Más de veinte comunidades en la zona alta del municipio de Quimistán, Santa Bárbara en el occidente hondureño, están amenazadas con desaparecer debido a la instalación de la represa hidroeléctrica Santa Lucia, del empresario cafetalero Emilio Medina, sobre el río Cuyagual. Importante fuente de agua que abastece a comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés.
Producto de las acciones de protesta emprendidas por las comunidades, el 14 de julio en la alcaldía de Quimistán, se acordó formar una comisión tripartita para investigar los daños ambientales que la empresa ha causado en la zona, exigir los permisos de operación y un estudio de impacto ambiental. Además las comunidades buscan detener la instalación de otras represas hidroeléctricas en los ríos Cuyamel y Listón.
El 10 de julio, muy temprano y con pancarta en mano, representantes de las comunidades se ubicaron en el desvío al Cacao, para impedir que la empresa de Emilio Medina continuara transportando materiales y combustible hasta el lugar donde se construye la hidroeléctrica. El 11 de julio la acción de protesta se acrecentó y la población instaló dos campamentos.
En reunión realizada en la alcaldía el apoderado legal de la empresa hidroeléctrica Oscar Ríos, amenazó que de continuar las protestas, fácilmente la empresa se retiraba dejando a más de 300 empleados sin ingresos económicos. Esta amenaza hizo que los trabajadores y trabajadoras también se manifestaran confrontando violentamente a la población que se opone al proyecto extractivista. En esta acción también fue retenido por espacio de media hora el equipo del ERIC y Radio Progreso, personal que daba acompañamiento y cobertura a las problemática que aquejan a las comunidades.
Según las organizaciones ambientalistas en Honduras hasta ahora los proyectos hidroeléctricos y mineros únicamente han generado una sociedad polarizada, empobrecida y contaminada. “Lo primero que hacen las empresas en las comunidades es comprar líderes para que defiendan sus intereses por encima de la voluntad de la gente”, dice la regidora municipal de Macuelizo, Santa Bárbara Eunice Ramírez, asegurando que en el sector de Quimistán, hay familias divididas por la instalación de la represa.
A pesar de eso la población se ha organizado para resistir pacíficamente en la defensa de sus bienes naturales. En esa zona son cuatro los ríos que se encuentran amenazados con ser represados. Uno de ellos el río Listón, donde el Estado de Honduras otorgó una concesión para la generación de energía al empresario Jhony Canahuatti.
La gente de la montaña y del valle de Quimistán, exige que se deduzcan responsabilidades a la empresa de Emilio Medina por los daños irreversibles al ambiente que ha provocado y por las enfermedades en la piel que padecen algunos pobladores. “Se han secado dos fuentes de agua y tenemos gente con infecciones en la piel porque han contaminado el río”, expresó con indignación Vidal Méndez durante las acciones de protesta que realizaron.
Santa Bárbara en peligro
Santa Bárbara es el departamento con mayor inserción de la industria minera e hidroeléctrica. Con un total de 98 empresas de 537, que son en el país, según el informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). Además de 28 ríos destinados para la instalación de represas hidroeléctricas.
Solo a American Pacific de Honduras Inc, de origen canadiense, se le han otorgado 45 concesiones mineras, todas metálicas. Estas concesiones a American Pacific de Honduras, representan un total de 22,607.96 hectáreas. La empresa, fundada en 2011, tiene como principal objetivo, la extracción de metales en los departamentos de Santa Bárbara y Choluteca.
Treinta y cinco, de las concesiones otorgadas a American Pacific en el occidente hondureño están en los municipios de Concepción del Sur, San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, Quimistán y Macuelizo. Hasta el año 2013, la empresa canadiense tenía diecinueve concesiones en categoría de “suspenso” en los municipios de Ceguaca, Concepción del Sur, Santa Bárbara, y San Pedro Zacapa.
Además a la trasnacional minera “Aurora Exploración”, le otorgaron tres concesiones en el departamento de Santa Bárbara, dos en el municipio de Quimistán, en la zona de Pinal II de 1,000 hectáreas y en la zona de Zopilote de 400 hectáreas, una tercera en el municipio de San Marcos, en la zona de Zarnoso con 800 hectáreas. Otras concesiones a Aurora Exploración en los municipios de Petoa y Macuelizo se encuentran en solicitud.
“Hay municipios que podrían desaparecer completamente”, aseguró para Radio Progreso Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS, un espacio que aglutina a las comunidades defensoras de la madre tierra. Betty ha denunciado que el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha irrespetado la autonomía de los municipios y el Convenio 169 de la OIT, ya que Santa Bárbara se compone de comunidades indígenas Lencas.
En Quimistán las comunidades esperan que se logre acuerdo para evitar la conformación entre los mismos habitantes, además que se respete el derecho al ambiente sano que tiene la ciudadanía, ya que la represa representa una amenaza para la vida misma de la gente.
