Se han cumplido ocho días desde que sicarios usurparon la casa de la lideresa indígena y defensora de los bienes naturales y comunes, Berta Cáceres, para dispararle y apagarle la vida. Los autores materiales e intelectuales del vil asesinato no esperaban que Berta estuviese acompañada la madrugada del 03 de marzo.

Gustavo Castro, reconocido defensor de los derechos humanos y los bienes naturales en México, quien llegó a La Esperanza, Intibucá, para facilitar una jornada de capacitación a los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas –COPINH, se encontraba en la casa de Berta Cáceres la madrugada de ese día.

Gustavo escuchó los disparos que apagaron la vida de Berta, pero además estuvo frente a los asesinos, quienes le dispararon para no dejar testigos del crimen, sin embargo, los disparos no fueron certeros y el reconocido ambientalista fingió su muerte.

Las autoridades de investigación y la jueza Victorina Flores, del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza,  lejos de proteger la vida de Gustavo, se han empeñado en establecer una “responsabilidad penal contra Gustavo  y los integrantes del COPINH”.

Oscar Castro, hermano de Gustavo, ha denunciado que el proceso judicial se caracteriza por la violación de los derechos humanos y garantías procesales de su hermano: “él está terriblemente cansado, es una tortura psicológica que lo tenga declarando ocho horas diarias, apenas ayer -09 marzo- pudimos llevarle un médico y psicólogo para que él pueda descansar”.

Gustavo, a pesar de haber rendido declaración, el gobierno hondureño ha extendido una prohibición de salir del país por 30 días. La jueza Victorina Flores resolvió negar un recurso de reposición que interpuso su abogada defensora Ivania Galeano; Flores argumentó que Gustavo “incumplió” una citación.

Su hermano detalló que Gustavo “nunca recibió la citación y las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación”.

Jueza suspende a la defensa de Gustavo

Por el término de 15 días, la jueza Victorina Flores suspendió del proceso y del ejercicio de su profesión a la abogada Ivania Galeano, defensa de Gustavo.

Flores alegó que Galeano entró en desacato al solicitar las copias de las acciones legales a las que ha sido sometido su defendido.

El hermano de Gustavo, la familia de Berta Cáceres y los integrantes del COPINH denunciaron en la capital Tegucigalpa que la determinación de la jueza se extra limita de las facultades del órgano jurisdiccional y que además “carece de la fundamentación adecuada, contra lo cual la abogada estará accionando los recursos de ley correspondientes”.

“Hacemos un llamado al gobierno de Honduras. Nosotros queremos que el presidente de la república y que el fiscal general reciba a los familiares de Gustavo y a los familiares de Berta Cáceres para platicar esta situación, y que el Poder Judicial también reconsidere las decisiones y que reconsidere quién es el juez que va a conocer de la causa, porque una juez que comete tanta irregularidades como la jueza de La Esperanza no es garantía para que se esclarezca un asesinato de una persona tan importante para el mundo”, declaró Oscar Castro.

Tomás Gómez, sub coordinador del COPINH, señala que las acciones de la jueza y de todas las autoridades a cargo de la investigación están encaminadas a establecer una responsabilidad penal a Gustavo Castro y los integrantes de la organización que lideraba Berta Cáceres, quien desde ese espacio y el movimiento social hondureño se opuso a todos los proyectos extractivistas en las zonas indígenas lencas, pero sobre todo al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en el río Gualcarque, a cargo de la Empresa de Desarrollo Energético S.A. – DESA- .

“Eso lo que está buscando es encubrir a estas empresas transnacionales y nacionales, al poder económico y político sin poder buscar que la culpabilidad la tiene el Estado y estas empresas quienes son las que han planificado el asesinato nuestra compañera”, declaró Tomás.

Tomás, quien siempre estuvo al lado de las luchas de la defensora del pueblo Lenca y la Madre Tierra, recordó que “el COPINH y Berta Cáceres hemos venido movilizándonos, denunciando las graves amenazas que ha habido contra la integridad física de nuestra compañera y los sabotajes por parte de la empresa DESA y de otros proyectos hidroeléctricos que también está involucrada la señora Gladys Aurora López-vicepresidenta del Congreso Nacional- que tiene proyectos hidroeléctricos en el sector de La Paz”.

La familia de Gustavo Castro y Berta Cáceres, al igual que la coordinación del COPINH, hacen un llamamiento a las instituciones hondureñas de justicia a la no criminalización de las víctimas, pero además a reforzar las líneas de investigación que obedecen a las reiteradas a amenazas que recibió la lideresa indígena Berta Cáceres, por su defensa de los bienes naturales y los derechos humanos.

Berta Cáceres, que ha sido llamado lideresa a nivel mundial, no sólo la seguirán persiguiendo los grupos de poder político y económico que a toda costa pretenden apoderarse por completo de los territorios ancestrales indígenas Lencas, también la perseguirá la “señora” impunidad que impide que el 94.5 por ciento de los crímenes queden sin resolverse en las instancias judiciales del país.