Honduras inicia el año escolar 2025 con tres grandes problemáticas que se convierten en desafíos para garantizar educación de calidad para la niñez, adolescencia y juventud. El primero está vinculado a la baja matrícula, seguido del bajo presupuesto asignado a la Secretaría de Educación y finalmente, el poco acceso a las herramientas digitales que deberían fortalecer las habilidades y capacidades de la población estudiantil.
Este es parte del análisis que hace Ana Calderón (AC) de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, (COIPRODEN), quien conversó con Radio Progreso (RP) sobre el retorno a clases este nuevo año.
RP. ¿Cómo llega la niñez hondureña a este retorno a clases?
AC. Al cierre del año 2024, y pese algunos esfuerzos para garantizar el acceso a la educación, hay todavía varias recomendaciones del Comité Interamericano y el Comité de de los niños sobre el acceso a la educación, que indican que en Honduras hay tres grandes retos que debemos enfrentar este 2025 si queremos mejorar la educación.
El primero está vinculado a superar la baja matrícula, el bajo presupuesto asignado a la Secretaría de Educación, así como mejorar la deficiente infraestructura educativa, incluso agregaría mejorar el acceso a las herramientas digitales,que en esta era, deberían fortalecer las habilidades y capacidades de la niñez y juventud.
RP: ¿Cuántos niños, niñas y jóvenes están excluidos del sistema escolar?
AC: Hay alrededor de 1 millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes excluidos del sistema educativo. Un informe reciente de Casa Alianza, al cierre de 2024, señala que hay una tendencia creciente de deserción escolar; cada vez más menores quedan fuera del sistema educativo en comparación con el año 2023.
RP: ¿Cuáles son las condiciones de esos niños, niñas y jóvenes que les impiden acceder a la educación en el país?
AC: Hablamos principalmente de la deserción escolar y del ausentismo, que son factores que limitan el acceso y la permanencia en el sistema educativo, impidiendo que los niños y las niñas puedan terminar el año escolar. Existen múltiples factores, tanto estructurales como sociales, que están vinculados con los altos índices de pobreza, la pobreza extrema y los altos niveles de inseguridad, que son realidades actuales en Honduras.
La pobreza es tan alta que muchos padres y madres de familia no tienen los recursos para enviar a sus hijos a la escuela, especialmente en las zonas rurales, donde no hay transporte y los estudiantes deben caminar largas distancias para acceder a los centros educativos. Además, hay limitaciones para acceder a los alimentos, a pesar de los esfuerzos del gobierno con la entrega de becas y la merienda escolar.
RP: ¿En qué condiciones se encuentran los centros educativos en Honduras?
AC: Según una encuesta de 2024 de la Dirección General de Construcción Escolar, hay 12,000 centros educativos en Honduras, de los cuales el 63% está en condiciones precarias. Esto significa que no cuentan con espacios adecuados, las aulas están en mal estado, y hay grandes limitaciones en el acceso al agua y la electricidad, lo que afecta el derecho de la niñez a recibir una educación de calidad.
El año pasado, la Secretaría de Educación anunció la mejora de 3,000 centros educativos, pero esto sigue siendo insuficiente, ya que el principal problema en Honduras respecto al derecho a la educación es la calidad y la cobertura. Estos problemas reflejan deficiencias a nivel estructural y no solo social.
RP: ¿Cuáles son los sectores del país donde los niños, niñas y jóvenes tienen menos acceso a la educación?
AC: Las zonas rurales son las más afectadas. También hablamos de la educación multicultural, en la que los niños y niñas que pertenecen a etnias o que tienen alguna discapacidad no pueden acceder plenamente a la educación.
En los últimos años ha aumentado la inversión en educación, pero si analizamos el presupuesto, el 51% se destina al pago de salarios, el 20% a mejoras de infraestructura, el 10% a materiales y suministros, y solo el 7% se destina a programas educativos. Esta es otra de las grandes brechas que debemos enfrentar, ya que esos programas deberían beneficiar a la población en situación de vulnerabilidad, no solo a los niños y adolescentes, quienes están siendo víctimas de diversos tipos de violencia.
RP: ¿A qué tipo de violencia se enfrentan los niños, niñas y jóvenes en el entorno escolar?
AC: En el entorno escolar, los niños y jóvenes se enfrentan a diversas formas de violencia, como el acoso escolar o bullying, el maltrato físico y el abuso sexual infantil, que a veces es perpetrado por los mismos adultos responsables de su cuidado. Además, en el entorno familiar también se pueden encontrar estas formas de violencia.
RP: ¿Cuál es la tarea específica del Estado hondureño, a través de la Secretaria de Educación, para proporcionar las herramientas necesarias para la niñez?
AC: Es necesario hacer una revisión de las políticas educativas, los planes y los programas, para verificar si las estrategias definidas están siendo eficaces y están cerrando las brechas en términos de calidad y cobertura educativa.
En segundo lugar, se debe aumentar el presupuesto. Sabemos que la tendencia es a los recortes presupuestarios, y desde el año pasado se presentó una propuesta de anteproyecto de ley para incrementarlo, ya que el actual es insuficiente. Aún no se ha aprobado. El presupuesto es insuficiente para mejorar la infraestructura y generar programas educativos que aborden la exclusión educativa. En tercer lugar, debemos pensar en cómo mejorar la cobertura, especialmente en áreas rurales, y cómo apoyar a los padres y madres, muchos de los cuales viven en contextos de violencia que les impiden enviar a sus hijos a la escuela.
RP: La nueva política migratoria de Donald Trump podría provocar la deportación de familias enteras. ¿Cómo debe prepararse el gobierno para crear un sistema de integración para los niños, niñas y jóvenes que sean deportados de Estados Unidos?
AC: Es importante destacar que Honduras cuenta con un protocolo de integración para la niñez en situación de vulnerabilidad, así como con un Protocolo Nacional de Atención a la Niñez Migrante, y un Protocolo bilateral sobre niñez no acompañada que se aprobó en 2023 entre Honduras y Guatemala. El mayor desafío es la asignación de presupuesto, ya que se necesita financiamiento para contar con personal capacitado que brinde acompañamiento y seguimiento a los niños que son retornados. Esto implica que el presupuesto debe permitir un mayor acompañamiento, no solo en la identificación de los niños y niñas deportadas, sino también con equipos multidisciplinarios. Además, se debe trabajar en coordinación con la Secretaría de la Niñez y la Familia, para que el acompañamiento sea continuo y los niños puedan permanecer en el sistema.
