El próximo domingo 12 de marzo, Honduras desarrollará elecciones internas de 3 partidos políticos (Liberal, Nacional y Libre) que elegirán a sus candidatos para las elecciones generales del mes de noviembre. El proceso electoral, el décimo en la historia de la democracia representativa hondureña, se da en medio de una profunda crisis como resultado del manoseo a la institucionalidad y el Estado de derecho.
El Censo Nacional arroja que unos 5.7 millones de ciudadanos y ciudadanas están aptos para ir a las urnas a elegir a los candidatos para unos 2.990 cargos: presidente de la república, tres designados presidenciales, 298 alcaldías y 128 candidatos para diputados.
Elecciones en periodo de ilegalidad
Los comicios electorales son parecidos a las elecciones que se desarrollaron después del golpe de Estado, año 2010, ya que se dan en un periodo de anormalidad e ilegitimidad, dice el abogado y doctor en derecho humanos, Joaquín Mejía.
Para el estudioso en materia de derechos humanos, el proceso electoral hondureño es la culminación de un plan muy bien orquestado del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que busca consolidar su proyecto continuista.
“La inscripción de la candidatura interna de Juan Orlando Hernández se da violentando la Constitución de la República, sobre todo el aspecto de la soberanía popular. Es una candidatura ilegal porque la prohibición a la reelección está dentro de un artículo pétreo de la Constitución, y el único que tiene la facultad de derogar o eliminar es el soberano –pueblo-. Ningún poder constituido tiene la facultad de modificar esa norma pétrea, ya que se suplanta la soberanía popular, lo que se traduce en rompimiento del orden constitucional”.
Mejía asegura que la clase política hondureña hace uso perverso del tema de la democracia, porque se llama a votar pero de fondo se cercena a la ciudadanía para que decida sobre asuntos fundamentales para el país, un ejemplo de ello es la reelección presidencial.
La decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández violenta abiertamente la Constitución y todos los responsables incurren en los delitos de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular y de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio, de acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal Penal, dice Mejía.
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Escándalo que salpica la oficialidad
El país es sacudido con un nuevo escándalo por el involucramiento de políticos, empresarios y funcionarios públicos en estructuras criminales. El juicio que se sigue al hijo del ex presidente Lobo Sosa, Fabio Lobo, que se desarrolla en una corte del estado de Nueva York llevó a Devis Leonel Rivera Maradiaga, miembro del cartel de Los Cachiros a revelar información sobre el soborno y participación de funcionarios en sus actividades de narcotráfico.
En la declaración Rivera Maradiaga dio los nombres de Oscar Nájera, diputado nacionalista del departamento de Colón, Adan Fúnez alcalde de Tocoa, el coronel Julián Pacheco Tinoco, actual ministro de seguridad y el propio ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quienes estarían involucrados en su negocio de trasiego de drogas.
En las últimas horas ha circulado la declaración íntegra del cabecilla de esta agrupación dedicaba al tráfico de drogas. Rivera Maradiaga dijo que en varias ocasiones se reunieron con políticos, funcionarios y empresarios hondureños para cancelar sobornos a cambio de seguridad y contratos con el Estado.
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¿Qué legitiman las elecciones?
El catedrático universitario y analista político Eugenio Sosa cree que las elecciones, tanto internas como generales, puede ser un mero trámite para seguir la apuesta de una continuidad de privilegios para el grupo que dirige el actual presidente Juan Orlando Hernández y otras élites que conducen los hilos del país. Pero también, puede ser la oportunidad de consolidar la alianza político electoral.
“Este fin de semana podremos ver importantes sectores de la ciudadanía movilizándose para votar, probablemente el 50 por ciento del electorado llegue a las urnas, ese dato es razonable. No cabe duda que estas elecciones se enmarcan en la reafirmación de procesos partidarios donde no pasaremos de discusiones a lo interno de los partidos, con gran desconfianza de la ciudadanía por el triste papel del Tribunal Supremo Electoral-TSE- que aceptará cualquier resultado que digan los partidos, dice el sociólogo Sosa.
Para el analista, la alianza PAC-LIBRE-PINU- podría convertirse en una oportunidad siempre y cuando, sea una alianza con contenidos, que se construya de forma democrática, de puertas abiertas, que dé la bienvenida al debate y discusión de los problemas de país. Además de no agotarse en el proceso electoral.
En cambio, el padre Ismael Moreno, analista político y director del ERIC-SJ cree que las elecciones actuales son parte del conflicto. “Las elecciones podrían ser el camino para resolver democráticamente los grandes desafíos de la sociedad, pero estas elecciones en particular, son parte del conflicto. Lo que uno puede prever que en lugar de avanzar a la búsqueda de respuestas a los problemas de país, los resultados electorales van a profundizar la inestabilidad hondureña, y en lugar de ser solución democrática serán parte del conflicto de la antidemocracia.
Creer en ciudadanía
El reto de la ciudadanía y de las mismas organizaciones sociales y popuales en Honduras, es creer en un pensamiento crítico en relación con los discursos oficiales y las campañas políticas que a través de las canciones, figuras y rostro ocultan el deterioro de la política hondureña, dice el padre Ismael Moreno.
“Exigir que las elecciones no sean el único camino sino una parte de él, es una labor de la ciudadanía, además de exigir a los líderes de la oposición condicionar su participación en las elecciones generales de noviembre próximo, si no se aprueban reformas electorales para una participación en igualdad de condiciones, únicamente así el voto de la población será respetado y no se legitimará el control que tiene la oficialidad”.
Diversos sectores están claros que el actual proceso electoral es el más conflictivo, complejo y políticamente amañado en la historia de Honduras. Todo apunta que las elecciones, tal como están diseñadas hasta ahora, más que solución a la crisis, serán otra causa de la conflictividad que atraviesa Honduras.