Sábado, 05 Mayo 2018

Un fiscal a la medida

Las esperanzas de lograr un fiscal general a la altura de las necesidades de todo el país se están desvaneciendo porque el proceso para la elección nació torcido, sigue torcido y está a un hervor para que pueda cocinarse.

El camino fue pavimentado desde un inicio. Todos los cabos están atados. No hay nada suelto ni a la suerte de Dios. Responde a un plan muy bien elaborado y ganado en base a las experiencias de las otras elecciones pasadas.

Pero lo que ahora se está viviendo es consecuencia de lo que históricamente ha pasado con una institución como el Ministerio Público. Su función se enmarca dentro de un Estado de Derecho democrático y es la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación.

Honduras hace varios años dejó de ser un Estado de Derechos democrático y en ese desgaste se fue incluyendo al Ministerio Público. Uno de esos grandes daños que sufrió, en sus 24 años de existencia, ha sido la captura por parte de los políticos. La politización partidaria comenzó cuando los políticos vieron que el Ministerio Público representaba una amenaza para sus intereses y negocios pandos que están acostumbrados hacer con el Estado.

Y en este nuevo proceso de elección, todo parece indicar que el camino más acertado, para las elites políticas y corruptas del país, será la reelección del actual Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla. Pero si ese camino falla, está “el plan de B” que sería la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Cecilia Morales, o en su defecto Doris Imelda Madrid, ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Otra opción podrá ser el actual Procurador de la República Abrahán Alvarenga. Todos nacionalistas y obedientes a ciegas de sus patrones.

No hay ni habrá alguna sorpresa. Y en el escenario de la elección, que será en el Congreso Nacional, con mucha facilidad se podrán comprar voluntades o en su defecto, si no consiguen los votos necesarios, Oscar Fernando Chinchilla seguirá en su cargo en una reelección automática porque así ha sido establecido por las élites corruptas del país.

Con la confección de un Fiscal General y Adjunto a la medida de los intereses oscuros de quienes gobiernan el país, a Honduras le esperan cinco años más de lo mismo. El secuestro del Ministerio Público continuará, y el peligro latente es que el Congreso Nacional pueda aprobar de un plumazo que el periodo del Fiscal General y Adjunto pueda pasar de cinco a siete años.

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