La extensión del contrato a la empresa Sulambiente para que recoja los desechos sólidos en la capital industrial ha causado diversidad de opiniones en todos los sectores de la población. Esta semana el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Walter Banegas solicitará plebiscito para derogar dicho contrato.

Banegas realizará una recolección de firmas entre los sampedranos y sampedranas que están en contra del contrato con Sulambiente, para respaldar su solicitud de plebiscito ante el pleno del Congreso Nacional.

“Yo siempre he dicho que de nada sirve tener un representante beligerante y unos representados indiferentes, entonces necesitamos que el pueblo de San Pedro Sula nos acompañe, porque vamos a llevar a cabo una actividad de firmas de los ciudadanos para saber si quieren o no quieren este contrato”, detalló Banegas.

Banegas, diputado por el departamento de Cortés, explica que las firmas serán recolectadas respaldados en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana: estamos coordinándola porque para llevar a cabo una actividad de este tipo se requieren de algunos permisos municipales y retornando nosotros a San Pedro Sula vamos a solicitar los permisos, una vez que estemos autorizados vamos a comenzar con la recolección de firmas.

“Lo que amerita en este momento es hacerle un llamado a la población de San Pedro Sula: si efectivamente quiere que se lleve a cabo la ejecución de este contrato”, insistió.

Comenta que además harán un análisis jurídico para “ver si existe la posibilidad” de elevar ante la Corte Suprema de Justicia –CSJ- la petición de derogar el contrato entre la comuna Sampedrana y Sulambiente.

Oposición se niega a la ratificación del contrato con Sulambiente

La propuesta de plebiscito del diputado Walter Alex Banegas, surge luego de que la junta directiva del Congreso Nacional se negara a aceptar una moción presentada por la también diputada de Cortés e integrante de la bancada del PAC, Fátima Mena.

En la moción, Mena pedía reconsiderar el punto de acta de la sesión del 18 de marzo donde fue aprobado el contrato entre la municipalidad de San Pedro Sula y el consorcio Holding Electric Centroamericana, conocido popularmente como Sulambiente. La moción fue desestima por la presidenta en funciones, Lena Gutiérrez.

De acuerdo al  presidente de la comisión dictaminadora y diputado del Partido Unificación Democrática -UD- , Edwin Pavón, el contrato corre desde el año 2001, pero además  existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –CSJ- que otorga la adjudicación a Sulambiente para recolección y manejo de los desechos sólidos en San Pedro Sula.

Por su parte, el nacionalista y vicepresidente del legislativo, Antonio Rivera, aseguró que la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece “que no puede haber reconsideración al punto de acta pues el contrato fue aprobado en tres debates y no hubo dispensa de debates por lo que tuvieron tiempo para analizarlo”.

Ante ese escenario los diputados de Libertad y Refundación –LIBRE-, y algunos de la bancada del PAC, hicieron sonar silbatos y golpearon las mesas en señal de protesta. Con la protesta de la oposición se cerró un capítulo más, en el que la bancada del oficialismo aprobó un trancazo más para la población hondureña, en este caso los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad industrial.

“Hacemos un llamado a todos los diputados para que rectifiquen en su decisión y voten en contra de este contrato lesivo para los intereses de la gente”, manifestó Jimmy Sorto, dirigente popular.

“Hago un llamado a todos los diputados del Partido Anticorrupción (Pac) para que no ratifiquen la propuesta de ampliar un contrato que la municipalidad no tiene capacidad de pagar”, expresó la regidora municipal Gloria Millián.

Antecedentes

El tema de Sulambiente deja muchas dudas para quienes no conocen su historia. Para comprender el argumento de los críticos de la empresa es necesario conocer los hechos que marcaron el pasado económico y político de la comuna sampedrana.

Todo inició un  23 de mayo del año 2001, cuando al alcalde Roberto Larios Silva le faltaban solamente 8 meses para terminar su mandato, y siguiendo el esquema neoliberal de las privatizaciones iniciadas en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas 1990-1994,  decide privatizar publicando los pliegos de la  licitación  que regulaban la Concesión de los Desechos Sólidos de la ciudad de San Pedro Sula.

Antes ya había privatizado la Empresa División Municipal Ambiental (DIMA), el agua de los sampedranos, que él mismo creó en el año de 1976 y que había sido modelo de gestión en América Latina.

Todas las privatizaciones o concesiones eran parte de las exigencias de los organismos de crédito internacional y de esa forma hacerle factible el acceso a la municipalidad a fondos blandos para su desarrollo (ver decreto 303-98 de fecha 2 Enero de 1999).

Con la licitación de los desechos sólidos  participan y presentan oferta tres empresas, así el proceso incluyó pre y calificación simultánea en los siguientes términos: el Consorcio Resister EMCE, presentó una oferta de L. 69,283,508.00; la empresa italiana AGACC Y OTROS que ganó la licitación del agua (DIMA) que formalizó una oferta por L. 62,261,522.00; y la tercera empresa fue el CONSORCIO PROACTICA MEDIO AMBIENTE, S.A. que ofertó L. 114,657,944.00 y consistía en la limpieza de calles, recolección de desechos y operación del manejo del relleno sanitario.

La empresa ganadora fue la que presentó la menor oferta AGACC Y OTROS.

Sus precios en detalle fueron limpieza de calle a L. 94.08 por Km lineal, servicio de recolección por L. 211.63 la tonelada métrica y el Servicio de operación del relleno sanitario por L. 129.33 la tonelada métrica, el dólar americano en ese tiempo se cotizaba a L. 13.00 por un dólar pero la negociación se hizo en lempiras. En la cláusula N° 20 capítulo VI del régimen económico; se circunscribía a 14,000 toneladas métricas mensuales, es decir, unas 450 toneladas métricas diarias de recolección y manejo de desechos sólidos en esa época (año 2003) y barrido de calle de aproximadamente  5,300 metros lineales.

El 25 de Enero del 2002 toma posesión el nuevo gobierno dirigido por Oscar Kilgore  y en febrero de ese año la empresa ganadora AGACC Y OTROS, solicita al nuevo alcalde la firma del contrato que deriva de la licitación adjudicada de los desechos sólidos y así solicitar al Congreso Nacional, período 2002-2006, su aprobación porque  dicho contrato excede del período de gobierno municipal.

De esa forma se pretendía concluir con el proceso iniciado por el  alcalde Larios Silva. Si la nueva administración del 2002-2006,  hubiese considerado que ese contrato era lesivo a los intereses del pueblo sampedrano, no había mejor momento para anularlo y aprovechar que fuera en esa instancia superior que se lograra el propósito.

El 27 de Febrero del 2003, la Corporación Municipal del 2002-2006, decide violentar la Ley de Contracción del Estado que rige el proceso de licitaciones, según el acta N° 32 de sesión ordinaria y anulan el punto N° 2 del acta N° 90 de fecha 27 de Septiembre del 2001 donde se había adjudicado la licitación del concesionamiento de los desechos sólidos por unanimidad.

La única forma como podían anular esa licitación era mediante un dictamen legal donde la Procuraduría General de la República lo dictaminara pero no se agotó esa instancia.

Con la decisión  tomada por la comuna en pleno,  la  abogada Maribel Espinoza Turcios, a nombre de HOLDING ELECTRICA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD POR ACCIONES (HECA, S.P.A.), AGAC, SOCIEDAD POR ACCIONES (AGAC S.P.A.) ACEA SOCIEDAD POR ACCIONES (ACEA S.P.A.), AMA SOCIEDAD POR ACCIONES (AMA S.P.A.) Y ETERNA, S.A., las que conforman el consorcio AGAC Y OTROS, S.A., antes denominado SULAMBIENTE impugna primero ante el pleno corporativo  la resolución y obtiene respuesta negativa a dicha reclamación.

El 8 de Enero del 2004 mediante acuerdo corporativo según el punto 13 del acta Ordinaria N° 57; posteriormente,  presenta demanda con reclamación de daños  y perjuicios ante el  Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula el 4 de Febrero del 2004 reclamando lo siguiente:

-Que se anule el acto administrativo de fecha 27 de Febrero del año 2003, según el acta N° 32 punto N° 2 donde esa corporación municipal acuerda declarar fracasada la licitación adjudicada el 28 de septiembre del 2001 según el acta N° 90 de sesión extraordinaria de esa fecha.

-Al pago de daños y perjurios por la cantidad de $ 6,682,919.00, justificando dicha solicitud en que el consorcio AGAC Y OTROS, había pagado una comisión de éxito por dicho proceso licitado a un banco N+1 la cantidad de $1, 000,000.00 (Un Millón de Dólares)  y además habían inversiones en garantías bancarias por $ 1,500,000.00  (Un Millón Quinientos mil dólares )  y en compra de equipo.

-Pago de Costas y se obligue a la firma del contrato.

Con fecha 25 de Enero del 2005, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, presidido por el Abogado Mario Augusto Peraza Zelaya, emite sentencia sobre ese juicio donde se condena a la Municipalidad de San Pedro Sula, al cumplimiento de cuatro situaciones:

-A que se anule el acto administrativo de fecha 27 de Febrero del año 2003 donde la Corporación Municipal había declarado fracasado el proceso licitatorio en septiembre del año 2001.

-Al pago de daños y perjuicios que reclamó dicha empresa por  $ 6,615,794.00 (Seis millones seiscientos quince mil setecientos noventa y cuatro dólares). Con una diferencia de $ 67,125.00 (Sesenta y siete mil ciento veinte y cinco) entre lo solicitado y lo concedido por el juez Peraza Zelaya.

-Al pago de costas por un valor de $ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil dólares) y, A la firma del contrato original.

“Sulambiente sin recoger una hoja de papel recibió una millonaria cantidad de dinero de la comuna”, dijo a Radio Progreso el exregidor municipal Wilfredo Flores.

Confirmada la sentencia, los miembros corporativos presentan una moción el 19 de abril del año 2005 según el acta N° 105 del punto N° 19 donde autorizan al alcalde Oscar Kilgore a iniciar pláticas para resolver el conflicto por medio de una conciliación.

El 20 de Abril del 2005 notifican tanto el representante de  AGAC Y OTROS  y el alcalde  la formalización del inicio del arbitraje, proceso que se lleva a cabo entre el  5 de Mayo y 14 de Junio del 2005 sin llegar a acuerdos en una primera etapa y entre el 26 de Agosto y el 12 de Septiembre del 2005 en una segunda etapa, que es donde llegan a los acuerdos de pago.

Los aspectos fundamentales del acuerdo son los siguientes: la municipalidad se compromete a modificar las tarifas  y dolarizarlas, las tarifas se modifican de  L. 211.63 la recolección a $ 26.14 cuando se licitó el dólar se cotizaba a L. 13.00 por un dólar americano y en septiembre del 2005 el dólar se cotizaba a aproximadamente L. 18.60 por dólar y el relleno sanitario cambiaba de L. 129.33 a $ 15.95 y se eliminó el barrido de calle que había sido licitado en L. 94.08.

Las negociaciones no avanzaron y con la llegada de la nueva administración dirigida por Juan Carlos Zúniga, el proceso de negociación fracasó y al final la comuna sampedrana tuvo que pagar una demanda por daños y perjuicios a Sulambiente por una cantidad de Lps. 180 millones.

Vuelve el fantasma del pasado

El 17 de marzo, el Congreso Nacional aprobó en tercer debate el contrato suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y la sociedad Holding Eléctrica Centroamericano Sociedad por Acciones o Sulambiente, firmado por el alcalde Armando Calidonio.

Una comisión ad hoc nombrada para buscar una salida definitiva del problema determinó entregar al jefe edilicio cinco recomendaciones, entre las cuales figura la firma del contrato con la compañía.

“Hay que hacer un estudio de las finanzas de la Corporación Municipal, para saber si estamos en la capacidad de pagar las mensualidades a la empresa Sulambiente una vez que el contrato se apruebe”, caracterizó Antonio Rivera.

La pregunta del millón es ¿Cuál será el futuro de San Pedro Sula si se extiende el contrato a Sulambiente? El exregidor municipal Wilfredo Flores calificó la iniciativa de los congresistas como una atrocidad en contra de los sampedranos, manifestó que es un negocio de unos pocos en donde incluso está coludido el actual alcalde capitalino Nasri Asfura.

El diputado del PAC, Walter Banegas, manifestó en Radio Progreso que se debe revisar la propuesta y no aprobar algo que ha sido dañino para la economía municipal, todo basado en los hechos que marcan el pasado de Sulambiente quien sin prestar ningún servicio sangró las finanzas municipales.

Por el momento nadie sabe el contenido del nuevo contrato, los funcionarios municipales, analistas políticos ni diputados conocen el contenido del escrito, por lo tanto las cifras de pagos mensuales aún son un código indescifrable para la población.

El fantasma de Sulambiente parece cobrar vida con la acelerada aprobación de los diputados del Congreso Nacional la semana pasada, quienes aprobaron sin debate la propuesta de extensión de contrato a esa empresa.

“Quisiera pensar que no hay dinero de por medio, pero por la prisa que llevan los grupos de poder para aprobar este contrato, parece que hay algo oculto”, lamentó el dirigente popular sampedrano Ruy Díaz.

Las autoridades tampoco han dado a conocer quiénes son los empresarios ligados a tal empresa, todo se mantiene bajo un nivel de secretividad, a pesar de eso el Congreso está empecinado por aprobar el permiso a la mayor brevedad posible.

¿Diputados al servicio de quién?

El Congreso Nacional aprobó contrato entre la alcaldía de San Pedro Sula y la empresa Holding Eléctrica Centroamericana, antes Sulambiente, para la recolección de basura, en una sesión en la que no estaban muchos de los diputados del departamento de Cortés.

Diecisiete de los 20 diputados de Cortés representados en las diferentes bancadas del Congreso Nacional no votaron la decisión, varios diputados del departamento de Cortés votaron a favor del contrato, ellos son: Edgardo Castro, de Libertad y Refundación (LIBRE); Alberto Chedrani del Partido Nacional (PN) y Edwin Pavón de Unificación Democrática (UD).

“Es lamentable y condenable la actitud de los diputados que votaron a favor de este contrato, en particular de Edgardo Castro que pertenece al Partido Libre”, denunció Jimmy Sorto.

La esperanza de las organizaciones populares es que los funcionarios cambien su postura, pero curiosamente invitaron a los diputados y diputadas a una conferencia desarrollada la mañana del jueves 26 de marzo para ratificar su apoyo, ninguno de ellos llegó.

Ruy Díaz manifestó que a los diputados de Cortés se les debe exigir que no traicionen al pueblo, y que no se dejen llevar por las propuestas económicas a lo interno de la cámara legislativa.

“No tengo conocimiento de sobornos para aprobar la propuesta, pero creo que los diputados debemos pensar bien nuestra decisión y oponernos a la medida”, declaró sobre el tema el diputado Walter Banegas.

“Acá hay muchos traidores, empezando por los funcionarios municipales, el alcalde Armando Calidonio, diputados, empresarios. Le están dando un duro golpe a la gente”, caracterizó el periodista y analista político Santiago Serna.

La única esperanza de San Pedro Sula, para revertir la propuesta de ampliación del contrato a Sulambiente está en sus diputados, funcionarios que en la actual administración de gobierno han traicionado una y otra vez a la población de la capital industrial.