Siete años han transcurrido desde que cerca de la media noche del 02 de marzo del 2016, en su casa de habitación, en la Esperanza, Intibucá, fue vilmente asesinada la líder indígena lenca, defensora de los bienes comunes Berta Cáceres.

Por su asesinato fueron condenados en noviembre de 2018 siete hombres: Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres, quienes recibieron 34 años por el asesinato de Cáceres y 16 por intento de asesinato de Gustavo Castro quien acompañaba a Berta al momento de su asesinato.

Los otros tres condenados como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez Orellana, funcionarios de Desarrollos Energéticos S. A., DESA y el ex militar Mariano Díaz Chávez, quienes recibieron 30 años de cárcel.

Mientras que, en julio del 2022, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, fue sentenciado a 22 años y medio como autor intelectual del asesinato de Berta.

Sin embargo, pese a las condenas en los juzgados hondureños, el círculo de responsabilidades no termina de cerrarse, dijo en Radio Progreso, el abogado Víctor Fernández quien desde que Berta vivió, la acompañó en la defensa legal de sus luchas.

“Todavía estamos expuestos a que haya una resolución a que haya una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que revierta estas condenas, por lo tanto allí hay una deuda inocultable por parte del Estado y gobierno”, dijo Fernández.

Así mismo, se señala que hay alto grado de impunidad hacia el sistema financiero nacional e internacional, que fue quien financió el proyecto hidroeléctrico Agua Carca, como de igual manera lo siguen haciendo con otros proyectos hidroeléctricos y extractivos, generando violencia e impunidad. Hay preocupación latente dijo Jessica Trinidad, de la red nacional de defensoras.

“Como Red Nacional de Defensoras estamos muy preocupadas por lo que sucede alrededor de la justicia porque, aunque hay actores materiales privados de libertad todavía sabemos que faltan las estructuras que planearon u pagaron por el feminicidio de Berta”, señaló Trinidad.

Pese a que una de las principales luchas de Berta Cáceres fue contra el proyecto  Agua Zarca, mismo por el cual fue asesinada, la licencia del mismo sigue vigente, pudiendo reactivarse el proyecto en cualquier momento, y no hay indicios que este nuevo gobierno revierta concesión, dijo el abogado Fernández.

“En términos de lograr revertir la concesión de las aguas del río Gualcarque a la empresa DESA y a quién tenga la concesión de eso, no tenemos un resultado hasta esta fecha, por tanto, la impunidad campea con puerta ancha en este tema”, señaló Fernández. Hay elementos objetivos y evidencia que conducen hacia los actores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, pero para lograr llegar ante ellos se necesita voluntad política, decisiones administrativas y jurisdiccionales que se deben tomar, pero desde el gobierno se toma distancia para no desmantelar las mafias económicas que atentan contra los defensores y defensoras de los bienes comunes.