Honduras, un país normalizado

No deja de ser curioso la coincidencia entre la visión de país que tiene el actual gobierno con lo que dice la prensa internacional.  Recientemente un diario español, el ABC internacional y que fue reproducido por algunos medios nacionales, se expresaba en estos términos: Honduras, normalizada tras las denuncias de fraude electoral:  “A pesar de que muchos en Honduras, incluso partidarios del reelegido Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional, creen que efectivamente este se impuso por medio del fraude, la cuestión es que ciudadanos y políticos han acabado aceptando el resultado electoral, como ha ocurrido con la propia Organización de Estados Americanos (OEA), que en su día intentó esclarecer lo ocurrido”.

Por el contrario, recientemente nos ha visitado por tres días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, aparte de las 25 recomendaciones que nos ha dado, nos presenta otra visión de país. En conformidad con esto, vamos a entresacar lo que nos dice de nuestra querida Honduras.

1.- Hay un problema estructural en materia de justicia, seguridad, desigualdad y discriminación, que h afectado durante décadas la situación de los derechos humanos de sus habitantes.  A partir del golpe de Estado del 2009 se produjeron graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la población hondureña y cuyas repercusiones persisten.

2.- Honduras necesita un proceso de institucionalización democrática que garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el estado de Derecho.

3.- Históricamente Honduras ha vivido una situación de impunidad y violencia por lo que el Estado debe garantizar los derechos de la población para que recupere la confianza en las instituciones estatales.

4.- La situación de impunidad estructural y de corrupción han erosionado la confianza en las instituciones públicas.

5.- Hay una desigualdad y falta de desarrollo para algunas poblaciones que está enraizado en un sistema que favorece a una élite minoritaria, la cual tiene relaciones con altas esferas de poder político y privado.  Se da, pues, una situación de desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad.

6.- Después del conflicto postelectoral hay un clima político polarizado.  La percepción pública fue de falta de legitimidad de las elecciones.  Se dieron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza.

7.- En la represión también actuaron las FF. AA. en contradicción con los estándares interamericanos en la materia. La respuesta estatal tuvo como consecuencia que, al menos, 22 personas fueron asesinadas, cientos de personas fueron heridas, incluidos agentes de seguridad; y más de mil personas fueron detenidas.

8.- Recibieron malos tratos y privación de la libertad.  Asimismo, denuncias de allanamientos ilegales de vivienda por parte de las fuerzas de seguridad.  No está de acuerdo con el uso de la fuerza ya que es el último recurso para impedir un hecho de mayor gravedad. La crítica al gobierno es porque el uso de la fuerza deber ser caracterizado por la excepcionalidad y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

9.- A más de ocho meses no se ha identificado a los responsables, no se les ha juzgado ni sancionado.

10.- Con estos hechos que nos describe la CIDH a fin de superar la crisis política ocasionada por las denuncias de fraude electoral y la violencia el diálogo político debe buscar una salida democrática, incluyente y participativa.

11.- El Estado ha hecho un uso excesivo y abusivo de la fuerza para dispersar manifestaciones.  El Estado privilegia la represión frente el diálogo.

12.- Es un Estado que contradice los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos porque se reprimen las protestas estudiantiles, las manifestaciones de índole políticas, las reivindicaciones de la tierra y los actos de protesta en contra de proyectos de desarrollo; sus participantes son objeto de estigmatización, se hacen detenciones y procesos penales.

En consecuencia y, con esta visión que nos proporciona la CIDH, no podemos aceptar que “Honduras sea un país normalizado”, sino más bien un país que necesita tratarse con justicia y que, sí, necesita un diálogo nacional que tome como punto de partida esta realidad para que haya democracia y cambio social.