«Ni una asesinada más». Este fue el grito en las afueras de los Juzgados del municipio de Villanueva, Cortés, en exigencia de justicia por el crimen de Elvia Mercedes López, enfermera de 31 años, asesinada por su pareja el pasado 3 de junio.

La acción de protesta se dio en el marco de la audiencia inicial contra Antonio Meraz Cáceres, acusado del crimen contra la madre de sus dos pequeños hijos.

«Estamos exigiendo que el juicio por el caso de Mercedes no quede en la impunidad. Que no aparezca con un juicio abreviado, porque eso significa que un criminal andará libre asesinando a más mujeres. Criminales como éste, que está señalado, debe estar en prisión, y que el femicidio debe ser judicializado como corresponde», dijo Noemí Dubón del Foro de Mujeres por la Vida.

Elvia Mercedes fue encontrada sin vida el 3 de junio en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Santa Fe del municipio de San Manuel, Cortés. Las investigaciones médicas y policiales determinaron que falleció por estrangulamiento.

Su pareja, Daniel Antonio Meraz Cáceres, fue detenido luego de intentar fugarse. El Juzgado de Letras de Villanueva le dictó detención judicial y prisión preventiva. Se le imputa el delito de femicidio agravado.

El Estado no la protegió

El Ministerio Público confirmó que Elvia Mercedes ya había denunciado formalmente a su agresor en el año 2024 por maltratos. Aunque un tribunal civil había emitido medidas de protección a su favor, el proceso no avanzó, lo que expuso más a la joven. «Ella había denunciado y, penosamente, no recibió la protección que corresponde. Ella había recibido violencia física y psicológica. Este es un delito que tiene que juzgarse como tal; es un feminicidio agravado y tiene que imputarse, además de los delitos de amenazas contra ella y su madre», dijo Noemí Dubón.

A los juzgados acudieron vecinos y vecinas de Elvia Mercedes, quienes están conmovidos por el crimen. Una de las vecinas confirmó que la joven llegó a este barrio en el año 2020 y pronto se convirtió en la enfermera de todas y todos. «Sanaba con amor, atendía a cualquier hora y, la mayoría de las veces, sin cobrar un solo centavo. Cuidaba a una comunidad que no supo cómo cuidarla a ella. Porque el silencio de Elvia no era complicidad, era el aislamiento que provoca el terror. Como vecinos veíamos las señales, el acoso, las alertas rojas, pero no hicimos nada», dijo conmovida la vecina.

En lo que va de 2026 hasta mediados de junio, Honduras registra 121 muertes violentas de mujeres y femicidios, de acuerdo con reportes del Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio, dijo a la prensa que la violencia contra las mujeres responde a una estructura de poder y control arraigada culturalmente, y llamó a fortalecer la prevención, la educación y la inversión institucional para enfrentar el problema de manera integral.

«El cuerpo de las mujeres es visto como un territorio que se quiere controlar. Es un mensaje de poder, de decir, ‘aquí mando yo, aquí decido yo’. Es también una forma de demostrar dominio frente a otros hombres y de reafirmar una estructura de poder violenta», señaló.

Doña Mercedes López, madre de Elvia, llegó hasta los juzgados de Villanueva exigiendo la pena máxima para el agresor, rechazando indemnizaciones monetarias y denunciando que viven con temor por amenazas continuas contra ella y sus nietos.

«En este caso es el Estado el responsable, pero ahora corresponde exigir protocolos para cuando una mujer denuncie. Necesitamos que se proteja, investigue y sancione como una muestra de no repetición de hechos, que ninguna mujer sea asesinada. Las mujeres están denunciando, pero no están recibiendo la protección de parte del Estado. Siempre se excusan diciendo que no hay fondos. Sin embargo, las mujeres son parte de esta sociedad; tenemos el derecho de que se nos proteja cuando buscamos el apoyo y protección del Estado», comentó Noemí Dubó del Foro de Mujeres por la vida.

La familia de Elvia y las mujeres organizadas están atentas a lo que pueda suceder el próximo 15 de julio, fecha fijada para la audiencia preliminar donde se decidirá si este caso se eleva a juicio oral y público.