Todos contra uno

Con esta frase escueta podemos sintetizar la asi llamada “final de la crisis del trasporte” que acabamos de vivir y que continuará por mucho tiempo. Por encima de todo el gobierno tiene siempre como objetivo “normalizar” la situación del país: volver a la rutina y que los “sobresaltos” sociales no afecten para nada el modelo económico basado en la inversión y que las hegemonías políticas nacionalistas no sufran perturbaciones de ningún tipo.

Irónicamente denominamos a esta crisis como la del “todos contra uno”.  Porque los ganadores han sido los grupos de poder quienes una vez más han salido victoriosos y los sectores populares con sus pretensiones de vivir con dignidad y justicia han sido derrotados.

El gremio “corporativo del transporte” ha sido puesto al desnudo porque la demagogia y retórica de luchar por el pueblo y no por intereses particulares terminó trasparentado lo que es: un oligopolio formado por tres familias que terminan convirtiéndose en las “dinastías del trasporte”.  Y al igual que sucede en todos los ámbitos de nuestra sociedad trasparenta una sociedad terriblemente piramidal, vertical y jerarquizada.  Es la razón por la cual se entienden, dialogan y ponen de acuerdo con las cúpulas económicas, comerciales, políticas y mediáticas.

El “empresariado” presionando y publicitando mediáticamente acerca de las pérdidas millonarias que sufría el país e “invocaba una compasión social” para que los trabajadores pudieran acudir a los puestos de trabajo y no perdieran el salario con el que cubrir las necesidades básicas de sus hogares.  Sus propuestas las hacen después de haber conseguido la reducción del 1.5% al ISR que les garantiza que las ganancias estén aseguradas y bajo las reglas de la “economía de mercado” favorables a sus negocios e inversiones.

Por otra parte, este mismo empresariado tenía una urgencia grande proveniente del “feriado guanaco” mediante el cual miles de salvadoreños, cincuenta mil según estimaciones, viene a vacacionar y dejar buenas ganancias al mundo del consumo, del turismo y comercio.  Esa era la prisa y presión para que se destrabara un conflicto social que les perjudicaba directamente.   Es otro “gremio corporativo” que manejado los hilos del poder y la economía se impone a la sociedad sin tener en cuenta a los sectores populares y mayoritarios del país.

 El poder mediático, siempre minoritario y en maridaje con los grupos de poder, inclinaban la balanza hacia los grandes y poderosos maximizando el caos, la inseguridad, la manipulación por las maras en las marchas y manifestaciones y romper la armonía social conquistada después de la crisis electoral.  También fueron cómplices en “legitimar y desvirtuar” el Caso de Pandora pues asumieron e hicieron suya la estrategia del gobierno para neutralizar la corrupción de todo tipo de líderes, gobiernos, partidos y colores que saquean impunemente los fondos estatales para utilizarlos en las campañas políticas.

El gobierno quedó en entredicho y no logró desvirtuar la arbitrariedad con la que utiliza el presupuesto fiscal para la campaña política y permanente de su propio partido.  La justificación dada al uso de los 13,470 millones de lempiras, provenientes del impuesto al combustible, era decir que se utilizaba para proyectos sociales cuando, en sus mismas palabras, se destinaban para el “asistencialismo gubernamental” con el que capta los votos en los procesos electorales. Esos fondos junto a los miles de millones de lempiras que suponen las exoneraciones fiscales sí harían posible una “estructura tributaria a favor de la igualdad y de la reducción de la pobreza” como está proponiendo en el “nuevo pacto fiscal”.

No deja de ser un “fariseismo político” invocar el Compromiso de Lima en la recién pasada Cumbre de las Américas cuando en el Caso Pandora encubre la corrupción e impunidad de políticos y funcionarios públicos y exonerándolos de culpabilidad.  Es decir, corrobora un estado de corrupción e impunidad donde los sectores mayoritarios son víctimas de un sistema político injusto y elitista.