La comunidad de Pajuiles en Tela, Atlántida ha sido testigo de tres desalojos violentos en menos de quince días. La Policía Preventiva, Militar y elementos cobras son los protagonistas de la represión que ha destruido el campamento de resistencia contra un proyecto hidroeléctrico que afecta la zona.
Por más de 140 días la comunidad instaló una toma de carretera para evitar que la maquinaria de la empresa Centrales de El Progreso (Hidrocep), suba la maquinaria para los trabajos en el río de la comunidad. Esa acción de la gente ha desatado la apertura de procesos criminales, orquestados por la empresa en la que los juzgados de Tela emitieron ordenes de captura contra ya más de 20 personas.
Este martes desde tempranas horas de la mañana se registró un nuevo desalojo, los uniformados llegaron a Pajuiles y con el tono bonapartista que los caracteriza desalojaron la carretera, llevándose a cinco personas detenidas, entre ellas dos mujeres, una de ellas embarazada.
«Es lamentable la situación, es una violación grave a nuestros derechos, acá no respetan ni a las mujeres embarazadas», dijo un poblador del sector.
El desalojo fue a las siete de la mañana, los manifestantes sufrieron gas lacrimógeno, piedras y agresiones con toletes. Los detenidos fueron trasladados a la Policía Preventiva de Tela. Junto a los detenidos, otras 13 personas enfrentan procesos criminales por ser acusados del delito de usurpación, todos ellos comparecerán ante un juez a finales de agosto en la audiencia inicial.
Al transcurrir la mañana, elementos policiales instalaron un operativo permanente en la carretera principal que conduce de El Progreso a Tela, con un total de más de 50 policías asignados. La población en reacción a la represión instaló un plantón a orilla de carretera y otro grupo cerró la vía en la parte alta que da acceso a la hidroeléctrica, el bloqueo de los manifestantes es para evitar que pase la maquinaria.
La Policía reprimió para intentar desalojar a la gente, a eso de las diez de la mañana lanzaron bombas lacrimógenas contra ellos, procedimiento que afectó varias viviendas donde había niños y niñas. Al escuchar denuncias de la problemática en la comunidad, una delegación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), llegó y pidió a los uniformados bajar la intensidad de su accionar.
«Venimos a pedirles que no actúen violentamente, buscaremos un diálogo entre ambas partes», dijo un delegado del Conadeh en su primera interacción con el oficial Iglesias, policía encargado del desalojo.
El Conadeh reunió a la comunidad para que llegaran a un acuerdo inicial el que permitiera que los uniformados se retiraran de la zona, el diálogo sirvió para que la situación se calmara temporalmente.
Mientras la negociación se concretaba en Pajuiles, en la posta de Tela los detenidos esperaban que la fiscal del Ministerio Público emitiera el informe de su captura y que luego comparecieran ante un juez en la audiencia de declaración de imputado.
Albertina López, mujer embarazada e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, es una de las cinco personas detenidas. «Ellos (los policías) llegaron al campamento con violencia y me llevaron arrestada a pesar que yo estoy embarazada y a poco tiempo de dar a luz».
López dice que como mujer se siente intimidada al solo ver la presencia militar en su comunidad y ahora peor porque ellos llevan orden de detenerlos y llevarlos a la cárcel.
«Me capturaron y esto pone en riesgo la vida de mi bebé, deben respetar la vida de una y garantizar nuestros derechos humanos», dijo Albertina en una entrevista a Radio Progreso.
Los detenidos responden al nombre de: Wendy Yanery García, Kevin Javier Linares y Juan Bautista Santos. Por el momento continúan bajo custodia policial, en las próximas horas deberán comparecer ante un juez para conocer si quedan absueltos o si se suman a las otras 13 personas procesadas criminalmente por oponerse al proyecto hidroeléctrico.