En las últimas horas, el recién nombrado canciller de la República, Javier Bú, anunció que el Subsecretario General para Europa, Asia Central y América Latina de las Naciones Unidas informó que la solicitud de ampliación del Memorándum de Entendimiento con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido aprobada.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que la extensión será por seis meses y vencerá el próximo 15 de diciembre de 2025. “Tiempo necesario para que el Congreso Nacional apruebe las reformas legales aún pendientes, entre ellas suprimir el fuero especial de los diputados y la responsabilidad de los alcaldes, requisitos fundamentales para la instalación del mecanismo de lucha contra la corrupción y la impunidad: la CICIH”, explicó Bú.

En su noticiero estelar Zona Informativa, Radio Progreso conversó con los diputados Jari Dixon Herrera y Fátima Mena, ambos integrantes del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH y la MACCIH, para conocer las acciones realizadas en torno a la llegada de este organismo internacional.

Dixon señaló que las declaraciones del canciller arrojan mayor claridad sobre lo que aún falta para instalar el mecanismo. “Nunca habíamos escuchado de forma tan clara a un funcionario de gobierno decir que para establecer las condiciones de un acuerdo definitivo que permita traer la CICIH, es necesario eliminar la inmunidad parlamentaria. Ese dictamen ya está listo, fue presentado en la Secretaría del Congreso Nacional y solo falta someterlo a votación. También mencionó la necesidad de eliminar el fuero a los alcaldes, algo que no se había dicho antes. Esta es información nueva, y creo que cualquier obstáculo para combatir la corrupción debe eliminarse”, expresó.

El diputado oficialista también manifestó su preocupación por el enfoque de la oposición, que —según él— aprovecha la situación para atacar al gobierno. “Siempre dicen que la presidenta Castro no ha cumplido su promesa de traer la CICIH, pero esto no depende únicamente de la voluntad del Ejecutivo. Ahora sabemos que Naciones Unidas ha puesto condiciones, y eso cambia el panorama. Deberíamos enfocarnos todos en que venga esta misión internacional y no en culparnos unos a otros”, agregó.

Por su parte, la diputada Fátima Mena recordó que la demanda por la instalación de la CICIH no es solo una promesa de campaña de la presidenta Castro, sino una exigencia ciudadana que surgió en 2015 con el movimiento de los indignados, quienes reclamaban acciones concretas contra la corrupción y la impunidad. “Entendíamos que un mecanismo internacional era la única salida para garantizar una lucha efectiva, ya que la justicia hondureña ha demostrado ser insuficiente”, afirmó.

Mena lamentó que la corrupción en Honduras siga siendo una realidad estructural. “Las cosas no han cambiado solo porque el partido Libertad y Refundación (Libre) llegó al poder. No hemos visto un verdadero cambio en el sector justicia. Lo que ha habido son relevos en el control de los poderes: antes era la Corte de Juan Orlando Hernández, ahora es la Corte de los Zelaya; antes era el fiscal de Hernández, ahora es el fiscal de los Zelaya. Así lo percibe la ciudadanía, porque no ve señales de rescate ni fortalecimiento institucional. El esquema de corrupción persiste, sea con el gobierno anterior o con el actual”, sentenció.

Ambos legisladores coincidieron en que se necesita un mecanismo internacional independiente e imparcial para Honduras.

Se recordó que la Ley de Colaboración Eficaz está lista para su tercer debate en el Congreso Nacional. “Hay una facción dentro del partido Libre que solo instrumentalizó el discurso de traer una CICIH, sin una voluntad política real de concretarlo. Parece más una estrategia para prolongar el proceso, que una intención seria de cumplir con una promesa de campaña”, denunció Fátima Mena.

La Ley de Colaboración Eficaz permitiría a la CICIH actuar como querellante autónomo y acusador privado en procesos judiciales relacionados con corrupción y crimen organizado. Con esta normativa, la CICIH podría investigar y presentar ante los tribunales a personas implicadas en estos delitos.

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Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras FOPRIDEH, opinó que más allá de la firma del Memorándum, lo fundamental es conocer detalles del proceso de negociación, ya que se ha manejado con excesiva confidencialidad. “Esperamos que esta ampliación no implique mantener el secretismo. La ciudadanía merece conocer la verdad sobre este mecanismo anticorrupción”, declaró.

Este tema, por estar enmarcado en un año electoral, seguirá siendo utilizado por sectores de oposición para cuestionar a la presidenta. “Es entendible que se intente debilitar al gobierno para facilitar un cambio de poder, pero también es importante que algunas versiones sean más objetivas”, concluyó Elvir.

Diversos analistas coinciden en que la CICIH podría desempeñar un papel crucial si se le garantiza independencia para investigar casos de corrupción, impunidad y criminalidad sin interferencia política.