Nuestra palabra
Viernes, 14 Septiembre 2018

Una misma mirada de dos «Juanes»

Como para celebrar las publicitadas fiestas patrias y remarcar el concepto de soberanía que tienen en la institucionalidad gubernamental y sectores afines, este mes de septiembre nos hemos encontrado con una campaña mediática, gubernamental y empresarial, bastante agresiva para deslegitimar y estigmatizar a las comunidades en resistencia que han estado en defensa de sus bienes y recursos naturales. Poniendo en riesgo a los líderes y lideresas comunitarios y los propios actos soberanos que las comunidades emprenden.

Los medios de comunicación están jugando un doble papel frente a la temática ambiental, por un lado, están siendo un factor desestabilizador de las luchas comunitarias, al utilizar calificativos de vándalos, enemigos del desarrollo, y por otro lado, están sirviendo para hegemonizar la visión extractivista del gobierno y empresariado hondureño.

La primera acción fue meter en el saco de la secretividad, a través del Acuerdo Ministerial número 1402-2018 que ya fue publicado en agosto de los corrientes y publicado en La Gaceta, todos los temas que tienen que ver con otorgamiento de licencias ambientales, la ubicación de los proyectos bajo el argumento de proteger el derecho de propiedad intelectual, además busca simplificar en tiempos que asustan, el otorgamiento de licencias, esto como allanando el camino para la posible apertura sin control de otorgamiento de permisos de exploración y explotación. Ante este hecho, los medios de comunicación guardaron silencio.

El día nueve de septiembre, en el programa 30/30 de Televicentro, se abordó la problemática, acusando a las comunidades que obstaculizan el desarrollo de las zonas concesionadas, el siguiente día el turno fue para el programa televisivo radial La Tarde de HRN y TVC, días posteriores los diarios La Tribuna, El Heraldo y La Prensa, sacaban titulares como: “Grupos irregulares boicotean desarrollo del país” o “Atrapados por encapuchados”. Después tocó el turno a Hugo Maldonado del CODEH, al calificar de “chabacanes” a quienes están en protestas en esas comunidades. Y luego para cerrar ese primer ciclo, lo hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, al afirmar que “tienen que apresar a estos grupos irregulares que son muy reducidos”.

Lo que don Juan Carlos Sikaffy, don Juan Orlando Hernández y los medios de comunicación afines al régimen dictatorial del partido Nacional no dicen, es que en el último sondeo de opinión pública, realizado por el ERIC, la población hondureña en un 72.1 por ciento está en contra de la instalación de proyectos mineros, 97.7 por ciento está en contra de la explotación de bosques, que el 94.3 por ciento está en contra de la privatización del agua, un 47.2 por ciento está en contra de proyectos hídricos y un 77.7 por ciento se opone al cobro de peajes. También se les olvida que tanto el gobierno y el empresariado son las instituciones que gozan de los mayores niveles de desconfianza y descrédito de parte de la población hondureña.

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