Al cumplirse siete meses del crimen contra la lideresa indígena y defensora de los bienes naturales y comunes, Berta Cáceres, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y el cuerpo de apoderados legales de la familia Cáceres demandan al Ministerio Público (MP) romper la secretividad e instalar una comisión internacional independiente de investigación,  para evitar el ocultamiento de pruebas y la impunidad a favor de los autores intelectuales y materiales del asesinato.

Las exigencias se dieron en el marco de una conferencia de prensa organizada por la PMSPH, en la que se demandó al Poder Judicial esclarecer el robo del expediente de la investigación del crimen contra Cáceres; el expediente que fue hurtado del automóvil de la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos.

Víctor Fernández, abogado que integra el equipo legal de la familia Cáceres, además  reveló que en uno de los allanamientos realizados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) se encontró vestimenta con logos del Ministerio Público: “este hecho que en la empresa DESA se encontrara una camiseta del Ministerio Público y que tenga el letrero del fiscal general y tengamos la secretividad de la investigación, eso aumenta nuestras preocupaciones en el sentido de que puedan estar instaladas algunas circunstancias, algunos extremos que impidan que se haga justicia”.

Fernández enfatizó que la serie de irregularidades y la no aparición en primera línea de investigación de los autores intelectuales, “los dueños de esta empresa –DESA-, del crimen contra Cáceres “les preocupa sobremanera y nos pone a recordar que debemos seguir pidiendo que se rompa con la secretividad”.

Tomás Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), reiteró que ante el robo del expediente y los hallazgos durante los allanamientos a la empresa DESA queda en evidencia la necesidad de contar con una investigación imparcial de expertos internacionales.

“Nosotros creemos que este Estado no va a hacer esa investigación con objetividad, porque es el mismo Estado quien persiguió a Berta; nosotros lo que exigimos es que haya una comisión independiente para que se pueda investigar y se pueda dar con el paradero y el por qué este auto robo del expediente de la compañera Berta Cáceres”, demandó Gómez.

Piden se investigue Corte de Apelaciones

Por su parte, Olivia Zúniga, hija de Berta Cáceres, catalogó las acciones de los entes investigativos y el robo del expediente como una burla para las víctimas, hecho que además deja al descubierto la inseguridad jurídica en Honduras.

“Nosotros no conocemos a la magistrada, no sabemos cuáles son sus antecedentes, pero por honor a la justicia y a la verdad deber de haber una línea de investigación contra la jueza, contra la magistrada y contra todo el entorno de la Corte de Apelaciones, eso es lo más justo”, dijo Zúniga.

De acuerdo a declaraciones de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el robo ocurrió minutos después que la magistrada María Luisa Ramos saliera de su oficina. La magistrada Ramos decidió extraer de la Corte de Apelaciones el expediente original del proceso de investigación por el crimen contra la lideresa Berta Cáceres para trabajar en su casa.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, señala que el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), debe iniciar una investigación de oficio por el robo del expediente. Díaz considera que el asalto a la magistrada Ramos no tenía más objetivo que el hurto del expediente.

“Creemos que, con el uso de la lógica, no es para el robo del vehículo, es un automotor ya de años. Yo creo que lo más importante es hacerle un llamado de atención a las instituciones del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público  y el Poder Judicial para que de oficio puedan brindar protección  para todo los testigos protegidos que se habían manejado con secretividad”, manifestó Díaz.

Robo de expediente muestra de la vulnerabilidad del sistema judicial

“El robo del expediente original del caso de Berta Cáceres es muestra de la vulnerabilidad del sistema judicial hondureño y da cuenta, en este sentido, del problema de fondo que perpetúa la impunidad en Honduras”, expresó Michel Forst, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de un comunicado.

Forst señaló que las autoridades hondureñas deben investigar de manera prioritaria el robo del expediente y las condiciones en las que sucedió, “así como tomar medidas adecuadas y eficaces para evitar la repetición de tales hechos”.

Horas después del robo del expediente, la vocería de la Corte Suprema de Justicia aseguró que el expediente fue reconstrucción con la  participar de integrantes del Tribunal, las partes del proceso, observadores de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y  el Alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

Sin embargo, Forst instó al Estado hondureño a aceptar la creación de la comisión independiente de expertos propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cooperar en la investigación del asesinato de Cáceres.

“El caso de Berta Cáceres es un ejemplo del nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras y, en particular, las mujeres defensoras”, afirmó el experto de la ONU.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras apuntan que la Corte Suprema Justicia  insiste en dilatar y ocultar los procesos investigativos, sin adelantar acusaciones contra los autores intelectuales del asesinato de la lideresa y defensora de los bienes naturales, Berta Cáceres.