Este viernes cuatro de septiembre entró en vigencia la nueva Ley Marco de Protección Social que presenta reformas en el sistema de previsión, sector obrero y sanitario que ha dado paso a debate y protestas en algunos puntos del país.

El presidente Juan Orlando Hernández promociona la Ley como una de las más importantes y beneficiosas para la población en la que plantea facilitar los servicios de salud, favorecer a los empleados con acceso a jubilaciones y pensiones.

Desde el gobierno se habla de ampliaciones en la red de cobertura y servicios médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), también en el marco laboral indica que los patronos deberán depositar a partir del mes de octubre en una cuenta de reserva que forma parte de la estructura Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) el 50% de cesantía que estará a nombre de los trabajadores, además el 4% de aportación  que será calculado sobre su salario. Los empleados luego de ser despedidos podrán tener acceso a ese 50% de sus prestaciones.

La disposición causó durante la última semana protestas de empleados de la maquila en Villanueva y El Progreso quienes rechazaron la aprobación de la ley porque a su criterio atenta contra sus intereses laborales.

Por otra parte diputados de oposición, analistas políticos y algunos dirigentes populares se oponen a la ley fundamentando que atenta contra los derechos laborales e inicia un proceso sistemático de privatización del IHSS.

Exigencia de empleados y empleadas de la maquila

Ante el silencio y falta de acción de la dirigencia sindical de las maquilas en conjunto con las Centrales Obreras, los trabajadores y trabajadoras de base de las maquilas Confecciones Dos caminos en Búfalo, Villanueva y algunos empleados del Parque Industrial Zip El Porvenir salieron a las calles  a exigir la derogación inmediata de la Ley Marco de Protección Social.

Waldin Banegas quien es presidente del Sindicato de Trabajadores Star en El Progreso afirmó que son pocos los sindicatos que están a la disposición de la lucha, pero que nunca es tarde para hacer el llamado a las demás organizaciones para que se enfrenten a esta medida que les afecta directamente.

Banegas repudió la nueva ley argumentando que es parte del proceso privatizador de Juan Orlando Hernández, que pone el punto final al descalabro del IHSS y que ahora quiere vender con demagogia los derechos de los trabajadores.

El dirigente sindical considera que si no se inicia un proceso de lucha permanente contra la ley, más de 120 mil empleados y empleados serán perjudicados con la nueva reforma.

Por su parte algunos manifestantes que prefirieron no dar su nombre por motivos de seguridad en la toma de carretera en Búfalo, Villanueva lamentaron que les limiten a obtener el dinero de sus prestaciones cada año, pues ahora deben depositarlo en una cuenta de ahorro y hasta finalizar su contrato podrán retirarlo.

“Nosotros queremos nuestro dinero, en las fábricas ganamos una miseria, poco nos ajusta para comer mensualmente y los fondos de liquidación sirven para pagar deudas y compromisos familiares.

No tenemos confianza en esa forma de administrar los fondos, el gobierno ha quebrado muchas estructuras y se han robado el dinero, nadie nos garantiza que no hagan lo mismo y que ahora esos fondos que nos deducirán los usen para campañas políticas u otras cosas.

Los principales beneficiados serán los bancos privados y los empresarios, pues ellos serán los que manejen nuestro dinero y solo contando 120 mil empleados de la maquila más los demás significará una cantidad grande en intereses producto de administrar nuestro dinero”, expresaban los manifestantes.

En contraste a la exigencia de la base, la dirigencia de las Centrales Obreras expresan todo lo contrario, en un comunicado retoman los siguientes puntos:

“El Consejo Hondureño de la Empresa Privada y las Centrales Obreras, Confederación General de Trabajadores (CGT, Central de Trabajadores de Honduras (CUTH) y la Confederación Unitaria de Trabajadoras de Honduras (CUTH), hacemos un llamado a todos los trabajadores afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), para que confíen en el proceso de transición que dicha institución está comenzando a partir del 4 de septiembre dentro de lo establecido en la Ley Marco de Protección Social.

Comunicamos a todos los trabajadores que los fondos que hasta la fecha les ha administrado el RAP, continúan siendo propiedad de cada trabajador, estos fondos no pueden ser transferidos a otra institución.

Por lo tanto, pedimos a los trabajadores y empleadores confianza en que sus fondos están siendo bien administrados y conforme a la Ley.

Reiteramos que el RAP se ha caracterizado por ser una institución que se ha manejado con eficiencia y transparencia garantizando el bienestar de todos sus afiliados”, finaliza el documento.

Banegas es del criterio que no hay nada claro entorno a cómo el RAP entrará en la transición, por eso dijo que las autoridades de esa institución han pedido reconsideraciones a la ley.

Por el momento los fondos no se pueden mover a la banca privada, pero más adelante si se podrá según lo que afirmó el Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo Carlos Madero.

“El ahorro acumulado por los trabajadores en el RAP durante sus años de servicio pasará a otra cuenta a nombre del trabajador, donde ganará intereses. Esta será independiente de la del ahorro de las prestaciones.

El RAP, será el primer receptor de estos fondos durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley hasta que se cree y apruebe la nueva ley que va a regular a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, que permitirá al trabajador mover sus fondos a una entidad bancaria privada de su preferencia.

Esta explicación consta en el artículo 53 que habla sobre las contribuciones anteriores al Régimen de Aportaciones Privadas,” culminó el funcionario.

En marcha la privatización de la atención médica

Los sectores que rechazan la Ley lo hacen bajo el fundamento de la privatización de los servicios médicos del IHSS, pues el artículo 22 de la Ley de Seguridad Social expresa lo siguiente:

“Con el propósito de brindar la adecuada administración, provisión, seguimiento, monitoreo, vigilancia y control de los servicios y los mejores estándares de calidad del sistema, se autoriza al Instituto Hondureño de Seguridad Social a suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro”.

Madero también hace alusión al tema: “se contará con una red de hospitales privados que se manejará bajo un contrato de adhesión al Seguro Social, el cual será supervisado y pagado cada mes por cada servicio prestado debidamente registrado. La ley va a estructurar un sistema de salud en el cual todos los afiliados a la seguridad social que cotizan van a tener derecho de ser atendidos en el instituto o en una de las clínicas de la cadena de subrogación”.

Para el doctor y analista político Efraín Fajardo la aplicación de ese mecanismo llevará a privatizar los servicios.

Fajardo en espacios informativos de Radio Progreso explica en términos prácticos lo que sucederá con el nuevo método de administración.

“Con las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud se pondrá a disposición de la gente un menú de opciones para ser atendidos, significa que la gente tendrá acceso a la atención médica que pague.

Por ejemplo, si usted paga el paquete básico le alcanzará para consulta, entrega de medicinas del cuadro básico, pero hasta ahí; mientras que si usted necesita un examen o en el peor de los casos ser internado deberá pagar otro paquete de atención, el caso empeora si usted necesita una cirugía, pues para ello deberá pagar mucho más.

En eso consiste esa nueva forma de administración, donde ahora todo serás más difícil para los empleados y empleadas del sector público y privado”, caracterizó Fajardo.

Las claves para entender la privatización

Dentro de la Ley Marco de Protección Social se aplicarán la Ley de Seguridad Social, de Pensiones y Jubilaciones y reformas laborales.

La Ley de Seguridad Social todavía no ha discutido algunos detalles correspondientes a las cotizaciones de atención médica.

Para comprender la forma en que funcionará la nueva metodología es importante tomar el ejemplo de compra de paquetes de salud en empresas bancarias, el que explica ejemplificando Fajardo de la siguiente manera:

“Se creará un menú de opciones donde el empleado cotizará por poner un ejemplo 200 lempiras mensuales, con esa cotización accederá a consulta general, medicinas de cuadro básico.

Si quiere tener acceso a exámenes como cardiogramas, rayos X, entre otros y hasta ser internado en los centros deberá pagar un poco más, podrían ser 300 o 400 lempiras de acuerdo a la discusión que se haga en el Congreso Nacional.

Pero con esto no hay acceso a cirugías o quimioterapias, para ello debe comprar el paquete general que será el más caro y con ese si puede gozar de todos los beneficios.

Y de acuerdo a cuanto pague es que se definirá el centro asistencial donde ser atendido”.

La Ley a criterio del diputado del partido Libertad y Refundación, Bartolo Fuentes está cubierta de demagogia, pues nadie cuenta el verdadero contenido de la misma y que en síntesis es la cereza en el pastel a todo el proceso de descalabro y privatización del seguro social.

Hasta el momento son pocos los sectores que han salido a las calles a rechazar este fuerte paquete neoliberal y solo las bases son las que sin dirección de la mayoría de dirigencias sindicales y obreras han iniciado un proceso sistemático por el rechazo a la Ley Marco de Protección Social y todo su conjunto.