Mientras en el marco de la inauguración de las Fiestas Patrias 2015 el presidente Juan Orlando Hernández hacía un llamado desde Tegucigalpa, a todo el pueblo hondureño para que promoviera los valores cívicos; en la ciudad de El Progreso y Tocoa, Colón, la policía recibía órdenes presidenciales para ejecutar una salvaje represión contra las personas que protestaban exigiendo castigo para los que se robaron más de siete mil millones de lempiras del Seguro Social.
Dos días consecutivos de represión vivió el norte del país.
El primer día de septiembre cuando se desarrollaban los actos de protocolo por la celebración de las fiestas de independencia; en los departamentos de Yoro , Santa Bárbara, Cortés, Colón, Intibucá y en el municipio de Amapala, organizaciones aglutinadas en las Mesas de la Indignación Ciudadana desarrollaban tomas de siete importantes ejes carreteros exigiendo la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH),el juicio político contra el Fiscal General y al mismo presidente de la república y transparencia en la elección de la nueva Corte Suprema Justicia.
“Aquí sí estamos inaugurando el mes de la patria con estas acciones que son parte de la expresión popular de un pueblo descontento con quienes nos gobiernan y la poca efectividad para resolver situaciones de conflicto que a diario atentan contra la vida humana, ya sea en materia de corrupción estatal, inseguridad, salud, educación, alimentación, tenencia de tierra, migración, desempleo y otras”, gritaba a través de un megáfono Karina Flores, mientras se desarrollaba la toma de carretera en la ciudad de El Progreso, Yoro.
Policías y militares sin mediar palabras comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas ejecutando de esa manera desalojos violentos que dejaron a manifestantes y periodistas con golpes, fracturas y criminalizados en postas policiales cuando se realizaban tomas de carreteras.
La primera represión se efectúo a eso de las 8:00 de la mañana cuando fueron atacados campesinos y demás pobladores indignados del Bajo Aguán quienes estaban en puente de la entrada principal de la ciudad de Tocoa, cuando fueron reprimidos por el ejército y la policía nacional.
“Sin mediar palabras los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas contra nosotros los manifestantes sin importar que en el lugar había niños, niñas y personas mayores. Los policías y militares de la fuerza de tarea conjunta Xatruch III no dieron oportunidad para dialogar, actuando sin ningún protocolo”, indicó una de las personas mientras intentaba escapar de la represión.
Este lugar se convirtió en una cacería para las fuerzas represivas del Estado, ya que mientras las personas corrían por potreros, los uniformados los perseguían, mientras algunos militares hacían disparos para que todos desalojaran la carretera, algunas balas impactaron en un vehículo de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, COPA, que era utilizada como unidad móvil.
Producto de la ola represiva en Tocoa, se reportó al inicio 16 personas detenidas, entre ellas dos mujeres, que fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía Nacional, y se les acusó de sedición, alterar el orden público y daños. Al día siguiente recobraron su libertad.
Ataque a periodistas
La mayor represión se vivió en la ciudad de El Progreso, y una de las periodistas afectadas gravemente fue Dunia Montoya, de la revista “Vida Laboral” quien fue rodeada por elementos armados que le quebraron su cámara de video y por si no fuera suficiente, la tiraron contra el suelo en donde le lanzaron patadas a su rostro.
En esta misma ciudad sufrieron agresiones físicas y psicológicas los periodistas Inmer Gerardo Chevez de Radio Progreso. Igual suerte corrió Román Paz de la televisora Campus TV. Mientras que a Edy Andino, de Canal 6, le impactó una bomba lacrimógena en su rodilla derecha.
De acuerdo al dictamen médico Dunia Montoya sufre luxación de su hombro derecho, golpes contusos en el rostro y tórax causados por las «patadas» propinadas por agentes de la Policía. Dunia Montoya, reconocida profesional del periodismo es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas por la CIDH a la Secretaría de Seguridad hace seis años; ahora tendrá que guardar al menos dos meses de reposo por la golpiza policial.
Otro caso de represión al trabajo periodístico tuvo lugar en Tocoa, donde fue agredido el comunicador Cesar Obando, corresponsal de Radio Progreso, quien daba cobertura a la protesta de los indignados e indignadas en aquella ciudad.
Obando fue lanzado al suelo por un policía que después junto a otro lo persiguieron y amenazaron diciendo que «por su culpa la gente se estaba dando cuenta». Obando corrió y logró tomar un taxi que lo llevara al Comisionado de Derechos Humanos donde se refugió hasta que llegaron organizaciones de derechos humanos para llevarlo a interponer la respectiva denuncia.
En el caso de los periodistas: Dunia Montoya, Inmer Gerardo Chevez y el comunicador Cesar Obando, fueron ataques dirigidos específicamente para ellos quienes documentaban el alto nivel de represión que vivía la población indignada el pasado uno de septiembre.
Denuncia
Por los delitos de abuso de autoridad, torturas y violación a los deberes de los funcionarios, se interpuso una denuncia contra miembros de la Policía Nacional Preventiva y militares de El Progreso, Yoro, que estaban bajo las órdenes del sub comisionado Romero.
Esta acción legal fue interpuesta ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, de San Pedro Sula, por periodistas y miembros de la población indignada que recibieron agresiones físicas y psicológicas en el desalojo violento ejecutado en la toma de carretera que se mantenía en Quebrada Seca, El Progreso. La denuncia estuvo acompañada con fotografías y videos donde se muestra la represión.
“Nosotros esperamos que esta denuncia termine con sanciones penales contra los policías que nos masacraron a golpes”, indicó una de las personas indignadas que llegó a la fiscalía a interponer la denuncia. Sin embargo manifestó “sabemos que con este tipo de institucionalidad que tenemos en Honduras nada pasa a pesar que uno presenta pruebas contundentes.
El vocero de la Policía Preventiva en la zona norte, Jorge Rodríguez, indicó que se va investigar quienes son los policías que agredieron a los periodistas y demás ciudadanos. “Somos una institución responsable y seguiremos todo lo que indica la Ley», manifestó.
“Utilizamos todos los medios necesarios para que las personas despejen las vías tomadas, sin embargo al negarse hacerlo se procede al desalojo y cuando los manifestantes se vuelven violentos entonces tenemos que hacer uso de la fuerza”, indicó.
Pero Jorge Días miembro de la Mesa de la Indignación en El Progreso, manifestó que hay orden desde Casa de Gobierno, para reprimir cualquier acción contundente que exija el castigo para los responsables directos e indirectos del mayor acto de corrupción en la historia de Honduras, como es el saqueo del Seguro Social.
Represión en Villanueva, Cortés
El día siguiente, Honduras nuevamente fue escenario de represión policial y militar. A las 7 de la mañana obreros y obreras de maquilas en Zip Búfalo, Villanueva, Cortés se tomaron la carretera que conduce a San Pedro Sula y Potrerillos. Tres horas después llegó un contingente policial para proceder a un desalojo que se extendió hasta las 2 de la tarde.
Estos obreros y obreras no se identificaron dentro de un sindicato pero aseguraron estar cansados de la corrupción que ha llevado a la crisis al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y principalmente exigieron la derogación de la nueva Ley Marco Protección Social.
Una de las preocupaciones más comunes entre los manifestantes era que el pago de sus cesantías (que en la maquila se hace cada año) iba a ser tomado en un 50% por el gobierno para administrarlo y colocarlo en una cuenta privada a la cual no se tendrá acceso hasta el cumplimiento de su contrato.
A partir del 4 de septiembre, los empleadores comenzarán a acreditar el 4% calculado sobre el salario de los trabajadores en una subcuenta de reserva laboral de capitalización individual gestionada por una Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía (AFP). Cada trabajador debe abrir la subcuenta en el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). El patrono pagará ese porcentaje a favor del empleado hasta que acumule un 50%. Garantizará al empleado el 50% de sus prestaciones gozadas a partir del 4 de septiembre. Así lo estipula el artículo 30 de la Ley Marco de Protección Social.
Cuando de sus fábricas fueron informados que esto sucedería con sus cesantías, los obreros decidieron salir a la calle a protestar, pidiendo que se derogue toda la ley porque además sienten que es como “borrón y cuenta nueva después del desfalco del IHSS y ese robo nos lo quieren cobrar”, dijo una de ellas de quien omitiremos el nombre por seguridad.
Ayer en El Progreso, Yoro; empleados de las maquilas en ZIP Porvenir se sumaron a la protesta de las mesas de indignación paralizando el tráfico a la altura de Quebrada Seca y siendo también fuertemente reprimidos por policías y militares. Las demandas se unen ya que el sector maquila se ve seriamente afectado por el desfalco en el IHSS, la corrupción y las nuevas leyes que siguen violentando sus derechos, según dirigentes allí presentes.
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La orden es desalojar
La protesta obstaculizaba dos carriles de carretera parando gran cantidad de furgones y camiones de carga así como vehículos particulares. Cuando la policía llegó al mando del Comisionado Sabillón éstos dieron 10 minutos para proceder el desalojo y dijeron que ellos solo dialogaban cuando se soltaran las carreteras. Los trabajadores continuaron en sus puestos y comenzaron a cantar el himno nacional.
Uno de los comisionados al mando nos dijo que esa era la orden a nivel nacional, desalojar cualquier protesta que detenga el tráfico, garantizar el derecho a la libre circulación usando gas lacrimógeno, toletes y demás instrumentos de represión contra la humanidad de manifestantes.
Eran alrededor de 2 mil obreros y obreras y algunas personas vecinas que se sumaron porque sintieron indignación al escuchar el reclamo de los manifestantes. Cinco minutos antes del desalojo llegó el titular de la Secretaria de Trabajo en San Pedro Sula, Alexander Leiva y concluyó que los obreros en protesta estaban confundidos con la ley y que nada de lo que ellos reclamaban era correcto.
Cinco minutos tardó el representante del Estado en esta rama en hablar con los obreros y obreras y de inmediato salió para que la policía comenzara a reprimir violentamente.
Mientras los cientos de manifestantes cantaban el himno nacional, la policía nacional disparó bombas de gas lacrimógeno, cohetes, y con una tanqueta rociaron agua. Cuando, especialmente las mujeres, corrieron para refugiarse a los alrededores de la zona, la policía las siguió y tiró gas. Así varios reporteros que cubrían la noticia también fueron afectados por el gas lacrimógeno y otros químicos lanzados desde tanqueta.
Mujeres y niños que estaban en puestos de comida en los alrededores fueron afectados también.
Tras ese primer ataque, la carretera se convirtió en una batalla campal donde un grupo de alrededor de 300 obreros se atrincheraron para lanzar piedras a los policías y militares que llegaron de respaldo. Así permanecieron por tres horas, mientras volaban piedras, bombas lacrimógenas y disparos por parte de militares.
Siete heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Mario Catarino Rivas y solo se supo que dos de ellos permanecen internados, una por ser afectada por el gas lacrimógeno y otro por golpes en la cabeza.
Allanamiento de morada
Cuando la mayor parte de los manifestantes estaban dispersos, los policías y militares comenzaron a registrar buses y hasta entraron a una casa de madera ubicada en el desvío a Marañones, cerca del Zip.
En esta casa se ubicaban algunas personas refugiadas, mujeres y hombres mayores en su mayoría. Uno de los vecinos que allí estaba fue sacado violentamente de la casa por militares, golpeado en uno de sus costados con un tolete y llevado detenido por andar “sin camisa”. “A los vagos se les trata como vagos” dijo un policía cuando se le preguntó por qué le pegaban.
Los policías y militares entraron violentamente a la casa sin una orden de allanamiento, intimidando a todas las personas que allí escapaban del gas lacrimógeno, incluyendo periodistas.
Las jornadas de protestas en Honduras llevan 3 meses exigiendo castigo a los corruptos que saquearon el IHSS y pidiendo la instalación de una Comisión contra la Impunidad que investigue a quienes están en el poder. A estas demandas se ha unido ahora el sector maquila exigiendo también la derogación de la nueva Ley Marco de Protección Social. Mientras los obreros y obreras informan que seguirán protestando, el actual gobierno sigue respondiendo con represión.
Este tipo de manifestaciones públicas donde convergen diferentes sectores sociales y económicos, surgieron a finales del mayo pasado inicialmente con las denominadas caminatas de las antorchas en horas de la noche, cuando el pueblo con antorchas en mano, gritan “fuera JOH” exigiendo la salida de Juan Orlando Hernández de la presidencia de la República y castigo a los saqueadores del Seguro Social.
Recordemos que por este gran acto de corrupción murieron más de 2800 personas por falta de atención médica debida. Asimismo piden la renuncia del Fiscal General Óscar Chinchilla y Fiscal Adjunto Rigoberto Cuellar. Y afirman un rotundo “no” al diálogo que propone JOH, el cual es catalogado como un monólogo con personas y organizaciones afines a sus intereses.
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