| Jueves 27, febrero 2025 |  |
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Violencia e inseguridad
Vivimos y somos testigos de una escalada de violencia que parece sin fin, previsiblemente provocada y promovida intencionalmente por ciertos grupos oscuros que buscan sacar ventajas debilitando al gobierno o al proceso electoral. La violencia preocupa y es un síntoma tanto del deterioro social e institucional, como de un signo de la vida y presencia activa y amenazante de estructuras criminales organizadas.
Este estado de violencia sin capacidad de control por parte del Estado a través del gobierno, es la consecuencia de varias décadas, específicamente desde los años noventa del siglo pasado, cuando el Estado perdió el control en la administración y monopolio de la violencia, y la misma fue delegada a sectores no estatales por la vía de las Fuerzas Armadas y la policía. De estas delegaciones fue cobrando fuerza las consecuentes delegaciones a grupos irregulares y violentos como el narcotráfico y las maras y pandillas.
El crimen organizado, sin duda busca dejar en jaque al gobierno para debilitarlo y destruirlo, a la vez que buscar medir fuerza para definir quién en Honduras tiene el poder real. El ambiente electoral es propicio para esa medición perversa por parte de quienes sacan ventajas de la inestabilidad y la violencia. Advertimos que no es el peso de la fuerza ni las armas lo que resolverá por sí solo el conflicto de la violencia.
Este conflicto está inserto y remite a asuntos de fondo. No es la salida militar lo que ha de resolver este conflicto. Los militares han sido factor de impunidad y de violación a derechos humanos en la historia de nuestro país, Y nada distinto ha ocurrido como para esperar un cambio significativo en su proceder y comportamiento.
Malos consejeros son quienes alegan la salida militar a la violencia y al sistema penitenciario. Malos consejeros son quienes alegan la prolongación del Estado de excepción al modo del vecino país El Salvador. Responder solo con fuerza y violencia conduce a engendrar nuevos dinamismos de violencia.
Es de exigir y presionar a la administración pública a que convoque a diversos sectores de la sociedad para que se aborde la violencia desde su perspectiva estructural, y que conduzca a diseñar una propuesta de corto, mediano y largo plazo que siendo justa y duradera y en sintonía con los otros factores de conflictividad nacional, conduzca a reducir y eventualmente erradicar los factores actualmente productores de violencia.
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