Por: Ismael Moreno, SJ. A 14 años del golpe de Estado.
En el marco de la contradicción fundamental de confrontación entre el gobierno y sus iniciativas que preside Xiomara Castro Sarmiento con los poderosos y activos grupos fácticos –los cuales van desde partidos políticos oficiales, pasando por gremios empresariales, individuos con poder específico hasta pasar por las escurridizas y subterráneas redes del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, todos ellos vinculados unos con otros y con altos oficiales de la policía y las Fuerzas Armadas– que caracteriza el actual contexto hondureño y que se va agudizando en este año 2023 y que se advierte todavía mucho más polarizado para los dos años siguientes, llamamos a situarnos y buscar respuesta a los siguientes conflictos nacionales que actualmente nos pueden poner en jaque y perdernos si no los sabemos analizar, interpretar, discernir y enfrentar si es cada uno, pero desde una mirada y compromiso de conjunto:
El primer conflicto es el agrario, un conflicto acumulado y nunca resuelto desde hace al menos seis décadas. Todas las respuestas que se han dado en las distintas administraciones públicas han sido para acumular su conflictividad y para usarlo en función de intereses de grupos de poder o para campañas proselitistas. Siempre se dijo que en Honduras quien tiene la tierra tiene el poder, y hoy sigue siendo así pero acrecentado con el control territorial, porque ya no entran los actores del campo, terratenientes, altos empresarios y campesinado, sino el crimen organizado tanto urbano como del campo, que no tiene especial interés por la tierra para la producción o el comercio sino el control territorial para fines ilícitos y tránsito de negocios sucios y de narcotráfico.
Muy mala señal nos da el gobierno con la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, cuando acentúa los desalojos y la criminalización de organizaciones campesinas por encima de la reorganización agraria que trastoque drásticamente la tenencia de la tierra, en cuya base radica la histórica conflictividad agraria. Y mientras no se aborde este tema de fondo, toda respuesta será de palos de ciego, de prolongación del conflicto agravándolo o atendiendo primordialmente las presiones y chantajes de la élite empresarial oligárquica. Los asesinatos de defensores de la tierra, especialmente en la zona del Aguán se suman a la sangre derramada a lo largo de muchos años de este conflicto acumulado y no resuelto, y de seguir dando respuestas superficiales no solo se seguirán dando tumbos, sino tendremos que seguir lamentando y llorando más derramamientos de sangre campesina.
El llamamiento a los sectores sociales y populares se ha de orientar a ejercer el derecho a la presión y movilización social para que el gobierno apruebe e implemente políticas públicas que en lugar de ser apagafuegos y responder a presiones de grupos de poder, se sitúen en el compromiso por tocar a fondo la tenencia de la tierra como el fundamental nudo agrario del país, y como condición para avanzar en estas políticas de reordenamiento agrario exigimos al Congreso Nacional la derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola como condición para alcanzar un escenario en donde el campesinado seca actor decisivo en la construcción de propuestas agrarias integrales.
El segundo conflicto es el ambiental ecológico, un conflicto que está dejando como recuento sangriento la muerte de ambientalistas y defensores de ríos, aguas, bosques, territorios y culturas, además de la estigmatización, criminalización y judicialización de quienes se oponen con fervor comunitario y patriótico al despojo de los bienes naturales, sus territorios y sus culturas. Así ocurrió años atrás el asesinato de Berta Cáceres y así ocurren los asesinatos de defensores ambientales en la zona del Aguán, específicamente en la comunidad de Guapinol, en la zona del río San Pedro, en la región del Aguán y con defensores ambientales de las tribus indígenas de tolupanes en las montañas del interior del departamento de Yoro, entre otros. Reiteramos que este conflicto ambiental tiene de fondo la confrontación entre dos modelos, uno, el modelo de desarrollo basado en el despojo y explotación infinita de los bienes de la naturaleza con fines comerciales, de ganancias y lucro, y en el otro extremo, el modelo del buen vivir basado en la armonización entre los bienes de la naturaleza y los seres humanos. Tanto los seres humanos tenemos derechos humanos que defender y promover como la naturaleza tiene derechos a los que nos toca defender y promover. Esta armonización es la que nos dará vida, porque así la naturaleza nos dará lo que necesitamos para vivir y alcanzar bienestar y nosotros daremos vida y protegeremos a la naturaleza como nuestra madre.
Nuestra apuesta ha de situarse desde las comunidades y organizaciones que protegen y defienden la naturaleza, y a su vez desde la lucha en contra del modelo de desarrollo extractivista, con el fin de contribuir a que el modelo del buen vivir avance hasta consolidarse y que el modelo de desarrollo extractivista se debilite y reduzca drásticamente su dinámica destructora. Esta contradicción entre estos dos modelos está en la base de la violencia, las amenazas a la vida y los asesinatos a ambientalistas y luchadores sociales y populares que defienden los bienes de la naturaleza. Muy mal queda el gobierno si promueve respuestas tibias, turbias y ambiguas en un conflicto que incuba tanta violencia, y sin situarse desde la defensa de la vida de dirigentes y comunidades y desde el modelo del buen vivir. Respuestas así solo contribuye a prolongar este conflicto y a dejar bajo mayor amenaza a quienes defendemos el modelo del buen vivir. Un llamamiento al gobierno a que defina su posición con políticas públicas orientadas a fortalecer el modelo de buen vivir desde donde se inserta el compromiso en defensa de quienes protegen y dan su vida por sus bienes naturales, sus territorios y su cultura.
El tercer conflicto es el de derechos humanos, un conflicto que se inserta en una sociedad en donde no se violan individualmente los derechos humanos, sino que la sociedad está sometida a un modelo violador estructural de derechos humanos, y que tiene que ver con los asuntos agrarios, ambientales y todo aquello relacionado con la ausencia de una institucionalidad de justicia y con una legalidad en manos de quienes atentan en contra de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y al servicio de élites empresariales, políticas y criminales. La violación a los derechos humanos se sitúa en contexto de impunidad y de corrupción. Atender asuntos de derechos humanos de manera aislada y sin mirada de conjunto, como parece hacerse desde la administración pública es seguir dando palos de ciego, y es partir de una comprensión sectorial y no estructural de los derechos humanos. Instamos a responder a la demanda de derecho humanos desde una mirada de conjunto y estructural que vincule esta lucha a la temática agraria, ambiental, violencia, de justicia y de compromiso con una opción por los sectores oprimidos y marginado.
El cuarto conflicto es la situación de violencia e inseguridad. Vivimos y somos testigos de situaciones dramáticas y extremas de violencia como lo ocurrido en el centro penitenciario femenino de Támara, en Francisco Morazán, los hechos sangrientos vinculados con operativos y asesinatos en el marco del crimen organizado y las matanzas que frecuentemente ocurren en el país, dejando regueros de sangre como la ocurrida en Choloma el fin de semana del 24 de junio que dejó al menos a 11 personas masacradas y en un contexto en donde unas 25 personas murieron violentamente en un solo día en la costa norte hondureña. Una escalada de violencia que ocurre simultáneamente con actos y decisiones que siendo aisladas aparentemente pueden situarse en el marco de debilitar y restar credibilidad nacional e internacional al gobierno que lidera Xiomara Castro, como son los casos de denuncia de amenazas y salida del país de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción y la destitución del Secretario de Seguridad que ha gozado de la confianza del gobierno estadunidense. La violencia preocupa y es un síntoma del deterioro social e institucional, a la vez que la debilidad y desaciertos del gobierno ante la inseguridad y un signo de la vida y presencia activa y amenazante de las estructuras de la narco dictadura.
Esta situación de violencia sin capacidad de control por parte del Estado a través del gobierno es la consecuencia de varias décadas, específicamente desde los años noventa del siglo pasado, cuando el Estado perdió el control en la administración y monopolio de la violencia, y la misma fue delegada a sectores no estatales por la vía de las Fuerzas Armadas y la policía. Una delegación que comenzó formalmente con la creación bajo propiedad de altos oficiales del ejército de las agencias privadas de seguridad que con el tiempo proliferaron y nutrieron la membrecía hasta alcanzar cifras mayores a los 150 mil efectivos, muy por encima del número de efectivos militares y policías juntos.
Esta delegación a las agencias privadas de seguridad tuvo un alcance tan alto que los vigilantes privados pasaron a desempeñar funciones propias del ejército y de la policía. Igual delegación se dio a grupos paramilitares de empresarios privados como el difunto Miguel Facussé en la región del Aguán o a los Atala en zonas del occidente y de la costa norte hondureña, una de las consecuencias inmediatas fue el crimen cometido por estos grupos privados en contra de Berta Cáceres. De estas delegaciones fue cobrando fuerza las consecuentes delegaciones a grupos irregulares y violentos como el narcotráfico y las maras y pandillas. Luego de varias décadas de estos procesos de delegación, el Estado perdió control y ha acabado víctima de aquellos mismos sectores en los que depositó una violencia que nunca debió haber perdido el monopolio como función estricta del Estado.
El crimen organizado sin duda busca dejar en jaque al gobierno para debilitarlo y destruirlo, a la vez que buscar medir fuerza para definir quién en Honduras tiene el poder real. El llamamiento es al gobierno para que no sea la desesperación ni las amenazas lo que conduzca a la toma de decisiones frente a la violencia y la inseguridad. Advertimos que no es el peso de la fuerza ni las armas lo que resolverá por sí solo el conflicto de la violencia. Este conflicto está inserto y remite a asuntos estructurales, algunos de los anotados en este posicionamiento. No es la salida militar lo que ha de resolver este conflicto. Los militares han sido factor de problemas y de violación a derechos humanos en la historia de nuestro país, Y nada distinto ha ocurrido como para esperar un cambio significativo en su proceder y comportamiento.
Malos consejeros son quienes alegan la salida militar a la violencia y al sistema penitenciario. Malos consejeros son quienes alegan la prolongación del Estado de excepción al modo del vecino país El Salvador. Responder solo con fuerza y violencia conduce a engendrar nuevos dinamismos de violencia. Es obligación llamar y presionar al gobierno a que convoque a diversos sectores de la sociedad para que junto al gobierno y el partido LIBRE conformen una instancia multidisciplinar que junto a una presencia internacional se aborde la violencia desde su perspectiva estructural, y que conduzca a diseñar una propuesta de corto, mediano y largo plazo que siendo justa y duradera y en sintonía con los otros factores de conflictividad nacional conduzca a reducir y eventualmente erradicar los factores actualmente productores de violencia.
El quinto conflicto es la ingobernabilidad. El gobierno tiene una cuota de poder, pero la presidenta Castro cuenta con la más baja cuota de este poder, y no pocas de las decisiones residen y se toman fuera de las instituciones formales de los tres poderes del Estado, y los grupos de poder fáctico usan las mismas para canalizar y ratificar las decisiones que se toman en otros espacios informales, fuera incluso de las instancias gremiales, como lo dijo un alto empresario: “Yo no necesito del gobierno, tomo mis decisiones y luego las canalizo a través de mis gremios”. Existe una cuota de poder en el gobierno, pero no es ni la mayor ni la más importante cuota. El poder se hace sentir fuera del gobierno y desde las instancias formales y no formales, irregulares y subterráneas se ejerce el poder que frecuentemente incide en las decisiones que se toman en Casa Presidencial, en el Congreso Nacional y en la Corte Suprema de Justicia.
El poder está diseminado en distintos lugares y espacios y desde ellos se ejerce presión y se condiciona al gobierno. Estos son los poderes fácticos, de donde emanan diversas manipulaciones y arbitrariedades que constituyen y dan consistencia a la impunidad, la corrupción y la violencia. Esto es lo que podemos identificar como ingobernabilidad. Poderes autónomos, cual reino de Taifas, cada uno promoviendo sus propias dinámicas y buscando imponer sus intereses por encima de los demás, en detrimento del poder e intereses del Estado, porque a fin de cuentas, cada poder actúa como si en efecto fuese el Estado.
El llamamiento es a aportar en construcción de enlaces y vínculos entre diversos sectores de la sociedad para construir y rehacer tejidos rotos a la vez que unificar alianzas entre organizaciones y tantos “vigores dispersos” para articular propuestas a ser presentadas y defendidas ante el gobierno. Cuando más fortalezcamos poder desde abajo y enlazado entre diversos sectores, más se ha de contribuir a generar poder popular que presione desde abajo hacia el Estado. Y cuanto más poder popular se construya más se puede ejercer incidencia ante el gobierno a quien se estaría de esta manera trasladando un poder que necesita para impulsar propuestas y políticas públicas por encima de los poderes fácticos que cada uno de ellos busca imponerse compitiendo con el poder del Estado. La alianza entre sectores populares enlazados horizontalmente con un gobierno al que se le entrega poder para que lo administre desde los intereses populares, es tarea política primordial en estos tiempos de ingobernabilidad.
El sexto conflicto es la CICIH. Todo mundo habla y demanda la presencia e instalación de la CICIH en tanto instancia internacional que adscrita a la ONU contribuya a investigar y conducir a juicio y condena a quienes desde las redes criminales sostienen la institucionalidad de la impunidad y la corrupción en nuestro país. Esta instalación ha de estar en plena sintonía con las instancias nacionales de justicia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público. Si la CSJ no funciona o responde a intereses extraños a lo que demanda la Constitución de la República, muy poco puede hacer una instancia internacional. Decisiones en pleno de la CSJ como acordar que un confeso narcotraficante se defienda en libertad, deja muy malas señales, o tener en la agenda como punto número uno en la primera sesión del pleno de la CSJ tratar el tema de reformar el decreto de extradición, advierte que esta institución se sigue moviendo de acuerdo con intereses de poderes fácticos y no en virtud de la función que le dicta la Constitución de la República. Si nos dejamos llevar por los rumores de que la elección del Fiscal General y su Adjunto ya están negociados y que el proceso establecido para su elección es apenas cumplir un protocolo, advierte que el Ministerio Público seguirá cooptado por sectores de los poderes fácticos. En estas condiciones es poco lo que habría que esperar de una instancia internacional. Y si a esto se añade que las dinámicas podrían apuntar a que no se niega la instalación de la CICIH, siempre que su conformación esté supeditada y controlada por parte de quienes sostienen y conducen el Pacto de Impunidad.
El llamamiento a los diversos sectores sociales y populares a mantener nuestra mirada y vigilancia para que la instalación de la CICIH se logre sin las presiones y condiciones de quienes dirigen los actuales partidos políticos, los gremios empresariales y el crimen organizado, sino se mantenga independiente, incluso del gobierno para que cumpla con su función de investigar a fondo las redes criminales. Somos del criterio de la necesidad de una instancia internacional como la CICIH sin la cual es imposible que se combata con éxito la impunidad de quienes tienen un poder inmenso tanto en la institucionalidad pública, la privada como en los corredores subterráneos de la criminalidad organizada. Sin embargo, para que cumpla con su función es condición que exijamos y vigilemos para que la CSJ y el Ministerio Público funcionen de acuerdo al mandato constitucional y no supeditado a intereses extraños a su función. Y es necesaria la vigilancia social y política para que estas instancias nacionales y la CICIH mantengan independencia en sus decisiones y no se permitan los sobornos por quienes están identificados o son sospechosos de tener vínculos con actos y procesos de impunidad y de criminalidad.
El séptimo conflicto tiene que ver con la ZEDE y la propuesta de Ley de Justicia Tributaria. La Zede la insertamos en la confrontación fundamental entre el sector oficial y los grupos fácticos, porque tiene que ver con la lucha por derogar instrumentos que son un atentado directo a la soberanía nacional y detrás de los cuales se yerguen intereses de trasnacionales que en asocio con la élite empresarial hondureña busca consolidar el modelo neoliberal capitalista en su expresión más radical y extremista cuyos principales impulsores se autodenominan “libertarios” que sin ambigüedades arrasan con la territorialidad, los bienes naturales y la responsabilidad nacional de ejercer soberanía en cumplimiento con los mandatos constitucionales.
El llamamiento es claro para que los diversos sectores sociales y populares converjamos en la presión común por exigir al Congreso Nacional se ratifique el voto para la derogación definitiva de las ZEDE, como una expresión popular para que en Honduras ejerzamos el derecho a la soberanía que nos asiste la Constitución de la República.
Y la unimos a la iniciativa de ley que el Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional para aprobar el instrumento llamado de Justicia Tributaria orientado a ejercer control sobre decisiones financieras y económicas con el fin de reducir desde la institucionalidad del Estado los desajustes y desigualdades económicas que se producen en las relaciones comerciales, productivas, financieras y tributarias. En Honduras no solo somos empobrecidos porque los medios de producción están en muy pocas manos y por la decisión de depender de economías extrañas y externas a las dinámicas endógenas, sino porque la población produce la riqueza socialmente, pero existe un sistema de tributación que conduce a que la riqueza sea apropiada individualmente. La gente asalariada paga lo mismo que los altos empresarios, y con esta figura jurídica de Justicia Tributaria, se busca cambiar las reglas para que la gente tribute al Estado de acuerdo a sus ingresos y ganancias. Aplaudir esta iniciativa es propio de quienes creemos y valoramos las transformaciones sociales y populares a la vez que se ha de exhortar a todos los sectores sociales y populares patrióticos a que converjamos en la lucha por exigir su aprobación en el Congreso Nacional.
El octavo conflicto es el energético. Somos un país con todas las privilegiadas condiciones naturales y de biodiversidad para contar con energía efectiva y de reserva para cubrir las necesidades energéticas presentes y de futuro, y también para vender a nuestros países vecinos. No obstante, estamos experimentando y padeciendo las consecuencias de la administración energética corrupta y malvada de las administraciones anteriores, la cual ha estado orientada para el uso perverso para fines particulares, para la privatización de dicha administración y con respuestas irresponsables y al menos mediocres por parte de los responsables directos de la administración pública. Hoy pagamos la factura, a cual además va dejando en bandeja de plata la energía en manos de la élite empresarial oligárquica y en transnacionales.
El llamamiento es para que el gobierno coloque en la administración de energía a personal competente, profesional, honesto y con mirada de futuro, que una la resolución de la crisis actual de la mano con sectores patriotas del país y que se asista de personas y países con alta experiencia en el terreno como Brasil, México, Noruega y China para que en conjunto se ponga en marcha una propuesta integral que asista con energía limpia a toda la sociedad, se garantice su no privatización e involucre a diversos sectores populares de la sociedad no gubernamentales para velar por el saneo permanente de la administración de energía y la misma esté asociada con la defensa y protección del ambiente.
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El noveno conflicto es el internacional. Luego de vivir en un contexto estándar de relaciones diplomáticas internacionales condicionadas por los intereses del gobierno de los Estados Unidos, la administración de Xiomara Castro tomó e implementó la decisión de establecer relaciones diplomáticas con China Popular, manteniendo sus relaciones tradicionales con los restantes gobiernos de la comunidad internacional, dejando que Taiwán hiciera efectiva la decisión de retirar su representación diplomática al romperse la condición de mantenerla a cambio de que Honduras no estableciera relaciones con China Popular. Es una decisión que abre enormes expectativas y oportunidades. Se aplaude esta decisión y se espera que el gobierno aproveche la oportunidad para fortalecer sus relaciones internacionales y las convierta en posibilidades para bienestar de los sectores tradicionalmente excluidos y oprimidos, y a la vez que esta oportunidad camine de la mano para exigir al gobierno el compromiso por impulsar propuestas internas que permitan avanzar hacia la soberanía, independencia, autodeterminación y justicia social, y no sea un factor nuevo de dependencia, actualizando la “nostalgia bananera”.
Nuestra preocupación y exhortación:
La situación del contexto actual es de alta preocupación por el deterioro que se advierte en la actual administración pública a razón de los conflictos internos basados en luchas por cuotas de poder y con la mirada excesivamente puesta en la contienda electoral. Este deterioro interno agrava el deterioro del ambiente social y político que sitúa al país entero en estado de alarma y de peligros. Es preocupante que en lugar de abonar para que el partido LIBRE y los sectores afines avancen a consolidar un posicionamiento responsable en torno a la contradicción fundamental del actual contexto político nacional, se debilitan en infructuosas y estériles luchas intestinas que van convirtiendo la institucionalidad del Estado en una estructura electoral.
Con un ambiente y problemática así toda la sociedad hondureña perdemos, porque este gobierno es la única tabla que tenemos en el país para construir una propuesta democrática, y la responsabilidad por hacer cuestionamientos críticos oportunos, sostenerlo y enriquecerlo es de todas las personas y organizaciones, sociales, populares, políticas y eclesiales que creemos y queremos apostar a la democracia y al Estado de derecho.
Si este proyecto fracasa, como lo buscan y lo impulsan los sectores anti democráticos nacionales e internacionales, y como lo abonan los sectores al interior del gobierno, no se advierte otra oportunidad en el corto y mediano horizonte. Si esta propuesta se desbarata y destruye previsiblemente nos espera un retorno al reciente pasado, pero con mayor radicalidad y extremismos. Los diversos sectores de la narco dictadura se están reagrupando y utilizan todas las contradicciones, errores, debilidades y desaciertos para destruir e impedir que esta propuesta se constituya en un proyecto nacional democratizador, y así impulsar su propuesta que se expresaría en una amplia coalición que aglutine a los sectores, grupos, partidos y movimientos en base a un proyecto de derecha y extrema derecha fundamentalista, política, ideológica, religiosa y militarmente concebida como neo fascista.
Estos sectores tienen claridad de su proyecto y avanzan en dirección a hacerlo realidad en la próxima contienda electoral, el cual proyecto puede expresarse en un partido político, como el Partido Nacional o el Partido Liberal, pero en coalición entre ellos y con el actual Partido Salvador de Honduras, o puede expresarse en una coalición de partidos y movimientos religiosos fundamentalistas que se canalice a través de un “outsider” que les represente y dé garantías de triunfo. Este proyecto pasa por la condición de desprestigiar y aprovechar las incoherencias, conflictos internos de LIBRE y demandas sociales no resueltas para destruir el proyecto que podría ser democratizador que lidera el gobierno de Xiomara Castro. La derecha y la extrema derecha tienen claridad y firmeza en su propuesta y van consolidados hacia su implementación.
Los sectores, especialmente de LIBRE, que liderándolo se aglutinan en torno a la institucionalidad del Estado, se revuelcan en sus propias contradicciones internas, y al perder la mirada de conjunto y la contracción fundamental, agrandan sus conflictos y se comportan como si los mismos fuesen fundamentales. Cuentan con mucho lenguaje agitador y de consignas, pero con muy poca solidez, y los conflictos internos y la desesperación de alcanzar cuotas que los posicionen con poder para hacer realidad sus aspiraciones políticas electorales, no solo debilita y empaña la propuesta democratizadora, sino que en los hechos la torpedean y son un factor que a fin de cuentas favorece al firme y sólido proyecto anti democrático cuya sombra nos ensombrece cada vez más y hace sentir su paso de animal grande.
El llamado es especialmente a los liderazgos y corrientes internas de LIBRE y a funcionarios del gobierno a revisar responsablemente sus actuaciones y actitudes, y a colocar la contradicción fundamental que confronta la propuesta democratizadora del gobierno con los poderes fácticos, y a colocar intereses particulares y de grupo por muy importantes que sean y parezcan, exhortamos a que subordinen intereses genuinos de proselitismo político, a que dejen de ver el gobierno como plataforma electoral y la conviertan en lo que debe ser, una plataforma nacional de construcción de proyecto nacional y político por la soberanía nacional y autodeterminación del pueblo hondureño. El tiempo para esto se agota, los enemigos de la democracia y del Estado de derecho acechan y amenazan. No hay tiempo que perder, o situamos nuestras diferencias e intereses en el lugar secundario que corresponda para mirar el conjunto y apostamos por salvar y reorientar el proyecto democratizador haciendo realmente y no por demagogia, un solo amarre en positivo y con creatividad con el equipo más responsable que lidera Xiomara Castro Sarmiento, o seremos testigos de la emergencia de una coalición fundamentalista neo fascista que aplastará las aspiraciones populares. Hoy, estamos a tiempo para actuar, mañana será demasiado tarde.
Un llamamiento especial es a las organizaciones sociales, populares, ambientales, agrarias, étnicas, juveniles, femeninas, eclesiales y organismos de incidencia, a que acentuemos la mirada de conjunto, el análisis crítico y a la vez propositivo, y abrirnos a los enlaces y coordinaciones acentuando coincidencias por encima de diferencias, desconfianzas y protagonismos que sin duda son secundarios. Avanzar a que la mirada de conjunto orgánicamente se exprese en convocatorias orientadas a comprometernos en afianzar el método de presionar organizadamente en torno a demandas nacionales acompañadas de propuestas. Insistir que no somos ni queremos ser gobierno, pero en el actual período el gobierno no es nuestro enemigo. Estamos llamados a fortalecer estructuras convocadoras de movimiento popular, y desde una instancia así contribuir a establecer vínculos con instancias del gobierno, a partir de la autonomía y garantizando la identidad social de los movimientos. El llamado final es a crear todas las condiciones de conciencia, organizativas y de militancia para convertir este período en el tiempo del liderazgo y la fuerza coordinada de los movimientos sociales.
