La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció el cambio inesperado de juzgado en el caso de cinco líderes garífunas criminalizados en la comunidad de San Juan, municipio de Tela, Atlántida.

“Mediante abuso de poder y cometiendo el delito de prevaricato judicial, la abogada Norma Fuentes, jueza de Letras seccional de Tela, ha emitido una resolución en la cual, de oficio, se declara incompetente para conocer el proceso penal contra los compañeros de la comunidad de San Juan, basándose en su propio argumento de que la comunidad es una comunidad del crimen organizado. La jueza ha enviado el expediente al tribunal de Letras con Competencia Territorial Nacional y Criminalidad Organizada, con sede en San Pedro Sula, sin notificar a una de las abogadas de la defensa”, denunció Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

Miranda agregó que “sabemos que esta decisión es una orden de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que esta audiencia sea en San Pedro Sula, en una jurisdicción nacional y, lo más grave, argumentando que San Juan es territorio de crimen organizado”.

El pasado 6 de julio, alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron una orden de desalojo de un terreno ubicado en la comunidad de San Juan, Tela. Durante el procedimiento fueron detenidas cinco personas, entre ellas el presidente del Comité de Defensa de la Tierra de la comunidad.

En ese momento, el jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, el comisionado Wilmer Mayes Ríos, informó a la prensa que la operación respondió a una orden de desalojo de una propiedad privada a favor de la sociedad mercantil Promociones y Turismo, amparada en el Decreto Legislativo 107-2026.

Para Miriam Miranda, esta decisión de desalojar a la comunidad de su propio territorio ancestral es una estrategia que han impulsado desde décadas empresarios en colusión con el Estado, para apropiarse de forma ilegal de la tierra que pertenece a las comunidades garífunas y que ha sido reconocida incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A través de un escrito, el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) aseguró que la violencia contra la comunidad garífuna de San Juan no inició con el desalojo del 6 de julio. “Desde 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la comunidad ante las constantes amenazas contra sus líderes y lideresas y la desprotección de sus tierras ancestrales. En ese expediente también se documentó la muerte de Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo, miembros de la comunidad, ocurrida tras recibir disparos de agentes policiales, hechos que la CIDH calificó como un uso injustificado y desproporcionado de la fuerza letal”, dice el documento.

La propia Corte IDH concluyó que existía una situación de violencia sistemática contra los miembros de la comunidad garífuna de San Juan por parte de terceros y, en algunos casos, de la fuerza pública. Esa situación se concretó en homicidios y estuvo vinculada, en parte, a un conflicto territorial no resuelto durante décadas. Por eso, el desalojo reciente actualiza una historia de violencia territorial que el Estado conocía y no resolvió.

El abogado Eddy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, quien representa a la comunidad garífuna, lamentó la utilización de la justicia para judicializar y encarcelar a los liderazgos.

“Cuando el poder político y económico se ponen de acuerdo para la criminalización, suceden estas cosas, y es importante decir que no es la primera vez. El caso más conocido en el que ocurrió algo muy similar es Guapinol, en el que también acusaron a compañeros y compañeras de ser un grupo de criminalidad organizada; es lo mismo que está ocurriendo con la comunidad de San Juan”, comentó el abogado.

Según Tábora, esto tiene como finalidad mantener un control total del expediente y sacarlo del lugar más cercano a la comunidad, donde el pueblo puede acompañar y expresar su inconformidad sobre la acusación. “Mover el expediente hasta San Pedro Sula es absurdo, porque, fíjese, la jueza invoca un artículo del Código Procesal Penal, y esto lo menciono para que ustedes vean cómo se fabrican argumentos fraudulentos para criminalizar las luchas sociales. Justo así se construyen los fraudes procesales para garantizar que los juzgados se pongan bajo los intereses de la oligarquía de este país”, dijo Tábora.

Para el defensor, el artículo 63 del Código Procesal Penal es imperativo al expresar en su penúltimo párrafo que las cuestiones de competencia entre dos órganos jurisdiccionales se deciden conociendo competencias, aquel que le corresponde según el orden establecido en los numerales anteriores, pero no precisa cuáles son. “Entonces, seamos claros, este caso es ilegal. El artículo 63 se refiere a los casos que puede conocer un juzgado cuando se ignore el lugar en que se ha cometido un hecho”, concluyó Eddy Tábora.

En este caso de criminalización del pueblo garífuna de San Juan, el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía dijo que “el sistema de justicia asume que son una comunidad de criminalidad organizada para encarcelarlos. Pero a quienes son condenados por narcotráfico o señalados por corrupción, ese mismo sistema les pone una alfombra roja hacia la libertad”.

Sobre la criminalización, el padre Ismael Moreno, P. Melo, que acompaña la lucha de la Ofraneh y las comunidades garífunas, criticó el accionar del gobierno de Nasry Asfura y particularmente del Partido Nacional, que se atreven a calificar de criminales a las comunidades, cuando son ellos —según informes de la fiscalía del distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos— la estructura criminal.

Condena al Estado de Honduras

El 29 de agosto de 2023, la Corte IDH emitió su sentencia en el caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras, declarando al Estado responsable por vulnerar el derecho a la propiedad colectiva, la participación en asuntos públicos, el acceso a la información pública, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de la comunidad.

La Corte estableció que el Estado de Honduras vulneró el derecho de propiedad de la comunidad por la falta de titulación, delimitación y demarcación de su territorio, y porque no garantizó el uso y goce efectivo de la propiedad comunal. También señaló que, en el marco de la ampliación del casco urbano de Tela y la creación del Parque Nacional Jeannette Kawas, las autoridades no garantizaron la participación de la comunidad en decisiones que afectaban directamente su territorio.

Las comunidades garífunas que llegaron de todo el país al municipio de Tela instalaron este día un campamento en exigencia de que se cancelen los procesos de criminalización contra los líderes comunitarios y se respete el título ancestral de las comunidades garífunas. “Es tiempo que el Estado garantice el cumplimiento de las cuatro sentencias que hemos ganado ante un tribunal internacional, que demostró como se están apropiando ilegalmente de nuestro territorio”, concluyó Miriam Miranda.