Persisten en Honduras voces de sectores que califican la intención de reglamentar la extradición como una jugada para entorpecer el proceso con el cual se ha extraditado al menos 36 hondureños.
Honduras hizo una reforma a la Constitución en 2012 para permitir la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
Entre los extraditados resaltan un ex presidente, Juan Orlando Hernández, un ex jefe policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, un ex alcalde, Arnaldo Urbina, y varios ex políticos y diputados, entre ellos Fredy Nájera.
Para agotar los procesos de extradición, la Corte Suprema de Justicia creó un auto acordado ante la ausencia de una ley. El abogado German Licona, experto en seguridad, sostiene que hay intereses de sectores vinculados al crimen de poner trabas a las extradiciones.
“Vemos que hay preocupación de los políticos o de las personas que se siente tocadas porque Estados Unidos ya está solicitando en extradición no solamente a los que cometen el delito de narcotráfico transnacional sino también a los de trata de personas”, dijo Licona.
Se estima que hay pendientes más de 25 órdenes de extradición en su mayoría pedidos por Estado Unidos. Para el abogado constitucionalista Oliver Erazo, no debe ser la Corte Suprema de Justicia quien debe reglamentar la extradición sino al revés, debe ser el Congreso Nacional y luego remitir dicho reglamento al poder judicial.
“Lo correcto sería que el Poder Judicial le diga al Congreso Nacional que proceda a hacer la ley o reglamento de la extradición, una vez lo tenga hecho el Poder Legislativo lo remita al Poder Judicial para que de su dictamen al respecto si es o no constitucional para que luego se proceda a aprobarse”, explicó Erazo.
Por lo pronto desde el Congreso Nacional se abstienen de asegurar si tienen o no intenciones de cambiar las reglas del juego relacionadas con las extradiciones.
