La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) presentó la mañana del miércoles en San Pedro Sula una demanda pública donde se exige al gobierno que ante la crisis provocada por la industria minera ponga fin a las concesiones, el resarcimiento de daños directos y colaterales a las comunidades y castigo a los asesinos de dirigentes indígenas, afrodescendientes y comunitarios por sicarios, policías y militares al servicio de las empresas mineras.
El ambientalista y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) dice que no están exigiendo al gobierno que revise artículos de la Ley General de Minería, si no que cancele por completo las concesiones otorgadas en el país.
Actualmente más del 35 % del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, sumándole a esto las concesiones de los ríos podríamos decir que cerca de un 50% de nuestro territorio se encuentra en manos de la industria extractiva.
Organizaciones defensoras del ambiente aseguran que en Honduras existen más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas y varias concesiones para la construcción de proyectos turísticos.
Según el ambientalista Juan Mejía, Santa Bárbara, Atlántida y Yoro son los departamentos donde existen más concesiones mineras, sin olvidar otras regiones del país, como la zona sur, el departamento de Colón, y el resto los departamentos del occidente.
Peligro de las concesiones
La preocupación de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) es latente porque la explotación minera solamente ha dejado despojos, persecuciones, muerte, contaminación ambiental y división en las comunidades.
Olga Hernández, una joven campesina de la comunidad Nueva Esperanza en Tela, Atlántida, recuerda ómo el interés del empresario Lenir Perez, en contubernio con la municipalidad de Tela en instalar una minera para extraer óxido de hierro, dividió, y atemorizó a la comunidad en el año 2013.
“Fue una lucha muy difícil la que tuvimos en las comunidades del sector Florida en Tela, la voracidad de los empresarios, en complicidad con la municipalidad comenzó con la división en la comunidad, querían quedarse con nuestras tierras, nos intimidaban con la policía y hombres armados, fue una pesadilla”, recuerda la campesina.
Problemas como los que enfrentaron en Nueva Esperanza, son comunes en los lugares donde el Estado ha dado concesiones, las mineras, solo dejan problemas a las comunidades, y destrucción al ambiente.
Soberanía Popular
Desde la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) se insta a las comunidades a defender el territorio y los bienes naturales, es necesario que el Estado respete la decisión soberana de las comunidades de decir no a los proyectos extractivitas
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