Una agenda de trabajo gubernamental con carácter prioritario
Las observaciones preliminares de la visita que hizo al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueden darnos luces de algunas prioridades que debería adoptar el gobierno para mejorar la situación de millones de personas. Mencionemos tres.
El primero está vinculado con el derecho a la educación, el cual enfrenta grandes desafíos debido a los altos índices de deserción escolar. Aproximadamente la mitad de la niñez en edad escolar se encuentra excluida del sistema educativo y la mitad de las escuelas no tienen condiciones adecuadas de higiene y el 25% no tiene agua.
El segundo está relacionado con el derecho a la salud, que tiene limitaciones de cobertura y accesibilidad, especialmente para grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Hay escasez y desabastecimiento de medicinas e insumos médicos, y un número insuficiente de personal de salud.
El tercero está vinculado con los conflictos sociales, ambientales y agrarios que han derivado en altos niveles de violencia. Esto se debe a la corrupción generalizada en relación con el registro y titulación de tierras, y la autorización y concesión de proyectos de desarrollo.
Si el gobierno de la república asume una posición de escucha, estos tres puntos podrían ser parte de un plan estratégico para adoptar las medidas necesarias orientadas a superar tales problemas y tener un impacto real en la vida cotidiana de las personas que los sufren.
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