Contexto de país y reactivación del movimiento social

Ismael Moreno, SJ (Melo)

Poderes dispersos

A partir del año 2026, con la asunción de un nuevo gobierno, Honduras va siendo gobernada desde poderes reales pero dispersos, teniendo a la poderosa élite -aunque frágil por su muy reducida legitimidad popular- del Partido Nacional en el vértice del poder que le da coherencia política a las diversas dinámicas dispersas. Las grandes decisiones se están tomando, principalmente, en el Congreso Nacional, por lo que el presidente de este poder del Estado condiciona al Ejecutivo a sus decisiones. En los hechos se ha caído en lo que hace siglos fue aquel reino de Taifas[1]:muchos poderes reales en territorios, empresas, banca, corporaciones nacionales y transnacionales, militares y policiales, pero con núcleos de poder con importantes niveles de autonomía. 

Es el corolario de un cuarto de siglo de construcción de una institucionalidad del Estado al criterio y altura de caudillos y barones del crimen organizado. El gobierno de 2022-2026 fue sólo un paréntesis con la sensación de que se estaba truncando el modelo criminal y desconfigurador del Estado. Pero no pasó de ser un compás de espera o un repliegue de las fuerzas del crimen organizado para reagruparse, tomar fuerzas y recuperar el proceso a partir de 2026 con mucha más agresividad que en años anteriores.

El “Estado profundo”

Tras la toma de posesión del gobierno nacionalista en asocio con un sector oportunista del Partido Liberal, se ha puesto en marcha la consolidación de lo que podríamos caracterizar como un Estado gobernado por fuerzas irregulares, cuya legalidad formal sirve de cobertura, da legitimidad, coherencia y sustento a la diversidad de poderes autónomos incrustados en el Estado hondureño. El verdadero poder se encuentra en lo que algunos estudios han identificado como “Estado profundo”[2], al cual se atribuyen los datos de violencia que cotidianamente van ocurriendo. La serie continua de asesinatos, ya sea como masacres o en la forma de muertes violentas por goteo, se amparan bajo esta modalidad de Estado subterráneo. Se trata de poderes dispersos que actúan con el resguardo de la impunidad que les da su propio poder y el amparo de un Estado que les transfiere el derecho de ejercer violencia a su arbitrio. No es que un alto funcionario o presidente de alguno de los poderes del Estado ordenen personalmente un crimen. Hay que distinguir claramente entre los administradores del Estado “formal” que garantizan la impunidad del delito criminal o ceden la soberanía estatal para ejercer la violencia; y los sicarios que ejecutan crímenes ordenados por grupos ilícitos asentados en territorios donde ejercen su poder.

El discurso de que el Partido Nacional ha salvado al país de la izquierda radical y del comunismo internacional sirve como telón de fondo y da cobertura a los poderes dispersos con autonomía para ejercer violencia y controlar territorios, empresas e incluso medios de comunicación y tecnologías comunicacionales que también se van asentando en los territorios y ejercen poder.

Estado delega violencia a poderes dispersos irregulares

En un Estado profundo o subterráneo, la violencia es administrada por multitud de actores que poseen una cuota significativa de poder, en tanto que el gobierno formal asume el papel de administrador de las demandas y exigencias de esta multiplicidad de actores. Cuando el Congreso Nacional aprueba leyes, como la de “Fortalecimiento y protección del sector agroindustrial”, o propone reformas a la ley para desmembrar la ENEE como una estrategia encubierta para privatizar el servicio de energía eléctrica, está respondiendo a la demanda del sector agroindustrial y de los empresarios que generan la energía térmica. Se les da así potestad para ejercer poder, incluso violencia, en nombre del Estado. Los guardias de seguridad empleados por empresas agroindustriales ejercerán la violencia delegada por el Estado en contra de los campesinos, a quienes criminalizan, sin el debido proceso, como usurpadores. El endurecimiento de las leyes, metiendo en el mismo saco tanto a los delincuentes como a quienes protestan, fortalece a los sectores que, además de ejercer control sobre la institucionalidad estatal, están a la vez al servicio del Estado profundo. El ministro de seguridad ya no necesitará dictar órdenes para llevar a cabo el desalojo de campesinos que reclaman tierras para alimentar a sus familias, porque el poder para hacerlo ya ha sido transferido a los empresarios de la agroindustria. Así, el Ministerio Público y el Poder Judicial se encargarán de dar legitimidad jurídica al ejercicio de la violencia y la culminación del desalojo o del despojo.

El Aguán: modelo insigne de Estado profundo

Esta modalidad de Estado profundo es la que estaría funcionando en la subregión del Bajo Aguán en la que existen tantos poderes autónomos como hechos violentos, que acaban expresándose en la forma de masacres como la ocurrida el pasado 21 de mayo, precedida y continuada por asesinatos cuyos responsables pueden ser tanto actores criminales vinculados al narcotráfico como bandas coludidas con cuerpos de seguridad del Estado formal. Este ejemplo no es el único, tanto las victimas como los hechores pueden aparecer, además, en escenarios en los que también están presentes los sectores que luchan formalmente por la tierra, en un conflicto agrario no exento de violencia delincuencial y criminal.

Esa misma lectura sobre el Estado profundo la podemos hacer desde los departamentos y municipios de Colón, Yoro, Olancho, Cortés y Atlántida. Aunque los datos puedan aparecer inicialmente aislados, estos se articulan en una  estructura más amplia. En esta, una autoridad formal, civil o policial, puede a la vez asumir la conducta del Estado profundo en razón de las decisiones que toma y las alianzas locales que establece con mafias y otras redes criminales. En este contexto, un alcalde puede ser autoridad municipal y a la vez llegar a ser autoridad en grupos mafiosos.

Buscando cómo situarnos

1. Entender y ayudar a entender la violencia, no solo como criminalidad, sino también como una forma de gobierno ejercida por poderes dispersos con respaldo, tolerancia o complicidad estatal.
2. Ubicar territorialmente las tramas de poder para identificar actores, intereses, mecanismos de control y poblaciones más afectadas. Especialmente en el Valle de Sula y en el Bajo Aguán.
3. Reconocer que el Estado no es un bloque único, sino un campo de disputa atravesado por capturas mafiosas, impunidad y también por espacios aún disputables.
4. Rechazar las respuestas centradas exclusivamente en militarización y castigo, porque suelen reforzar la misma lógica violenta que dicen combatir.
5. Vincular la violencia con la desigualdad, el despojo, la exclusión social, el patriarcado y la impunidad estructural. Cómo establecer vínculos entre las masacres y crímenes por goteo con legislaciones que endurecen leyes persecutorias y cierran espacios de expresión; o como la figura que blinda a los agroindustriales y deja en indefensión a las organizaciones campesinas.
6. Fortalecer la organización comunitaria y territorial como base para la protección colectiva, la defensa de la vida y derechos humanos y contribuir en el Aguán a la reconstrucción del tejido social atrapado actualmente en el miedo, la indefensión y las desconfianzas. Insistir en la necesidad de construir procesos con capacidad crítica, independencia frente a las cooptaciones, especialmente de esas que nos conducen a que todo lo que se hace desemboque en campañas políticas partidarias, sin duda el cáncer más feroz que padecen las organizaciones y liderazgos populares, para no caer en aquello de reproducir lógicas clientelares o autoritarias.
7. Documentar la violencia, reconstruir la memoria histórica y visibilizar tanto las responsabilidades como las resistencias. Asumir que en contextos de alta violencia, como la que experimentamos, las luchas y nuestros trabajos requieren de protocolos de seguridad, cuidado emocional, acompañamiento mutuo y prácticas organizativas con algo de “conspiración” que reduzcan la exposición al riesgo.
8. Contribuir como un servicio estratégico a que se enlacen, articulen, se encuentren las diversas luchas sociales, territoriales, populares y eclesiales para construir fuerza colectiva frente a la fragmentación impuesta por el miedo. Es un trabajo de fe y de paciencia histórica, cuyos frutos no se ven de inmediato.
9. Impulsar formación política y lectura crítica de la realidad para comprender mejor cómo opera el poder y cómo disputarlo. Orientar el compromiso hacia la defensa de la vida digna, la democratización real y la construcción de alternativas desde abajo. Si logramos conformar un par de círculos de estudio, al menos uno en el valle del Bajo Aguán y otro en el valle de Sula, estaríamos dando un servicio político valioso. Si esto se puede hacer en la capital, sería también valioso, aunque es la zona árida del país, no obstante que es allí donde se acaban definiendo y tomando las grandes decisiones que afectan y repercuten hondamente en el país.

Reactivación del movimiento social en Honduras: oportunidades, riesgos y desafíos estratégicos

Contexto general de esta reactivación

En Honduras observamos un proceso de reactivación y renovación del movimiento social, luego de un período de relativo aletargamiento que se prolongó por al menos cuatro años. Es un proceso muy tierno, tenue y todavía en ciernes. Este nuevo ciclo de movilización comienza a tomar sus primeros respiros a partir de marzo de 2025, cuando varias organizaciones fueron convocadas al aniversario noveno de la siembra de Berta Cáceres, que se articuló además con la exigencia de justicia por el defensor del ambiente y reconocido luchador social y político, Juan López. A partir de ese momento, se han venido realizando convocatorias con una periodicidad aproximada de cada dos meses, acompañadas de actividades intermedias. Mas que eventos aislados, estos encuentros expresan un esfuerzo por reconstruir el tejido organizativo, enlazar organizaciones, articular demandas dispersas y recuperar capacidad de movilización social frente a un contexto nacional de creciente conflictividad y amenaza. Son espacios que buscan romper aquellas expresiones comunes de reclamos, protestas, presiones y acciones por separado, porque así sólo exponen y debilitan a las organizaciones y a sus dirigentes.

Ejes principales de demanda

Las convocatorias han logrado reunir un conjunto amplio de reivindicaciones, entre las que destacan:

-La exigencia de justicia para Berta Cáceres y Juan López.

-La demanda agraria y la búsqueda de respuestas frente a la conflictividad por la tierra.

-La defensa del ambiente, especialmente del agua y de los territorios.

-La oposición a la explotación minera y a otras formas de despojo territorial.

-La defensa de los derechos humanos, vinculada estrechamente con: los derechos laborales, el respeto a la diversidad sexual y de género, y la exigencia de una institucionalidad de justicia que actualmente, en lugar de ser expresión del Estado de derecho, es coincidente con la ley de los fuertes.

Estas demandas muestran que el proceso no se limita a una sola causa sectorial, sino que intenta construir una plataforma amplia de luchas sociales, ambientales, agrarias y democráticas.

Factores que favorecen la reactivación

Los encuentros han ido adquiriendo mayor forma, densidad y capacidad de convocatoria en la medida en que el actual régimen profundiza decisiones favorables a la privatización de bienes y servicios públicos, impulsa marcos legales en beneficio de sectores agroindustriales, criminaliza la protesta social, reduce los espacios públicos y los derechos de la diversidad sexual y de la libertad de culto con amenaza del Estado laico, al tiempo que deja abierta la decisión de la reactivación de las ZEDE. En este sentido, la reactivación del movimiento social no surge únicamente de una voluntad organizativa interna, sino también como respuesta a un proceso de radicalización de las políticas estatales que amplían el malestar, profundizan los conflictos y estimulan la convergencia entre distintos sectores afectados.

Niveles de participación dentro de los encuentros

Uno de los rasgos más importantes de este proceso es su composición heterogénea. La convocatoria parece estructurarse en tres niveles de participación: a) Primer nivel: participantes de base. Corresponde a personas con niveles de conciencia política aún limitados o en proceso de formación, muchas de ellas provenientes del tradicionalismo político. Se trata de sectores indignados porque sienten que los políticos les han fallado. En este nivel participan personas vinculadas a espacios comunitarios como las cajas rurales y otros sectores populares de base. Su presencia es importante porque expresa una base social amplia, aunque todavía no plenamente politizada en clave de proyecto colectivo transformador.

b) Segundo nivel: organizaciones sociales constituidas. Este es el núcleo más consistente del proceso. Lo integran organizaciones que ya tienen trayectoria y que encabezan algunas de las demandas mencionadas. Constituyen el grueso de los participantes y son quienes otorgan estructura, continuidad y contenido político a los encuentros. Su papel es fundamental para evitar que la movilización quede en expresiones espontáneas o fragmentadas.

c) Tercer nivel: liderazgos reconocidos y referentes sociales. Aquí se ubican figuras con capacidad de convocatoria, legitimidad pública y peso simbólico. Entre estos liderazgos puede haber activistas o militantes reconocidos en otros espacios orgánicos, sociales o culturales. Este nivel cumple una función importante de orientación, visibilización y articulación, pero también puede convertirse en foco de tensiones si no se maneja adecuadamente la relación entre liderazgo y base.

Potencial político del proceso

Aunque estos encuentros aún están en ciernes, poseen un importante potencial político y social. En primer lugar, permiten reagrupar luchas que durante años han permanecido dispersas. En segundo lugar, pueden contribuir a reconstruir la confianza entre sectores populares, organizaciones y liderazgos. En tercer lugar, ofrecen la posibilidad de elaborar un horizonte común frente a problemas estructurales del país: concentración de la propiedad de la tierra, extractivismo, impunidad, debilitamiento institucional y exclusión social. Además, la centralidad de figuras como Berta Cáceres y Juan López aporta una dimensión ética y simbólica poderosa, capaz de vincular memoria, justicia y resistencia territorial. Esto le da al proceso una base moral importante, pero también exige que dicha memoria se traduzca en organización sostenida y propuestas concretas.

Riesgos principales

El proceso enfrenta varios riesgos que podrían debilitarlo o desnaturalizarlo:

1. Partidización prematura. Existe el peligro de que los encuentros caigan rápidamente en la lógica de una campaña electoral o una disputa partidaria. Si esto ocurre, el movimiento puede perder autonomía, reducir su pluralidad y convertirse en instrumento de intereses coyunturales ajenos a las demandas sociales de fondo.
2. Coyunturalismo. Otro riesgo es que las acciones queden atrapadas en las urgencias del momento, reaccionando a cada hecho de coyuntura sin construir una visión estratégica de mediano y largo plazo. Un movimiento que solo responde a la crisis inmediata corre el riesgo de agotarse rápidamente.
3. Protagonismos estériles. También existe la amenaza de disputas internas por visibilidad, vocería o control político. Los protagonismos personales o sectarios suelen erosionar la confianza, fragmentar esfuerzos y debilitar la acumulación organizativa.
4. Confusión deliberada por parte del poder. Es probable que el régimen o sectores adversos intenten presentar estas luchas como simples extensiones de conflictos interpartidarios. Esa operación buscaría deslegitimar el movimiento, quitarle contenido social y reducirlo a una pugna electoral, restándole legitimidad ante sectores de la población.

Desafíos estratégicos

Para salir al paso de esos peligros, estos encuentros necesitan avanzar hacia mayores niveles de claridad política, organizativa y programática. Algunos desafíos clave serían:

a)Preservar la autonomía del movimiento frente a los partidos políticos, sin renunciar a la incidencia pública.

b)Fortalecer la formación política de la base para elevar los niveles de conciencia y compromiso.

c)Construir mecanismos democráticos de toma de decisiones que reduzcan los personalismos que pudieran presentarse.

d)Vincular las luchas sectoriales en una narrativa común que permita articular tierra, ambiente, derechos humanos, trabajo, diversidad y justicia.

e)Definir una estrategia de comunicación que impida que el movimiento sea encasillado como una simple expresión partidaria.

f)Elaborar un plan de lucha escalonado, realista y sostenido.

Necesidad de un pliego estructurado de demandas

Uno de los pasos más importantes sería la construcción de un plan de lucha con demandas precisas de corto, mediano y largo plazo, algo parecido a un pliego de peticiones y reivindicaciones comunes. Este instrumento permitiría: dar coherencia al conjunto de luchas, priorizar objetivos, unificar discursos, orientar la movilización, y medir avances concretos. Ese pliego debería recoger tanto demandas inmediatas como transformaciones estructurales.

Organización de demandas

Corto plazo: Justicia efectiva para Berta Cáceres y Juan López. Alto a la criminalización de la protesta. Defensa inmediata de territorios en conflicto y lucha contra leyes inconstitucionales y discriminatorias. Rechazo a cualquier intento de reactivación de las ZEDE.

Mediano plazo: Respuestas institucionales a la conflictividad agraria. Revisión de leyes favorables al despojo, privatización y extractivismo. Fortalecimiento de mecanismos de protección para defensores del ambiente y derechos humanos. Garantías para derechos laborales y para el respeto a la diversidad sexual y de género.

Largo plazo: Reforma estructural del acceso a la tierra y resolución de la problemática agraria. Construcción de un modelo de desarrollo centrado en la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la soberanía territorial. Consolidación de una institucionalidad de justicia independiente, universal y apegada al Estado de derecho.

Recapitulando

La reactivación del movimiento social en Honduras representa una oportunidad importante para recomponer fuerzas populares, articular demandas históricas y enfrentar nuevas formas de despojo, privatización e impunidad. Sin embargo, su consolidación dependerá de su capacidad para evitar la subordinación partidaria, superar el inmediatismo, contener los personalismos y construir una plataforma estratégica común. En ese sentido, el reto principal no es solo convocar gente, sino convertir la indignación en organización, la memoria en programa y la diversidad de luchas en una agenda compartida de transformación social.

[1]Los reinos de taifas fueron pequeños estados o principados musulmanes independientes en que se dividió Al-Ándalus a partir del año 1031, tras la caída del Califato de Córdoba. La expresión «reinos de taifas» se utiliza a veces de forma despectiva para referirse a una división excesiva, fragmentación o falta de unidad en una organización o gobierno. 

[2] El término Estado profundo (deep state) se refiere a una red clandestina o no elegida de funcionarios gubernamentales, militares, de inteligencia o élites económicas que operan de manera paralela al gobierno oficial y democráticamente electo. Su objetivo es proteger sus propios intereses e influir en las políticas de Estado, sin importar quién esté en el poder. Se interpreta como una estructura de poder invisible y maliciosa que controla las verdaderas riendas de un país desde las sombras, pudiendo llegar a cometer actos de corrupción, espionaje o sabotaje contra el gobierno legítimo. La expresión surgió en Turquía en 1923 y fue actualizado en la década de los noventas para describir a una red secreta de elementos militares, de inteligencia y del crimen organizado que operaban al margen de la ley. Despectivamente algunos le llaman cloacas del Estado. Véase al respecto: Lissardy, Gerardo (1 de marzo de 2017). «Qué es el “Estado profundo”, el misterioso enemigo que el gabinete de Donald Trump cree enfrentar en Estados Unidos». BBC Mundo. Miller, Andrew (31 de julio de 2018). «¿Es real el ‘Estado profundo’?». La Trompeta (Latrompeta.es).