A seis años del Golpe de Estado, nuestro país vive una nueva primavera de lucha que forma parte de las secuelas de una crisis política provocada históricamente por las clases dominantes en su afán de evitar profundas transformaciones en el Estado.

Consecuencias que se reflejan en seis años con el aumento de la desigualdad social, pobreza, militarización, inseguridad, desempleo, concesiones mineras, venta de territorio, expropiación de pueblos originarios, privatizaciones, ataques a gremios y clase obrera.

En 2009, como segunda parte del proceso de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, la lucha en la calle vivió uno de sus puntos más altos.

La crisis institucional del país polarizó a la sociedad hondureña y el movimiento popular  mostró la fuerza que no había concretado en mucho tiempo. Acuerdos desmovilizadores, creación de nuevos partidos políticos, procesos electorales fraudulentos y el involucramiento de la clase media en las protestas sociales fueron algunos eventos que se desarrollaron durante el golpe.

El golpe de Estado, la lucha de un pueblo en resistencia, los acuerdos, las elecciones y las direcciones acaudilladas se convierten en lecciones importantes por aprender para los nuevos actores que marcan el presente político.

Consecuencias de una crisis 

Honduras vive un nuevo episodio de protestas. Por una parte la indignación y por la otra la conciencia social hacen la combinación perfecta para movilizar a miles de personas inconformes con la corrupción, impunidad y sistema de gobierno.

La coyuntura actual experimenta la participación de sectores nuevos en las calles; es decir la clase media, un sector que hace seis años calificaba a la lucha social como una medida diabólica utilizada por grupos revoltosos.

Sobre el tema, Faustino Martínez exsindicalista, dirigente obrero y acompañante de generaciones en procesos populares, hace un análisis aduciendo que este proceso es muy positivo, teniendo en cuenta la adhesión de estos sectores a la lucha social, utilizándolo como el método más eficiente de exigencia que históricamente ha logrado conquistas importantes para los pueblos.

Además afirmó que las protestas recientes no son producto de la casualidad, sino la continuación de una crisis anunciada por las políticas dictatoriales y neoliberales de los arquitectos del golpe de Estado del 2009.

“La desigualdad social sigue más vigente luego del golpe de Estado del 2009, generando aumento de la pobreza, violencia, desempleo, privatizaciones y ataques a las conquistas laborales”.

“Hay que valorar el papel del gobierno en estos seis años, que orienta su política en contra de los intereses de las grandes mayorías, atropellando a los gremios, sindicatos, sectores territoriales, estudiantes, entre otros.

Han dejado el país en ruinas, con deudas enormes, con una precariedad en salud, educación, vendiendo el país a pedacitos, concesionando los territorios, todas esas consecuencias hacen que existan luchas dispersas que tarde o temprano desencadenan en manifestaciones de este tipo”.

El analista afirmó que hay una generación de una crisis económica terrible, que golpea directamente a la clase media y que esa amenaza ha impulsado a salir a las calles.

“La corrupción, impunidad y saqueo de las instituciones del Estado han contribuido en la indignación y conciencia de la gente. Tanta decisión dictatorial del gobierno ha generado impacto en la población que sin importar a que sector represente, provoca indignación y por ende toma el camino de la movilización como el correcto. En la medida que el Estado siga gobernando bajo esos parámetros seguirá provocando más indignación y protestas en las calles”, analizó Martínez.

Por su parte el catedrático universitario y filósofo Marvin Pérez manifestó que: “nunca había visto a la clase media en las calles, pero eso responde a la concentración de riquezas en pocas manos y a tocarle el bolsillo a la gente, a través del aumento en impuestos y la corrupción”.

Para Pérez todo es parte de un proceso sistemático de explotación que se agudizó a partir del golpe de Estado, llevándose de encuentro no solo a quienes se opusieron, sino incluso a quienes lo apoyaron.

A nivel de medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos los nuevos actores políticos de clase media asocian el acontecimiento de golpe de Estado como una campaña de pleitesía a Manuel Zelaya, caracterizándolo como un factor meramente electoral.

Sobre tal balance Martínez dijo en su análisis que el tema del golpe de Estado no se debe ver como un hecho electoral, todo lo contrario es una situación que se debe analizar desde todas las perspectivas: sociales, económicas y políticas.

Además Martínez y Pérez concuerdan con que es importante que este sector esté en la lucha y retome el método de la protesta como el correcto, eso significa que el grado de conciencia aumenta y permite iniciar procesos sociales interesantes.

Aseguraron que además de ser sustancial la adhesión de este grupo de la sociedad se debe democratizar los espacios, convertirlos en estructuras horizontales y no verticales; es decir que la organización interna es una tarea por cumplir.

¿Qué se debe aprender del pasado?

La memoria histórica sirve para aprender del pasado y evitar errores que dañaron procesos de lucha debido a equivocaciones políticas.

Ese riesgo lo viven todos los movimientos sociales del mundo y por tal razón deben ser sometidos a espacios amplios de debate y discusión bajo paradigmas democráticos.

En Honduras las protestas de los últimos meses fueron desencadenadas por la corrupción de los políticos de turno y el descalabro de las instituciones del Estado entre ellas la gota que derramó el vaso: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Como apuntaron Pérez y Martínez, la corrupción es solo una característica del sistema de gobierno, por lo tanto no es un problema cosmético, sino estructural.

Como todos los procesos sociales, éste también presenta problemas organizativos y de divergencias políticas.

Pérez aseguró: “veo contradicciones en el movimiento que demuestran inmadurez política. Hay un discurso que corre en este movimiento de antorcheros, manifestando que es apolítico, es un error porque el simple hecho de manifestarse contra el gobierno y exigir la renuncia del Presidente es político”.

Por su parte Martínez manifestó: “Honduras está viviendo un proceso diferente, porque continuamente la gente está protestando, por eso no debe existir desvíos políticos, pero esto pasa por la claridad que tenga la dirección de los movimientos protestantes. Es lógico que los movimientos se desgasten pero pueden obtener conquistas fundamentales en la medida que tengan claros sus objetivos y tener un plan de lucha que defina el norte a seguir”.

Como primera lección que el movimiento debe aprender según los analistas, es la democratización del espacio, el debate municipal, departamental y nacional y la estructuración de un norte a través de un plan de lucha contra las medidas dictatoriales.

El fantasma electoral

“Olvidar el pasado es padecer de amnesia histórica”, apuntó Marvin Pérez al referirse a los riesgos que corre el movimiento al enfrentarse a la maquinaria político electoral.

Hay experiencias inmediatas que Pérez analiza cuidadosamente:

“Por ejemplo durante la experiencia del golpe de Estado, la cúpula del Frente  Nacional de Resistencia Popular traicionó a la base firmando un acuerdo como el de Cartagena que consistía en abandonar la lucha a cambio de una oportunidad electoral.

La gente quería seguir en las calles y derrotar a la dictadura a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero sus dirigentes no y su perspectiva era meramente electoral. Fue Manuel Zelaya y los liberales quienes dañaron una lucha digna del pueblo hondureño por cambiar el sistema de gobierno y crear un ambiente más justo e igualitario”.

El análisis de Pérez lo complementó Martínez al decir: “hay acuerdos políticos que son dañinos y desmovilizan movimientos, así como el de Cartagena”.

El acuerdo de Cartagena permitió una negociación donde Manuel Zelaya firmó un pacto para que la lucha social del pueblo fuera cambiada para iniciarla en el campo electoral, esto degeneró al movimiento popular y lo llevó a seis años de vulnerabilidad, crisis y división interna.

¿Se parece la actualidad al pasado?

La base del movimiento antorchero es diverso, incluye a militantes, simpatizantes del Partido Liberal, Libertad y Refundación (Libre) y Partido Anticorrupción (Pac), así como del Frente Nacional de Resistencia Popular, entre otros, quienes unidos empujan por derrotar la corrupción y castigar a los impúdicos.

A nivel de medios de comunicación los grupos de poder han iniciado un ataque frontal contra el movimiento por acusarlos de ser utilizados por partidos políticos, la acción es dirigida con contundencia a instituciones como Libre y Pac.

Por una parte el sector político y empresarial del bipartidismo teme porque el movimiento antorchero sea canalizado ya sea por Salvador Nasralla o Manuel Zelaya para ganar las próximas elecciones, pero por otra parte el sector crítico del movimiento popular teme a que esa influencia  desencadene en la desmovilización.

El tema de la injerencia electoral no es una tarea fácil de controlar y es por tal razón un escollo histórico de algunos procesos sociales.

En ese análisis Pérez se refirió: “ahora el contexto es parecido a cuando nos traicionaron luego del golpe, porque el movimiento no tiene madurez política para conducirse sola sin caudillos, eso permite que hayan grupos políticos electorales que los orienten erróneamente”.

Para Martínez se debe evitar que este nuevo movimiento sea influido por partidos políticos electorales, quienes buscan ganancias en las urnas; afirmó que se debe mantener total independencia entre su base y los caudillos, a través de espacios de discusión democrática entre todos los sectores involucrados.

“Ojalá no se dejen mediatizar por partidos de personas que quieren llevar agua a su molino, el movimiento debe mantener su independencia con una dinámica democrática y amplia, sino el desgaste será mayor y los logros serán capitalizados por cualquier partido político”.

Pérez dijo: “hay que tener mucho cuidado porque ahora es el Pac quien está dirigiendo la coordinación y es de poner ojo a eso para evitar que la lucha se canalice a través del terreno político electoral y así repetir historias del pasado que nos llevan a la profunda desmovilización a cambio de otros intereses.

Luego del 2009 quien dirigió el proceso a su antojo fue Manuel Zelaya, ahora lo intenta pero no le es tan fácil porque parte de la conducción del movimiento es profundamente liderado por Salvador Nasralla y el Pac”.

Tanto Martínez como Pérez concluyeron en la necesidad de evitar que líderes políticos de cualquier institución partidaria electoral intervengan en las decisiones de un movimiento que debe mantenerse independiente, implementando los principios de democracia y discusión interna.