“El concejal, vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, tiene nexos familiares con el ex presidente Rafael Leonardo Callejas (quien ha recibido decenas de cartas de libertad por sonados actos de corrupción en el país), además de ser un reconocido militante del Partido Nacional, es el resultado de la repartición del poder que hizo el Congreso Nacional para entregar cuotas de poder a los nacionalistas y liberales”, así describió el abogado y ex juez de sentencia Ramón Enrique Barrios a Bonilla quien fue acusado de recibir órdenes del titular del Ejecutivo esta semana por un alto funcionario del Poder Judicial.

En una extensa entrevista realizada por el periodista Esdras Amado López, el recién removido juez de sentencia, José Echenique reveló que el vicepresidente del Consejo de la Judicatura lo llamó a su oficina para, a través de soborno, incidir en la sentencia que el funcionario debía dar al comunicador David Romero Ellner, director de radio y TV Globo.

Antecedentes 

Desde el año 2014, el periodista Romero enfrenta un juicio por 41 delitos de calumnias y difamación, acusaciones hechas por la ex fiscal y esposa del fiscal general adjunto de la república, la abogada Sonia Gálvez.

Según David Romero Ellner, las acusaciones de la ex fiscal se dan por represalias, ya que él ha denunciado una serie de actos de corrupción a lo interno del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, que culminaron con la quiebra de la institución luego de un latrocinio de siete mil millones de lempiras.  Entre las denuncias hechas por el periodista está la confabulación del Ministerio Público en este caso y el soborno que al parecer recibió el fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.

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“Quiero que me eche una mano, es que el hombre (refiriéndose al presidente Juan Orlando Hernández) quiere que el periodista sea condenado, pero no solo lo quiere condenado, sino que lo quiere ver preso para que esto sea como algo amedrentador”, denunció el juez Echenique.

En la entrevista el juez Echenique dice que el vicepresidente del Consejo de la Judicatura le ofreció una jugosa recompensa por su accionar, porque a Bonilla el premio mayor se lo daría el mismo presidente de la república, quien le dijo que sería el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Según el juez en algún momento pensó en denunciar ante el Ministerio Público pero luego recordó que otro juez de sentencia del departamento de Choluteca tiene una denuncia en contra de Teodoro Bonilla, y hasta ahora ni siquiera se ha investigado.

“En este caso habían muchos intereses en juego. El periodista Romero estaba denunciando muchos actos de corrupción en el país, también sabía quién era la parte ofendida en este caso, que era la esposa del fiscal adjunto contra quien Don David había hecho algunos señalamientos fuertes, entonces había muchos intereses en juego, pero lo que si estoy yo claro es que yo no le iba hacer en ningún momento  caso a la insinuación de Don Teodoro Bonilla. Si en un momento yo condenaba iba a ser con el resultado de las pruebas que íbamos a evacuar”,  declaró el abogado Echenique.

En respuesta a la denuncia el abogado Teodoro Bonilla dijo estar “sorprendido” por las declaraciones del juez Agüero Echenique. “Me sorprende cuando dice que le solicité condenar al señor David Romero por una supuesta petición por parte del presidente de la República. Quiero dejar claro que es absolutamente falso lo que declara el ex juez, él miente y miente, puesto que nunca he recibido instrucciones o indicaciones del presidente con relación a este o a cualquier otra cosa”, expresó.

A renglón seguido apuntó que “con absoluta franqueza digo que no alcanzo a entender las motivaciones que haya tenido el abogado Agüero Echenique al formular esas temerarias e irresponsables declaraciones. Solo me queda pensar que se trata de un intento más por desacreditar, descalificar el sistema de justicia hondureño y el trabajo que realizamos día a día en el Consejo de la Judicatura por depurar y mejorar el Poder Judicial”.

Bonilla prometió que como lo han involucrado en el caso, se excusará para que la investigación sea totalmente imparcial y advirtió que a título personal realizará las acciones legales que por derecho le asisten, para que Agüero Echenique aclare las acusaciones falsas que le hace.

Juicio Político 

El abogado Barrios declaró que conoce la trayectoria del juez Echenique: “Es de la primera promoción de jueces de sentencia. Un juez que está dentro del sistema y que con sus denuncias en contra del Consejo de la Judicatura, comprueba lo que hemos venido denunciando y hace obvio lo evidente, el Consejo de la Judicatura obedece a la presidencia de la república porque es el resultado de una repartición de poder que se hizo en el Congreso Nacional entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, ya que el concejal Teodoro tiene un nexo familiar con el ex presidente Callejas”.

En entrevista con Radio Progreso Ramón Barrios agregó que el Consejo de la Judicatura no es producto de la capacidad de los recursos humanos que están allí, los miembros que lo integran son integrantes prominentes del Partido Nacional y Liberal que llegaron allí con su vinculación política con la dirigencia de ambos partidos.  Los miembros de la Judicatura hacen que la impartición de justicia en Honduras esté completamente politizada, y la ciudadanía al no creer en la legitimidad del poder judicial y de la institucionalidad en general exige la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICI-H.

Ante la pregunta que se haría en un verdadero Estado de derecho después de esta denuncia de un alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Barrios dice que es necesario dos actuaciones, la primera es política y le corresponde al Congreso Nacional, quien debe llamar al juez Echenique e interpelar a los integrantes de la Judicatura, y si se comprueba la interferencia del presidente de la república se deben llevar a juicio político y destitución, además de convocar a una nueva elección con representantes genuinos y comprometidos con la justa aplicación de la justicia.

La segunda actuación, según Barrios es la criminal y la encamina el Ministerio Público. La fiscalía tiene el deber de actuar de oficio ante una acusación tan grave como la hecha por el juez de sentencia Echenique.

“Ojalá que la comisión que está impulsando el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, entienda que es necesario que tanto los miembros del Consejo de la Judicatura y el presidente del Poder Judicial deben quedar excluidos de cualquier intención de seguir como funcionarios judiciales, y es aquí donde debemos trabajar las organizaciones de sociedad civil”, concluyó diciendo el abogado Ramón Enrique Barrios.

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La justicia ha desaparecido en Honduras 

El ex fiscal general de la república, Edmundo Orellana Mercado dice que esa intervención que ha denunciado el juez Echenique es gravísima. “Podemos asegurar que de ser cierta la denuncia el sistema de justicia desapareció en Honduras porque cuando un juez ya no es apegado a la ley, ni a la Constitución, ni a la Jurisprudencia para aplicar los criterios a efecto de juzgar quien es culpable y quien es inocente, sino que en lugar de esto tiene que someterse a las órdenes político partidistas que vengan del presidente de la república, definitivamente ha sustituido la ley por el capricho del político de turno”, dijo el también analista político.

Al igual que el abogado Barrios, el ex fiscal general dice que en un país donde se respetaran las leyes y existiera auténtica democracia se harían dos cosas: el camino al juicio político, el Congreso debería tomar cartas para comenzar una investigación que conlleve a juicio político contra los miembros de la Judicatura, y una segunda es la labor del Ministerio Público al deducir responsabilidad penal en dichas actuaciones.

A pesar que ambos profesionales están claros y dan elementos jurídicos de por qué sí se debe aplicar juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y al mismo presidente de la república Juan Orlando Hernández, lo que se ha hecho hasta ahora es todo lo contrario.

Ante la moción de la diputada del Partido Libertad y Refundación, Beatriz Valle  de aplicar juicio político contra Teodoro Bonilla, la junta directiva del legislativo se negó rotundamente, dando fuerza a ese discurso oficial que en Honduras nada está pasando, a pesar de las múltiples denuncias de abusos de autoridad, sobornos, corrupción e impunidad.

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