociedad hondureña.

Hoy, cuando se están cumpliendo nueve años del golpe de Estado, la continuidad de la ruptura del orden constitucional se expresa en esa reelección que convierte al actual régimen en fraudulento y usurpador de los poderes soberanos del pueblo. Mientras prosiga esta reelección, seguiremos con el orden inconstitucional que viene desde el 28 de junio de 2009 y que se consolidó a partir del 27 de enero del año en curso cuando asumió Juan Orlando Hernández como presidente de facto.

Solo un pronto retorno al orden constitucional nos salvará de la barbarie que se va incubando en nuestro país. Y este tendría que ser el tema indiscutible y fundamental de un necesario y auténtico diálogo nacional. Lo demás, a lo sumo será muy buena voluntad de gente convocante a un diálogo inútil. Será un triste aval de una ilegalidad y una irremediable pérdida de energías y tiempo.