Familias de la cooperativa campesina Tranvío amenazadas por un grupo armado.

Un nuevo ataque contra socios de una empresa cooperativa campesina recuerda que la conflictividad agraria en el Valle del Aguán sigue latente y que la tragedia podría desatarse en cualquier momento.

Este 27 de enero, cuando la presidenta Xiomara Castro cumple tres años en el poder, los integrantes de la cooperativa Tranvío denunciaron desde muy temprano la presencia de un grupo armado que llegó a sus tierras, amenazando con disparar si las familias que están incluidas en el acuerdo de negociación con el gobierno de Castro no desalojaban la zona.

Según reportes de periodistas locales, hasta el momento se ha registrado un campesino herido de bala en su brazo y otro desaparecido. Además, hay un ambiente de miedo y zozobra debido a la presencia de este grupo armado que, bajo amenazas, busca desalojar a las familias de estas tierras, que están incluidas en el acuerdo firmado por la actual administración.

Sobre el acuerdo 

En un acto simbólico del 22 de febrero de 2022, los representantes del Gobierno, el Instituto Nacional Agrario y las Secretarías de Seguridad y Derechos Humanos, se unieron a las organizaciones campesinas para firmar lo que se esperaba fuera el comienzo de una nueva era de paz en el Valle del Aguán. Sin embargo, casi tres años después, la triste realidad es que los asesinatos, desalojos violentos y la persistente conflictividad continúan azotando esta próspera región, antaño conocida como la frontera agrícola hondureña. 

Los registros de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán son contundentes, desde la firma del acuerdo, lamentablemente se han reportado decenas de campesinos asesinados, lo que pone en entredicho la efectividad y compromiso del Gobierno de Castro en la resolución de los conflictos agrarios en la zona. 

Comisión tripartita, ¿un paso hacia la resolución de la crisis en el Valle del Aguán? 

En comunicación con Radio Progreso, Jhonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, responsabilizó al grupo criminal “Los Cachos” por la situación de violencia y miedo que enfrentan los campesinos y campesinas en la zona. Este grupo vinculado con la empresa DINANT, que reside en la comunidad Quebrada de Arena, está armado y opera fuera de la ley. Según Rivas, “se han encargado de atacar a las cooperativas Tranvío y Camarones por órdenes de los terratenientes de la zona, particularmente de la empresa DINANT”. Otra cooperativa que corre riesgo de ser desalojada violentamente es El Chile. 

La corporación Dinant (anteriormente conocida como Químicas Dinant) es una empresa hondureña fundada en julio de 1960 por el empresario y terrateniente Miguel Facussé Barjum, con el apoyo de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI). El nombre de la empresa y su fundador están ligados a la mayoría de los conflictos agrarios en el norte, la región atlántica y el sur de Honduras.

En el conflicto reciente, los campesinos han denunciado a la empresa por sus presuntos vínculos con grupos criminales que, armados, están desalojando a las familias que exigen que se respete el acuerdo firmado con las autoridades nacionales.

La cooperativa Tranvío está ubicada en el municipio de Tocoa, Colón, en la carretera hacia Trujillo. Está conformada por aproximadamente 160 familias campesinas que han logrado consolidar su producción a través de proyectos de avicultura y ganadería, combinados con la siembra. Ahora, este grupo armado busca desplazarlos para apoderarse de las tierras, que están incluidas en el acuerdo firmado por la administración de la presidenta Castro, como parte de un esfuerzo por poner fin a la crisis agraria en la zona.

En comunicación con este medio, los campesinos denunciaron a la Policía Nacional, responsable de mantener la tranquilidad y la paz en la región, pero que en la práctica no ha logrado ejercer control sobre la zona.

La tierra en el centro de la disputa

Este nuevo episodio de violencia en la cooperativa Tranvío es el reflejo de la conflictividad agraria en el Valle del Aguán, al norte de Honduras, que ha perdurado por más de tres décadas. La falta de un Estado efectivo y la concentración de decisiones arbitrarias en manos de grupos que suplantan al poder público, sumada a la ausencia de políticas agrarias inclusivas, ha alimentado esta situación. Según la Plataforma Agraria, más de 200 campesinos han sido asesinados en la última década, en un contexto de impunidad.

Ismael Moreno, sacerdote jesuita y analista político, señaló que los grandes ganadores en el conflicto del Aguán han sido, históricamente, el Estado, los militares y los grupos irregulares: narcotraficantes, ganaderos, empresarios del sector palmero y otros sectores poderosos.

«Recuerdo que siempre se decía en la zona que ser ganadero es sinónimo de ser ganador, porque quien tiene la tierra tiene el control del poder» —afirma Moreno, subrayando cómo la propiedad de la tierra ha sido históricamente un símbolo de poder absoluto.

Sin embargo, quienes sufren las consecuencias más graves de esta situación son las mujeres, que a menudo quedan atrapadas en el cruce de las violencias generadas por este conflicto. 

Según Moreno, en los territorios del Aguán, donde la justicia y el control del Estado brillan por su ausencia, las mujeres son víctimas directas de una violencia estructural y patriarcal, que se entrelaza con la crisis agraria.

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