El reciente informe presentado por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refleja que en el año 2022, se redujo la tasa de homicidios a 38.2% por cada 100 mil habitantes,  variando en aproximadamente 3 puntos porcentuales en comparación al 2021.

La Secretaría de Seguridad reconoce los datos y apunta a que para finales de  2023,  la tendencia va hacia la baja, sin embargo, Honduras sigue siendo el país más violento de la región centroamericana. De las 7 mil 669 muertes violentas registradas 3 mil 664 son por homicidio,  cometiéndose la mayoría de estos hechos con armas de fuego.

Para la directora del observatorio, Migdonia Ayestas, las cifras denotan  la necesidad de esfuerzos estructurales para trabajar en políticas públicas de seguridad enfocadas en la prevención y no solamente al control del delito.

A criterio de analistas en materia de seguridad estos datos, aunque positivos deben verse de manera integral, enfocándose en la prevención y no solamente en el control,  ya que, en el marco de un Estado de excepción, varias violaciones a los derechos humanos se han registrado.

La mayor concurrencia de estos datos se refleja en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Yoro, Colón,  siendo los dos primeros los de mayor incidencia por su densidad poblacional.

El ministro de seguridad Gustavo Sánchez, reaccionó a las cifras y aseguró que son fieles a los datos que ellos registran, pero aseguró que en los primeros 6 meses de este 2023,  existe una reducción que según sus proyecciones rondará en aproximadamente 33% por cada 100 mil habitantes.

En entrevista a Radio Progreso el analista en materia de seguridad Carlos Sierra, dijo que resulta paradójico que, mientras la cifra de homicidios con arma de fuego ronda el 74 por ciento, desde Congreso Nacional se tomen decisiones poco congruentes al flexibilizar el tema relacionado a la portación de armas.

Frente a los datos  existe una crítica que debe visibilizarse, las violaciones a los derechos en el marco del Estado de Excepción, lo que mantiene preocupadas a organizaciones defensoras, “puesto que esta suspensión de garantías se ha prolongado por varios meses y los resultados han sido contados” según Carlos Sierra.

El informe del Observatorio de la Violencia se realiza con cifras aportadas por múltiples instituciones como Medicina Forense del Ministerio Público y la propia policía. En el apartado de la violencia contra la mujer  los datos son dramáticos, con un 24.6% de casos de delitos sexuales, 59.9% de mujeres agredidas y 46.3 de violencia intrafamiliar que en su mayoría están en impunidad.