Un paso en firme
Aunque la publicación en el diario oficial La Gaceta tuvo un retardo alarmante de dos meses y medio, ya está en vigencia el Decreto Legislativo 18-2024 y, como lo expresa la OACNUDH es un logro histórico en la protección y conservación de los bienes naturales.
Hacemos un reconocimiento al gobierno por este paso histórico y firme. No solo es un paso para revertir la reducción de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos en la zona del Aguán, sino que queda firmemente legalizada la prohibición para otorgar concesiones mineras en áreas protegidas en todo el territorio nacional y a la vez ordena restaurar los daños ambientales.
Hacemos igualmente un firme reconocimiento a las organizaciones ambientalistas y sociales del Aguán por su lucha. Nada se logra sin sacrificios y sin entregas. Y esto es lo que ha ofrecido mucha gente noble y generosa en el Aguán, muchos de los cuales han debido pagar el alto tributo de su vida y muchos otros se han debido desplazar en contra de su voluntad para salvar sus vidas y proseguir dando su aporte a la lucha por una comunidad en armonía con la madre naturaleza.
Asimismo, este logro histórico se alcanza en virtud del compromiso solidario de muchas organizaciones ambientales, de derechos humanos y eclesiales del país y de la comunidad internacional. Y a este trabajo compartido hemos de sumar el servicio de medios de comunicación populares y alternativos junto con las redes sociales.
Ya está el instrumento jurídico, ya está vigente una ley que respalda y protege la lucha ambiental. Ahora queda su implementación. Y en esto es en donde las organizaciones del Aguán y las comunidades han de mantener plena vigilancia, sin parpadear. El gobierno ha de cumplir, pero nada se gana sin exigencia y sin presión, como ha quedado establecido. Sigue la amenaza de la termoeléctrica y las empresas extractivas siguen teniendo bajo amenaza a las comunidades y al ambiente.
Que las trancas que ha tenido la empresa extractiva para impedir que las comunidades defiendan sus derechos, ahora sirvan para que las comunidades impidan que sigan las operaciones que ahora son prohibidas por ley. Presión por la implementación del Decreto 18-2024 es la primera actitud de organizaciones y comunidades. Y segunda actitud: vigilancia permanente para detener toda acción empresarial orientada a hacer negocios a costa del daño ambiental y de las comunidades.
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