El 12 de mayo de 2026, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, capturó al exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez; al empresario Héctor Eduardo Méndez Pérez y al comerciante Juan Ángel Ramos Gallego, por suponerlos responsables de inducción en el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024.
Posteriormente, el 16 de mayo, tras una audiencia inicial que se prolongó por más de 15 horas, una jueza con Jurisdicción Nacional, con sede en los juzgados de San Pedro Sula, les dictó auto de formal procesamiento con medida de prisión preventiva.
La resolución implica que los acusados permanecerán recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, mientras esperan la siguiente etapa procesal programada para agosto.
Durante la audiencia, seguida de cerca por comunidades y organismos defensores de derechos humanos, el Ministerio Público presentó las pruebas que sustentan la ampliación del requerimiento fiscal 240-2024 que contiene el expediente investigativo sobre el asesinato del ambientalista y Delegado de la Palabra de Dios, Juan Antonio López.
Por este mismo caso ya guardan prisión Oscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, señalados como autores materiales del crimen y quienes enfrentarán juicio oral y público el próximo 15 de junio de 2026. Con esta nueva resolución judicial, las autoridades también mantienen en prisión a Adán Fúnez, Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos, acusados de haber inducido el asesinato del defensor, figura conocida como autoría intelectual.
Según la Fiscalía, Juan López asumió un papel activo dentro del movimiento de defensa ambiental articulado en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. Posteriormente, también participó en espacios de incidencia política municipal como regidor de la alcaldía de Tocoa, administración encabezada entonces por Adán Fúnez.
El ente investigativo expuso que, dentro de la municipalidad, se tomaron decisiones que afectaban los intereses comunitarios y favorecían a sectores empresariales. Según la acusación, esta situación provocó manifestaciones públicas lideradas por Juan López, las cuales se intensificaron durante 2023 y 2024, especialmente ante los intentos de poner en marcha una planta generadora de energía vinculada al empresario Lenir Pérez.
La Fiscalía también contextualizó el caso con la difusión del llamado “narco video”, en el que aparecían el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y el exdiputado Carlos Zelaya, presuntamente negociando financiamiento político con narcotraficantes. En ese escenario, el 10 de septiembre de 2024, apenas cuatro días antes de su asesinato, Juan López pidió públicamente, junto a otros líderes comunitarios y actores políticos, la renuncia inmediata de Adán Fúnez.
No obstante, de acuerdo con la tesis fiscal, el crimen contra el ambientalista no se originó únicamente por esos hechos recientes, sino por un conflicto que se habría venido gestando desde años atrás, a medida que sus denuncias y acciones públicas comenzaron a incomodar intereses políticos, económicos y estructuras criminales vinculadas al poder local.
Las pruebas que destapan parte de una estructura criminal
El Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales para sustentar la acusación. Entre los testimonios figura el de una persona identificada bajo la clave “Triple C-2024”, cuya identidad fue reservada por razones de seguridad.
Según el relato expuesto en audiencia, el testigo aseguró conocer a Oscar Alexis Guardado, señalado como el presunto sicario que disparó en reiteradas ocasiones contra el ambientalista Juan López, provocándole la muerte de manera inmediata.
De acuerdo con esta declaración, Oscar Alexis Guardado habría sido contratado por Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Méndez, supuestamente por instrucciones del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez.
La Fiscalía sostiene que se habría ofrecido un pago de 200 mil lempiras, monto que sería distribuido entre los presuntos participantes en la ejecución del crimen: Oscar Alexis Guardado, señalado como autor material del asesinato, y Lenis Adonis Cruz junto a Daniel Juárez, quienes habrían brindado apoyo logístico para concretar el ataque contra el defensor ambientalista Juan López.
A mediados de agosto de 2024, el presunto sicario Oscar Alexis Guardado se habría reunido en horas de la noche, en un establecimiento comercial conocido como “Go Market”, en la ciudad de Tocoa, con Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. Según la declaración testimonial presentada por el Ministerio Público, durante el encuentro le habrían mostrado una fotografía del defensor ambientalista Juan López y discutido la forma en que se ejecutaría el crimen.
Aunque el testigo afirmó no haber escuchado la conversación, aseguró que le llamó la atención que los tres hombres observaran la imagen de una persona ampliamente reconocida en el municipio por su labor comunitaria y ambiental.
La acusación también sostiene que el testigo conocía a Juan Ángel Ramos Gallegos por ser el empleador de Oscar Alexis Guardado, a quien consideraba su “mano derecha” en actividades presuntamente relacionadas con el trasiego de drogas y armas desde el municipio de Iriona hacia Tocoa, en el departamento de Colón.
Dentro de la prueba pericial presentada durante la audiencia, el Ministerio Público expuso el vaciado telefónico de una celular marca Infinix, color azul, decomisado a Oscar Alexis Guardado. Según la Fiscalía, en el dispositivo se encontraron registros de llamadas entre Guardado y Ramos Gallegos realizadas días antes y después del asesinato de Juan López.
Asimismo, se presentaron fotografías en las que aparece Oscar Alexis Guardado portando armas de fuego de grueso calibre, además de imágenes del defensor ambientalista. En otro dispositivo, un teléfono iPhone perteneciente a Yaritza Guardado, hermana de Alexis, las autoridades identificaron fotografías donde aparecen ambos junto a Juan Ángel Ramos Gallegos departiendo con bebidas alcohólicas.
La Fiscalía también incorporó imágenes de una camioneta Toyota Prado, placa HBL5249, propiedad de Ramos Gallegos, vehículo en el que, según el testimonio protegido, Oscar Alexis Guardado se movilizaba en distintas ocasiones para traficar drogas y armas.
Según el testimonio protegido, el 13 de septiembre de 2024, de manos de una persona solo identificada como “Geovanny”, Oscar Alexis Guardado habría recibido el arma utilizada en el crimen, así como una motocicleta color blanco con azul, en la que posteriormente se habría desplazado hasta la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa.
De acuerdo con la misma versión, en una conversación con la persona que le habría entregado el arma, Guardado habría manifestado su intención de cometer el asesinato contra el defensor ambientalista Juan López.
La Fiscalía expuso además que, según el registro de geolocalización del teléfono móvil del acusado, este permaneció en la zona desde las 4:00 de la tarde del 14 de septiembre de 2024, día en que ocurrió el crimen, el cual se registró aproximadamente a las 8:00 de la noche.
Minutos después del hecho, Guardado se habría movilizado a un funeral, donde una persona le habría preguntado si venía de “asesinar a Juan López”, a lo que respondió que sí, seguido de una amenaza de muerte contra quien le hizo la consulta, si esta persona se atrevía hablar.
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Sobre el exalcalde Adán Fúnez Martínez
El testigo protegido identificado como “Triple C-2024” habría señalado que quien ordenó el asesinato del defensor ambientalista Juan López fue el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien mantenía una relación cercana con el empresario Héctor Eduardo Méndez Pérez.
Según la declaración, Méndez Pérez habría fungido anteriormente como jefe de obras públicas en la alcaldía de Tocoa y actualmente sería propietario de la constructora “La Unión”, la cual, de acuerdo con el Ministerio Público, no contaría con registros en la Cámara de Comercio de Tocoa ni en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO).
No obstante, la defensa de Méndez Pérez, representada por la abogada Mariela Ochoa, argumentó en los alegatos finales que la alcaldía mantiene contratos vigentes con dicha constructora.
De acuerdo con la versión del testigo protegido, Héctor Méndez habría sido quien contactó a Juan Ángel Ramos para coordinar que su empleado, Oscar Alexis Guardado, junto a otras personas, ejecutaran el hecho criminal por encargo de Adán Fúnez.
En otro medio de prueba, se incorpora una conversación entre dos mujeres en la que, visiblemente afectadas por la captura de Oscar Alexis, expresan su lamento por su situación. En dicho intercambio, las mujeres afirman que el asesinato de Juan López habría sido un encargo de Adán Fúnez, y señalan además que el joven detenido “se dedicaba a matar”.
Asimismo, las expresiones recogidas reflejan que consideraban injusta la situación de Alexis, a quien se referían de manera coloquial, al tiempo que manifestaban críticas hacia el exfuncionario, a quien calificaban como “malo” y posiblemente acostumbrado a mandar a quitar gente del camino.
En dos sinopsis de conversaciones presentadas durante la audiencia, se detalla que el 15 de septiembre de 2024 el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, se habría comunicado con un comisario de policía para consultar el avance del proceso de investigación relacionado con el asesinato de Juan López.
Además, según la Fiscalía, en otra conversación considerada de carácter sensible, Fúnez habría hablado con una tercera persona sobre la posibilidad de infiltrar individuos en el velorio del defensor, con el objetivo de conocer lo que expresaban la familia, la iglesia y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Fiscalía expuso que el hecho no puede analizarse como un evento aislado, sino dentro de un contexto de conflictividad social que se remonta a 2014, marcado por la oposición comunitaria a un proyecto propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé vinculado a la explotación de recursos naturales en la zona, especialmente en el parque nacional Carlos Escaleras.
En ese sentido, el Ministerio Público presentó dos medios de prueba testimoniales de integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización liderada por Juan López. Sin embargo, la jueza del caso decidió no admitir dichas declaraciones, al considerar que ya se encuentra suficientemente establecido el rol del defensor ambientalista y el contexto en el que ocurrió su asesinato.
El ente acusador también incorporó pruebas como vaciados telefónicos, análisis de comunicaciones, registros de geolocalización, dictámenes balísticos, informes de videoforense y peritajes de extracción de datos, con los que busca establecer la dinámica del crimen, la identificación de los presuntos autores materiales e intelectuales, y los vínculos entre los señalados.
Asimismo, se presentaron documentos vinculados al levantamiento del cadáver, inspección de la escena del crimen, análisis forenses de lesiones, trayectoria de disparos y evidencia audiovisual, los cuales, según la Fiscalía, permiten reconstruir la forma en que ocurrió el asesinato.
La acusación sostiene que los elementos probatorios evidencian la existencia de una estructura organizada que habría planificado, facilitado y ejecutado el crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón.
Por su parte, la acusación privada se adhirió al planteamiento del Ministerio Público, tanto en la calificación jurídica de los hechos como en la totalidad de los medios de prueba presentados. Argumentó que el caso no puede analizarse como un hecho aislado, sino dentro de un contexto de conflictividad socio ambiental en el que la víctima mantenía una reconocida labor como defensor de derechos humanos y bienes comunes.
La representación privada señaló además que Juan López ya contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la situación de riesgo en la que se encontraba por sus denuncias contra proyectos extractivos en la zona.
Ambas partes coinciden en que las pruebas presentadas permiten sostener, en esta etapa procesal, la existencia de indicios suficientes sobre la participación de los imputados como presuntos autores materiales e intelectuales del crimen por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.
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La defensa de los tres supuestos inductores al crimen
Las defensas de los acusados, representadas por Mariela Ochoa en el caso de Héctor Méndez, Juan Carlos Paguada (regidor municipal de Tocoa por el partido Libre), Gustavo Adolfo Castro en representación de Adán Fúnez y el abogado Oscar Cálix por Juan Ángel Ramos, rechazaron de forma categórica la acusación presentada por el Ministerio Público.
Cabe mencionar que Oscar Cálix es penalista y ha sido litigante en al menos ocho de los más de 30 casos de hondureños extraditados a Estados Unidos, entre ellos: Héctor Emilio Fernández Rosa, Bayron Ruiz Ruiz y los expolicías Carlos José Závala Velásquez y Ludwig Zelaya Romero, entre otros connacionales.
Los abogados defensores sostuvieron que sus representados son inocentes y destacaron que cuentan con arraigo familiar, económico y social en el municipio de Tocoa. Asimismo, calificaron los señalamientos fiscales como “pruebas fabricadas” y carentes de sustento.
En el caso de Juan Ángel Ramos Gallegos, a quien el ente acusador también vincula con presuntas actividades ilícitas, su hijo Fernando Ramos expresó a medios de comunicación que la familia se mostró sorprendida por la acusación contra su padre, a quien describió como “una persona luchadora y emprendedora”.
“A mi papá lo están inculpando de una mentira. En Tocoa lo conocen; nos dedicamos a la venta de frutas y verduras”, manifestó. Ramos agregó que su padre no mantenía ninguna relación con el defensor ambientalista Juan López y afirmó que, a su juicio, “lo están inculpando los derechos humanos”.
En la objeción de los medios de prueba el abogado defensor Oscar Cálix, pidió la “expulsión” de la abogada acusadora privada Kenia Oliva, quien representa al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, porque según él el Comité no cuenta con personería jurídica y no puede tener representación legal en el proceso por no ser una de las víctimas.
Sin embargo, la abogada Kenia Oliva, en representación del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ya se encuentra apersonada al proceso desde el 21 de agosto de 2025, cuando se desarrolló la audiencia preliminar contra los tres presuntos autores materiales del asesinato de Juan López.
Oliva argumentó que el artículo 61 del Código Procesal Civil de Honduras regula la capacidad para ser parte en un proceso judicial, incluyendo a entidades sin personalidad jurídica, como asociaciones civiles no formalmente constituidas.
Durante la audiencia, la jueza declaró sin lugar la objeción presentada por el abogado defensor Óscar Cálix, al ampararse en los artículos 16 y 17 del Código Procesal Penal, que reconocen los derechos de las víctimas y establecen quiénes pueden ser considerados parte en el proceso penal. No obstante, la resolución fue nuevamente objetada por la defensa.
La abogada Kenia Oliva también citó la Ley de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, aprobada en 2015, señalando que esta reconoce la labor del Comité Municipal como instancia de defensa de derechos. Además, mencionó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la ambientalista Berta Cáceres, donde se permitió la participación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras como víctima en el proceso. La jueza volvió a resolver en contra de la objeción presentada por el abogado Oscar Cálix.
La audiencia inicial, que se extendió por más de 15 horas, se desarrolló en un juzgado con Jurisdicción Nacional con sede en San Pedro Sula y concluyó cerca de las 3:00 de la madrugada del sábado 16 de mayo.
Tras escuchar los alegatos finales de las partes, la jueza resolvió dictar auto de formal procesamiento contra Adán Fúnez, Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos, por los delitos de asesinato en perjuicio del defensor ambiental Juan Antonio López y asociación para delinquir.
Aunque se imputó el delito de asociación para delinquir, cabe mencionar que no hubo presencia de la Procuraduría General de la República en toda la audiencia, considerando que la transgresión tiene un impacto en materia de seguridad nacional.
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¿Justicia completa en el caso de Juan López?
El abogado Edy Tábora, representante de la familia de Juan López, manifiesta que el auto de formal procesamiento significa que el proceso judicial continuará avanzando hacia las siguientes etapas, mientras que la prisión preventiva implica que los acusados permanecerán recluidos en el centro penal de Támara mientras se desarrolla el caso.
El abogado sostiene que las pruebas expuestas por el Ministerio Público apuntan a que Juan López fue asesinado debido a la labor de defensa ambiental y comunitaria que realizaba en Tocoa, y considera necesario que las investigaciones continúen para determinar si existen más personas involucradas en el caso.
Por su parte el sacerdote jesuita Ismael Moreno, Padre Melo, afirma que las pruebas y testimonios expuestos durante la audiencia inicial refuerzan la tesis de que el crimen contra Juan López responde a un “entramado sumamente serio”, con ramificaciones que incluyen tanto a los presuntos autores materiales como a quienes habrían financiado el asesinato.
Asimismo, sostiene que el caso no puede desligarse de las denuncias realizadas por Juan López y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa sobre la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, donde ha querido operar por la fuerza la minera Inversiones Los Pinares/Ecotek, del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
Padre Melo insiste en que el Ministerio Público debe profundizar las investigaciones para esclarecer los vínculos entre las denuncias ambientales, los supuestos autores intelectuales y materiales del crimen, y las estructuras de poder señaladas por las comunidades. Finalmente, llama a las organizaciones y comunidades a mantenerse vigilantes ante la audiencia programada contra Lenir Pérez, el próximo 25 de mayo, señalando que el proceso judicial enfrenta fuertes presiones debido al poder económico y político del empresario.
