Declarar inconstitucional el nombramiento de los concejales del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial es la nueva pieza que movió el gobierno de Juan Orlando Hernández para seguir concentrando poder, así analizó la decisión de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia-CJS-, el abogado Omar Menjivar.

Esta semana la Corte, por unanimidad de votos, otorgó al presidente del poder Judicial, Rolando Argueta, toda autoridad para gobernar. Lo anterior después de que los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional declararan inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura.

“Lamentablemente todo lo que tiene que ver con justicia en el país ha sido evidentemente politizado y esto es una nueva ocasión para que los políticos, especialmente los que están el poder, aprovechen la coyuntura. Esta decisión se convierte en la oportunidad de retomar el gobierno del poder Judicial.  Hoy que el Partido Nacional tiene la Corte Suprema con mayoría nacionalista, sin ningún problema ha declarado inconstitucional el nombramiento de los titulares del Consejo de la Judicatura, lo ha hecho con anticipación, el mismo presidente de la Corte sin que haya ido a discusión a la Sala Constitucional y entonces uno no sabe si lo declara inconstitucional porque efectivamente es inconstitucional o porque le conviene políticamente al poder. Todo esto nos demuestra que la Corte se está politizando”, dijo Menjívar.

El abogado Omar Menjivar asegura que es necesario el funcionamiento del Consejo de la Judicatura porque mantiene separadas las funciones jurisdiccionales y las administrativas. “Este Consejo se debe encargar de las funciones administrativas para que el pleno de la CSJ se dedique a aplicar la ley a los casos concretos, resolver los recursos de casación, amparo y de inconstitucionalidad”.

El abogado Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia dijo que la ciudadanía debe entender que no es la ley la que fracasó, fueron sus miembros que actuaron contra la ley. “Es necesario que se mantengan separadas las funciones jurisdiccionales y administrativas”, dijo Díaz.

Se deroga la ley

La Corte Suprema de Justicia mediante su vocero Melvin Duarte leyó el documento que deroga de forma total el decreto 19-2011 que dio vida al Consejo de la Judicatura.

Se deroga por efecto extensivo el artículo 90 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, podrá también declarar inconstitucionales aquellos preceptos  de la misma ley u otras con las que tenga una relación directa necesaria.

Este pleno igualmente se pronuncia abrogando por efecto extensivo según el artículo 90 de la Ley de Justicia Constitucional, el decreto 103, número 14 que contiene el nombramiento general de tribunales e inspectoría adjunta de tribunales.

Duarte siguió leyendo que se declaró no a lugar lo peticionado en el recurso consistente en dejar sin valor ni efecto las reformas a los artículos 313 y 317 constitucionales. Debe interpretarse que el Consejo de la Judicatura, como figura continúa y debe continuar existiendo como órgano.

En la declaratoria de a lugar sobresalen los siguientes puntos:

Por la iniciativa de ley que le confiere la Constitución de la Republica, será la Corte Suprema de Justicia la que redacte el anteproyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

En la nueva ley y por el principio de respeto pleno a la independencia judicial, este pleno ha establecido que los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial deben ser nombrados por la Corte.

La Abrogación del decreto 219-2011 que contiene la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, implica la puesta en vigencia nuevamente de la anterior Ley de la Carrera Judicial de 1980, mientras se pone en vigencia la nueva ley.

En atención al decreto 5-2011 que ratificó a su vez el 282-2010 que es el que se refiere a las reformas de los artículos constitucionales 313 y 317 donde se estableció además de organizar, dirigir el Poder Judicial y en atención a este fallo, volver a idéntica situación que cuando se emitió la ratificación mediante el 5-2011 al 282-2010 y evitando crear un vacío en la administración de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial, el pleno por unanimidad de votos, decidió estar de acuerdo con el articulo numero 3 transitorio de ese decreto número 5-2011 que es precisamente que el presidente de la CSJ tendrá el manejo de los recursos materiales y humanos conforme a la ley y no de manera arbitraria.

En la nueva ley debe quedar sumamente claro que el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se constituye en un órgano auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y en general del Poder Judicial en ocasión que el órgano principal de este poder del Estado es precisamente la Corte Suprema de Justicia.

Despolitizar la justicia

El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es un proceso de modernización en el mundo, Honduras ha estado a la saga. Por iniciativa de la Asociación de Jueces por la Democracia se empieza a implementar el concepto de Consejo de la Judicatura  como un órgano del gobierno de los jueces, como un ente que va a regular la función administrativa de la Corte, dijo el abogado Luís Chevez, de la AJD.

“Desde su creación se pretendía que el Consejo de la Judicatura fuera amplío y democrático, en donde no debía tener participación el presidente de la CSJ, mucho menos que ocupara la presidencia del mismo, porque lo que se buscaba era un órgano verdaderamente independiente e imparcial, pero en la práctica eso se adulteró por la injerencia de los políticos”.

El abogado Chevez asegura que el Consejo de la Judicatura debería servir para estabilizar el Estado de derecho, pero en Honduras se pasó a intervenir políticamente cuando establecen que es el Congreso Nacional quien debe elegir a los concejales, y peor aún, cuando deciden que sea el mismo presidente de la Corte quien debe presidir este órgano.

El miembro de la AJD recuerda que en el año 2013 en horas de la madrugada el Congreso Nacional eligió a los miembros del Consejo de la Judicatura, en una clara muestra de la intervención de los políticos, lo que llevó a que los concejales fueran los fieles representantes de los grupos de poder que ahora mantienen secuestrada la justicia en Honduras.