La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha registrado al menos siete denuncias de desapariciones forzadas en Honduras, en el contexto del estado de excepción que aún prevalece en el país. Estos casos ocurren en operativos irregulares, caracterizados por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y militares, allanamientos sin orden judicial y presunta manipulación de pruebas. Estas prácticas son especialmente frecuentes en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán. Entre los casos documentados se encuentra el de Oscar, hijo de Olga. Su madre lo busca incansablemente, anhelando encontrarlo con vida o recibir noticias de su paradero.
Olga, madre de Oscar, un joven recientemente desaparecido en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, al norte de Honduras, expresa su desesperación mientras relata su incansable búsqueda. Ha recorrido postas policiales, cementerios, lugares abandonados, solares baldíos, hospitales e incluso la morgue, sin descanso. Con angustia palpable pero sin derramar lágrimas, Olga afirma con firmeza: “Estoy desesperada, me han matado en vida. Lo voy a encontrar vivo o muerto, pero lo encontraré”. Su semblante refleja rabia y determinación.»
Recuerda que ese día de inicios de mayo, a las cinco de la mañana una llamada de su nuera la despiertó. La voz agitada y los llantos de la joven adelantan la terrible noticia que recibiría Olga.
«Olga, Olga se lo llevaron. Lo sacaron de la casa…” le dijo entre gritos la joven esposa de su hijo. «Le pedí que se calmara y me contara todo lo que pasó», recuerda.
Olga, una mujer de unos 45 años, es madre de 10 hijos, siendo Oscar el segundo de la familia. Ha criado a todos sus hijos sola debido a la ausencia del padre, quien un día decidió migrar en busca de mejores a falta de empleo. Tras un año en Estados Unidos, dejó de comunicarse y de enviar dinero para el sustento de sus hijos e hijas. A pesar de estas circunstancias, Olga agradece haber aprendido el oficio de estilista que le ha permitido mantener a su gran familia durante todos estos años.
La madre llegó tan rápido como puedo al hogar donde su hijo vivía con su esposa y tres pequeños hijos. Uno de 5, y dos más de 3 y 2 años. Conversando con la nuera conoce detalles de la captura. Fueron 4 hombres armados con camisas negras y chalechos de DIPAMPCO, Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, quienes ingresaron a la casa en la madrugada y realizaron el operativo, le confirma.
Según los relatos de Olga y su nuera, el allanamiento a la vivienda de Oscar presenta similitudes preocupantes como en varios casos documentados por organizaciones de derechos humanos en el país durante el estado de excepción vigente. Son agentes encapuchados, presumiblemente de la DIPAMPCO, ingresan a las viviendas en horas de la madrugada y realizan las detenciones. Incluso sacan a los jóvenes desnudos, los tiran en las pailas de los carros sin placas y no informan ni la razón de la detención ni la posta policial a la que serán remitidos. Después la desaparición.
Únicamente en la Rivera Hernández, al menos se han presentado 5 desapariciones forzadas de jóvenes que fueron capturados en iguales circunstancia que Oscar, según la Pastoral Social Cáritas, organización que acompaña a las familias víctimas.
La Rivera Hernández es un sector compuesto por barrios y colonias populares de San Pedro Sula, al menos 43, todos estigmatizados por las autoridades policiales, quienes los señalan como zonas controladas por maras y pandillas. Paradojicamente son los sectores más grande de la ciudad, y con el mayor número de agentes policías y militares asignados para labores de seguridad.
Capturas irregulares
Según el Código Procesal Penal de Honduras, el allanamiento de morada para captura solo procede con orden judicial, salvo excepciones como flagrancia o para impedir la comisión de un delito. Situación que ha cambiado con el estado de excepción que lleva vigente más de un año y medio desde su aprobación vía decreto legislativo más una decenas de ratificaciones ejecutivas.
Desde diciembre de 2022 cuando se aprobó el estado de excepción no se respetan los procedimientos legales establecidos, lo cual es preocupante dada la vulnerabilidad de jóvenes en barrios marginados. Las autoridades deben garantizar que los operativos se realicen respetando los derechos humanos y el debido proceso, demandó recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUH.
OACNUDH en su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos, recomendó a la administración de Xiomara Castro “la implementación de una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos que fortalezca la prevención e investigación abordando las causas estructurales de la violencia y la inseguridad.
Recordó que las declaraciones de estado de emergencia y la suspensión de derecho deben ser excepcionales y cumplir estrictamente con el derecho internacional de los derechos humanos, dijo el organismo.
En el caso del hijo de Olga, llegaron en la madrugada se saltaron el muro de la casa, rompieron el chavín de la puerta e ingresaron al cuarto donde el joven se encontraba con su esposa y sus tres hijos menores. A pesar de las súplicas para que no se lo llevaran porque no había hecho nada, la respuesta fue vayan a buscarlo a la posta, sin dar mayores detalles.
Según el relato de Olga, además de capturar a su hijo Oscar, los supuestos agentes encapuchados se llevaron dos celulares y una televisión plasma que la familia tenía en su cuarto. Al salir, rompieron el candado, subieron todo al carro y se marcharon. Desde entonces, nadie sabe del paradero de Oscar. Incluso nadie en el barrio habla de esa madrugada de mayo.
La esposa de Oscar tiene miedo, no quiere denunciar por temor a las represalias que pueda sufrir ella y sus pequeños hijos. Es Olga quien ha hecho todas las denuncias, es esa angustia de madre que hace que diariamente salga en búsqueda de su hijo.
Una nueva década de desapariciones
En su más reciente artículo en la Revista Envío, el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, afirmó que la práctica de desaparición forzada no es compatible con una sociedad que se diga democrática, por lo que el cumplimiento de las resoluciones del Comité contra la Desaparición Forzada representa una oportunidad para que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro envíe un mensaje contundente acerca de su compromiso con la lucha contra este crimen.
Mejía recuerda que es fundamental que se promueva la adopción de una política pública destinada a la búsqueda de todas las personas desaparecidas, lo cual incluye, entre otras cosas, la creación urgente de una Comisión de Búsqueda, la aprobación de la legislación pertinente y la dotación de un presupuesto adecuado para tales fines.
En este orden de ideas, el Estado de Honduras debe asumir su responsabilidad para redoblar esfuerzos con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria, dice Mejía.
Desde el día de la desaparición de su hijo Oscar, Olga dice que siente una profunda ira y no comprende por qué le pasó esto a él, quien tiene toda una vida por delante, apenas 26 años. En los últimos días, esta madre desesperada ha recorrido incansablemente muchos lugares, incluidas las oficinas estatales, las cuales asegura seguirá visitando hasta que den respuesta sobre el paradero de su amado Oscar. «He denunciado en las comisarías, luego fui al Ministerio Público, a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) e incluso llegué a la sede de la DIPAMPCO», comenta con lágrimas en los ojos.
«En estos lugares, mi fuerza se reafirma al encontrarme con madres en las mismas situaciones, cuyos hijos fueron secuestrados de sus propias casas y nunca más los volvieron a ver. También me he llenado de rabia al ver el desprecio de las autoridades por nuestros casos. Recientemente me remitieron a la sede de la DIPAMPCO para interponer la denuncia y consultar si tenían información. Lloré de impotencia cuando un agente me dijo: ‘Madre, ya no busque a su hijo, él está muerto’. Le pedí que me explicara porqué decía eso, qué información tenía él de mi hijo, y él se defendió diciendo que en estos casos eso pasa, esos jóvenes de barrios de pandillas aparecen muertos».
Más de 500 días bajo estado de excepción… ¿y los resultados?
En un reciente sondeo de opinión para medir la percepción de la ciudadania sobre el estado de excepción vigente en Honduras desde hace 535 días, la Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, confirmó que únicamente el 48% de la población encuestada cree que con el plan dentro del cual se enmarca esta media se reducirá el delito de extorsión.
Ante la pregunta si se siente segura con esta medida, solo un 15% de los encuestados dijo sentirse más segura y el restante 75% se siente igual o peor que antes. Ante esto, ASJ recomienda al Gobierno que el estado de excepción es una medida que debe utilizarse por períodos de tiempo determinados y justificados. Sin embargo, al ser ya casi permanente en Honduras, ha perdido su naturaleza y razón de ser original, según lo establecido en la normativa legal y de acuerdo a lo que han manifestado organismo de derechos humanos.
“Estoy peleando lo que Dios me dio”
Desde el día que su hijo desapareció también lo hizo el ánimo y la alegría que siempre fueron características de esta madre. Sus otros hijos tratan de animarla, ellos están preocupados porque ahora lo único que la mantiene en pie son los recorridos que religiosamente hace en búsqueda de Oscar.
Olga, dice no tener miedo a pesar de la difícil situación que enfrenta. Ha llegado incluso a enfrentarse a los policías de su colonia para exigirles respuestas sobre el paradero de su hijo.Conoce ya todas las comisarías de la ciudad, pues ha recorrido incansablemente cada una de ellas en busca de información. Asegura con firmeza que seguirá yendo cuantas veces sea necesario hasta obtener noticias de su amado hijo.
«Mis hijos se preocupan por mí, pero yo les digo que no, que yo no tengo miedo. No tengo ningún miedo. Estoy peleando por lo que Dios me dio, mi hijo», comenta Olga con determinación. Incluso le ha preguntado a ese Dios si era el tiempo de que su hijo partiera, demostrando su profunda fe en medio del dolor.
Sandra Hernández es abogada penalista, desde el inicio del estado de excepción asegura que muchos son los casos que le llegan a su oficina, son madres pidiendo ayuda porque se presentaron agresiones, violaciones e incluso desapariciones de jóvenes en barrios y colonias de San Pedro Sula.
“La mayoría de abogados que estamos llevando estos proceso hemos concluido que es común que autoridades usan este decreto para introducirse en viviendas únicamente bajo la sospecha de que los jóvenes son pandilleros o estén ligados a la mara. Estamos registrando estos casos y les decíamos a las madres que esas acciones no son correctas, que sin orden de captura nadie debía llevarse a sus hijos. Pero la realidad nos está sobrepasando”, dice.
La abogada Sandra concluye pidiendo a las autoridades revisar la permanencia del estado de excepción, ya que debe tener límite, no puede continuar estigmatizando a jóvenes de barrios y colonias empobrecidas. “Además deben regular la actuación de los policías y militares”, dice.
Mientras crecen las voces de rechazo a la permanencia del estado de excepción, la autoridades policial aseguran que es la más exitosa política de estado en materia de seguridad para bajar la tasa de homicidios. “Esta disminución posibilita colocar a Honduras como uno de los países que en el último año logró una de las contracciones más significativas en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes”, dijo el Ministro de Seguridad, el general Gustavo Sánchez.
Mientras estas discusiones se dan, Olga continúa su incansable búsqueda sin perder la esperanza de reencontrar a Oscar, vivo o muerto.
Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.
