Desde las organizaciones se denuncia una narrativa de criminalización en contra del derecho a la tierra. Además, se exige justicia para las víctimas.

Este jueves la sangre corrió en Honduras. Cerca de veinte personas fueron asesinadas únicamente en dos masacres que reviven la realidad de violencia estructural instalada en el país.

En horas de la mañana, las imágenes de los medios de comunicación eran dantescas. Al menos 11 personas fueron acribilladas en una finca palmera en el Valle del Aguán. El miedo se revivió en una zona donde la conflictividad es multifactorial, la problemática agraria, la instalación de proyectos extractivos y la militarización que vive la región desde hace años.

Las autoridades policiales confirmaron que la masacre se registró en la finca Rigores, en la cooperativa conocida como Las Uvas.

Al conocerse la información por los medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Seguridad, Gerson Velásquez, confirmó la conformación de un equipo multidisciplinario para intervenir con una “fuerza más grande” la zona del Valle del Aguán, en donde prometió que tendrán control luego de la masacre registrada este jueves en las fincas Rigores y Panamá, en el municipio de Trujillo.

No sería la primera vez que se intervenga la zona. Desde el año 2010, bajo la administración de Porfirio Lobo Sosa, se instaló la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, un despliegue militar y policial permanente en el Valle del Aguán, departamento de Colón. Su objetivo, según el gobierno, es controlar el violento conflicto agrario entre empresas terratenientes, agroindustriales y movimientos campesinos.

Sobre la masacre, el ministro dijo que, al analizar las imágenes que circulan en los medios de comunicación, el hecho fue perpetrado por una estructura criminal que tiene armamento pesado, ya que los asesinatos pudieron cometerse con fusiles y escopetas.

“La masacre registrada en el sector de Trujillo, Colón, presenta características de una ejecución vinculada a estructuras criminales y no a un conflicto agrario”, dijo. Además, descartó preliminarmente la participación de agentes estatales, afirmando que será la investigación técnica y científica la que esclarecerá los hechos y determinará a los responsables.

Jhony Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, dijo en declaraciones a Radio Progreso que preocupa el recrudecimiento de la violencia en la zona, además de que está unida al discurso de criminalizar al campesinado que reclama su derecho legítimo a la tierra.

Rivas agregó que les preocupa la narrativa que las actuales autoridades están posicionando alrededor de la defensa de la tierra. “Imagínese que hace 3 días un medio de comunicación circuló una noticia de que personas que habitan en los predios de la cooperativa Paso Aguán habían sido asesinadas; buscamos información en el sector y no se supo más, y ahora esta masacre registra. Es un ambiente de mucho temor”, dijo Rivas.

Para el dirigente campesino, es muy preocupante que la narrativa implantada por los medios de comunicación busque implantar una estrategia que, de fondo, tiene como fin criminalizar la lucha que las agrupaciones campesinas hacen en el país.

Rivas lamentó que la autoridad policial, más que brindar seguridad, sea el generador de violencia. “En estos casos debe haber equipo especial para investigar, porque se busca, desde las autoridades policiales, crear falsos positivos para criminalizar y declarar terroristas a quienes defienden los derechos humanos en Honduras. Nosotros hemos registrado y hecho denuncias sobre el papel que juegan los policías en la región, por lo que pedimos a las autoridades que sea la Agencia de Investigación Criminal, ATIC, quien debe investigar para intentar que sea más independiente”, dijo.

Horas después se registró una masacre en la zona de Corinto, en el departamento de Cortés, donde fallecieron ocho personas, entre ellas seis agentes de la Policía Nacional. Ante las dos masacres, se aprobó la intervención directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, asegurando que con esta acción se actuará con firmeza para capturar a los responsables de los crímenes.

El despliegue de las fuerzas del orden se concentrará de forma inmediata en el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde al menos 11 personas habrían sido asesinadas esta madrugada, informó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

La Secretaría de Seguridad anunció además la conformación de equipos investigativos conjuntos integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas en medicina forense, con el objetivo de garantizar transparencia en las diligencias y resultados que permitan esclarecer los hechos.

La prioridad de esta acción institucional es fortalecer la confianza ciudadana y reafirmar el compromiso institucional en la lucha frontal contra la impunidad criminal, añadió. 

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, (CIPRODEH) reclamó a las autoridades policiales una investigación profunda de todas las muertes violencias ocurridas en el valle del Aguán. Además, animó a la conformación de equipos técnicos independientes sin relación con la región para la realización de cuantas investigaciones y análisis técnico-forenses, criminalísticos y judiciales que partiendo de pruebas que soporten el debate judicial posibiliten la ruptura de las impunidades en la zona.

“Se requiere diseñar e implementar una estrategia participativa con apoyo y veeduría nacional e internacional, para hacer de la región del Valle del Aguán una zona de paz y desarrollo que incluyendo un abordaje basado en derechos humanos y comprometido con la solución de las causas de la violencia, que posibilite la transformación de los conflictos y la construcción de un desarrollo inclusivo e incluyente que impacte positivamente en la vida de toda la población, especialmente de aquellas y aquellos que bien cautivos del temor y la pobreza”, dice el comunicado. 

Otra de las peticiones que hacen es el proceso de saneamiento de las tierras de la reforma agraria como condición básica para contribuir a que contribuya a llevar paz, trabajo y desarrollo con respeto a los derechos humanos de la población en esta región.