Desde 01 de agosto del 2012, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se aprobó en el Congreso Nacional el decreto 117-2012, con el cual se reformó por adición el artículo 37 de la Ley de Portación de Armas de Fuego.
El decreto fue aprobado debido a los conflictos entre campesinos, guardias de seguridad, operadores de justicia y terratenientes, además, por el predominio del narcotráfico en la región.
Sin embargo, la medida implementada para reducir los índices de violencia no ha surtido el efecto esperado. Desde el año 2013 a diciembre del 2022 se registraron en Colón 1,946 homicidios, de acuerdo a estadísticas del Sistema de Estadísticas de la Policía Nacional, entre estos campesinos, defensores de derechos humanos, guardias de seguridad y policías.
Diversos sectores, entre ellos empresarios, han emplazado al gobierno para que a más tardar el 28 de agosto el Congreso Nacional derogue la prohibición, de lo contrario, realizarán acciones de protesta cerrando el departamento dijo en entrevista a Radio Progreso, Saúl Alemán, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa, Colón.
Por su parte Yoni Rivas, integrante de la Plataforma Agraria del Aguán, asegura que el campesinado se posiciona en contra de derogar el decreto que prohíbe portar armas, aduciendo que en el marco del conflicto agrario la medida beneficiaría a grupos irregulares.
El año 2022, el departamento de Colón terminó con 224 homicidios, una tasa cercana a los 70 homicidios por cada cien mil habitantes. La experta en seguridad ciudadana, Mirna Flores, califica que mientras el gobierno no ataque los verdaderos problemas que originan la violencia en el departamento de Colón, las medidas implementadas no tendrán los resultados esperados. “Derogar el decreto que prohíbe portar armas no asegura la reducción de la violencia”, puntualizó.
